El Gobierno valenciano pide a Sánchez 115 policías autonómicos y avisa que su demora restará servicios

El Ejecutivo valenciano ha reclamado al presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, la urgente necesidad de contar con otros 115 efectivos adscritos a la Policía autonómica para alcanzar las 500 plazas acordadas en su día con Interior frente a las 385 actuales.

En su reivindicación, el Gobierno valenciano ha advertido ya a Pedro Sánchez que la situación de carencia de efectivos puede empeorar y las vacantes elevarse hasta las 125, porque la plantilla está envejecida y muchos de sus miembros están en edad de jubilación. Y le ha avisado, además, de que si esa situación se produce no podrá garantizar servicios más allá de los estáticos, como los que se prestan en el Palacio de la Generalitat o las Cortes Valencianas.

Más de 80 efectivos menos en 11 años

En cifras absolutas, la Policía Nacional adscrita a la Generalitat Valenciana ha mermado desde los 476 efectivos con que contaba en 2013 a los 385 ahora. Esta cifra significa que se ha reducido en 81 agentes en 11 años. A una media de 7,36 efectivos en cada uno de esos años.

Esta circunstancia se añade a otras cuestiones pendientes de las resoluciones de Interior, como son el incremento necesario de agentes de Policía Nacional y Guardia Civil, con catálogos de personal desfasados frente al aumento de la población y la llegada de inmigrantes.

Y se agrega también a la situación que presentan algunos cuarteles del Instituto de Armado en Castellón, donde la Diputación que dirige Marta Barrachina ha tenido que asumir una inversión de 220.000 euros para repararlos y actualizar al menos cuatro de ellos. Alguno carecía hasta de los vestuarios adecuados.

La distribución de los 115 efectivos que ahora necesita la Generalitat Valenciana es la siguiente: 103 policías nacionales, 10 oficiales y dos jefes de grupo-subinspectores. La situación es crítica. Y de ella está informado, al menos desde hace casi una semana, Pedro Sánchez. Porque el Gobierno valenciano le ha dado cuenta a través del documento que le envió Carlos Mazón con anterioridad al encuentro de este viernes en Moncloa entre ambos.

Esos 500 agentes de la Policía Nacional que el Ejecutivo valenciano menciona en su reclamación son los que en su día el Gobierno de España acordó con la propia Generalitat a través de un convenio. Ese convenio está caducado desde septiembre de 2022, aún bajo el Gobierno de Ximo Puig.

Las unidades de Policía Nacional adscritas a la Policía Autonómica valenciana se encuentran actualmente distribuidas en cuatro comisarías: las de Alicante, Castellón, Elche y Valencia. Tres de esa cuatro ciudades, todas menos Elche, son capitales provinciales. Pero Elche es la tercera ciudad de la Comunidad Valenciana, sólo precedida en número de habitantes por Valencia y Alicante. Esta situación no es exclusiva de la Comunidad Valenciana. Otras autonomías, todas gobernadas por el PP, se hallan en la misma situación.

Según consta en el documento trasladado a Pedro Sánchez, el Ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande Marlaska, indicó que considera «imprescindible garantizar la efectiva asunción por estas comunidades autónomas de las obligaciones de coadyuvar a la financiación de las respectivas unidades adscritas mediante la cobertura de una cantidad anual equivalente al 50% del mantenimiento». Es decir, que Gobierno y Comunidad se repartan el coste de ese mantenimiento.

La Generalitat Valenciana entiende que el coste de rubricar ese nuevo convenio ascendería a 12 millones de euros a pagar desde 2026, porque el nuevo convenio no estaría firmado antes de abril de 2025 y el concurso de méritos posterior no estaría resuelto hasta septiembre de ese año, por lo que en ese 2025 le correspondería pagar la tercera parte del convenio de ese año: cuatro millones de euros.

Según ha publicado OKDIARIO este mes de mayo, la Comunidad Valenciana había alcanzado en los tres primeros meses de este 2024 las 58.141 infracciones penales. Una cifra que supera en 1.590 los delitos del mismo periodo del año 2023, cuando fueron 56.551. En cifras porcentuales, el aumento es de un 2,8%. Todo ello, según los datos aportados por el informe de criminalidad del primer trimestre del propio Ministerio del Interior.

Ya entonces, la Generalitat Valenciana y los sindicatos policiales venían reclamado al Gobierno del socialista Pedro Sánchez un aumento de efectivos. Pero no se ha producido.