El Consell descubre más residentes en las VPP del escándalo que «no casan» con los adjudicatarios

La Consellería de Vivienda de la Generalitat Valenciana ha remitido a la titular de la Plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante, Amparo Rubio, nueva documentación tras descubrir la existencia de más residentes en las viviendas de protección pública de Residencial Les Naus, las conocidas como las VPP del escándalo, que «no casan» con los adjudicatarios iniciales. Así, lo ha deslizado este lunes la vicepresidenta primera del Gobierno valenciano y titular de Vivienda, Susana Camarero.

El caso del escándalo de las VPP de Alicante es en el que se investigan las adjudicaciones de viviendas protegidas, entre otros, a la hasta ahora concejal de Urbanismo de Alicante, Rocío Gómez, y a los dos hijos y un sobrino de la, también hasta ahora, directora general de Régimen Interno del Consistorio antes citado, María Pérez-Hickman. Tanto Rocío Gómez como María Pérez-Hickman han dimitido de sus responsabilidades tras saltar el citado caso a la luz pública.

Las denuncias, inicialmente remitidas ante la Fiscalía tanto por la Consellería, como por el Ayuntamiento de Alicante y el Grupo Socialista en ese mismo Consistorio, han pasado a ser objeto de la investigación del juzgado antes citado a raíz de una denuncia del sindicato de funcionarios públicos Manos Limpias, que dirige Miguel Bernad.

Según ha explicado Susana Camarero, la Consellería ha remitido al juzgado este viernes una nueva información, al casar los visados de las personas que les habían solicitado visados con las que según los datos aportados por el Ayuntamiento se habían empadronado. «Esa información está a disposición ya de la justicia. Para que investiguen por qué hay otras personas» en las citadas viviendas. Y, también, «para que pidan la información que necesitan para saber si, efectivamente, las viviendas están siendo ocupadas por personas que han pedido el visado, que han comprado esas viviendas como esta establecido en la ley», ha explicado Susana Camarero.

La vicepresidenta primera del Gobierno valenciano ha revelado también que las dos primeras personas que han manifestado su intención de renunciar a las mencionadas viviendas «no han presentado el derecho de tanteo». Es decir, «no han presentado la documentación de la venta, que nos podrían permitir el derecho de tanteo».

Además, Susana Camarero ha advertido que aquellas personas que quieran renunciar, lo tendrán que hacer, en el caso de la Consellería, por los cauces reglamentarios. La vicepresidenta del Gobierno valenciano ha dejado constancia de que el Ejecutivo autonómico va a estar especialmente atento a cualquier movimiento que se produzca en torno a esas viviendas: «No vamos a permitir que se especule con las VPP».