INSEGURIDAD CIUDADANA

La Policía adscrita a la Generalitat Valenciana merma con Sánchez: de 476 en 2013 a 395 en 2024

Actualmente, hay 81 policías adscritos a la Generalitat menos que en 2013 y el déficit de agentes supera los 200

Sánchez Policía Comunidad Valenciana
Fernando Grande Marlaska felicitando con entusiasmo a Pedro Sánchez por su investidura en una imagen de archivo. (Foto: Efe)
Ignacio Martínez

La Policía adscrita a la Generalitat Valenciana ha mermado en los últimos años y, sobre todo, con los Gobiernos del socialista Pedro Sánchez. En concreto, ha perdido la friolera de 81 efectivos en 11 años: desde el año 2013 hasta 2024. De los 476 efectivos con que contaba en 2013 sólo quedan 395 agentes. Es decir, un 17% menos. El incremento de la población, la inmigración ilegal y la delincuencia hacen necesario un número de 600 agentes a la Policía Adscrita: 205  más de los que actualmente hay. Todo ello, según han confirmado a OKDIARIO fuentes de la Generalitat Valenciana.

La delincuencia en la Comunidad Valenciana supera en 1,9 puntos porcentuales la media estatal y es un 2,8% mayor que en el mismo periodo de 2023.  El Gobierno de Pedro Sánchez no ha paliado esta situación a pesar de que lleva gobernando desde 2018. Ni Sánchez ni su ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, han atendido, tampoco, las continuas reivindicaciones de la Generalitat Valenciana desde que el popular Carlos Mazón es presidente. Mazón lleva tiempo insistiendo en la necesidad de que se incorporen más agentes y más medios ante el cariz que podían tomar los acontecimientos.

La situación es ya crítica. Porque lo que la Comunidad Valenciana necesita ahora, según fuentes de la propia Generalitat, no son los 476 efectivos de 2013. Son muchos más. Decenas más. Son 600. Por tanto, el déficit es de 205 policías. La mitad de los que actualmente hay.

Los catálogos de puestos de trabajo de la Policía Nacional y la Guardia Civil no se renuevan desde los años 2008 y 2010, según han denunciado los sindicatos de ambos cuerpos. Los censos de población sobre los que se fundamentan esos catálogos no reflejan los habitantes reales que hay en cada municipio, por la gran cantidad de población flotante. Y el ascenso de la inmigración irregular genera serias preocupaciones en los agentes.

Por si faltaba algo, se da la circunstancia de que el convenio marco entre la Generalitat Valenciana y el Ministerio del Interior venció en 2022 y, según ha denunciado en las Cortes Valencianas la actual consejera de Seguridad y Emergencias, Elisa Núñez, el Gobierno de Ximo Puig no había hecho «nada» por renovarlo. Con lo cual, la Comunidad Valenciana ha pasado dos años, de entonces a ahora, sin posibilidad no ya de alcanzar esos ideales 600 agentes sino, ni siquiera, de ir recuperando efectivos en su policía autonómica.

Déficit de medios

La desesperación con el Gobierno de España por la falta de efectivos policiales no se circunscribe a la Comunidad Valenciana. Y es tal que en diciembre de 2023, cuatro comunidades autónomas, la Valenciana, Galicia, Aragón y Andalucía, solicitaron a Marlaska una reunión urgente para tratar, precisamente, la necesidad de incorporar nuevos efectivos a las unidades de esas policías adscritas.

Los consejeros de estas cuatro comunidades entendían ya entonces que era una «urgente necesidad» que las unidades policiales autonómicas contaran con una dotación «suficiente» de efectivos. Y advertían que esa falta de policías podía tener un «impacto negativo» en los servicios que esas unidades prestaban ya entonces a los valencianos, gallegos, aragoneses y andaluces.

Advertían, además, que la falta de presencia policial podía desembocar en un «aumento» de la delincuencia en las calles. Y aquellas advertencias se han convertido en realidad en dos de esas comunidades. En Aragón, la criminalidad ha aumentado en 6,6 puntos. Y, en la Comunidad Valenciana, ha empeorado un 2,8%.

Este lunes, ya con ese balance de criminalidad en la mano, la consejera Elisa Núñez ha manifestado que los datos del balance de criminalidad «ponen de manifiesto la grave situación actual de inseguridad», que desde su Consejería se viene denunciando desde el inicio de la legislatura, desde julio de 2023.

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