Torra y Puigdemont braman contra el Supremo por tumbar los permisos carcelarios de Forcadell

Quim Torra, presidente de la Generalitat de Cataluña, y Carles Puigdemont, su antecesor fugado en Bélgica, han cargado contra el Tribunal Supremo por tumbar los permisos carcelarios que el Govern concedió a la golpista Carme Forcadell. A la ex presidenta del Parlament de Cataluña se le aplicaron los beneficios penitenciarios del artículo 100.2, pero este jueves el Supremo se los ha revocado sin esperar a que le lleguen los recursos presentados contra la concesión del tercer grado a los condenados por el 1-O.

«Que en España ningún independentista puede encontrar justicia, ya lo sabíamos. Que España no reconocerá el derecho a la autodeterminación de los catalanes, también. ¿Y entonces? Entonces todo depende del salto colectivo conjunto de todo el independentismo (instituciones + sociedad civil)», ha afirmado Quim Torra en un mensaje colgado en su perfil de Twitter.

Que a l’Estat espanyol cap independentista pot trobar-hi justícia, ja ho sabíem. Que Espanya no reconeixerà el dret a l’autodeterminació dels catalans, també. I aleshores? Aleshores tot depèn del salt col·lectiu conjunt de tot l’independentisme (institucions + societat civil) https://t.co/XKdN9Mtmeo

— Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) July 23, 2020

El ex presidente de la Generalitat fugado en Bélgica ha ido más allá y ha calificado a la decisión del Supremo de «vergüenza absoluta». «Una vergüenza absoluta, una injusticia sobre otra injusticia, que compromete aún más la actitud española con el estado de derecho. Todo mi apoyo a la presidenta Carme Forcadell y a su familia», ha señalado Carles Puigdemont en las redes sociales.

Una vergonya absoluta, una injustícia sobre una altra injustícia, que compromet encara més l’actitud espanyola amb l’estat de dret. Tot el meu suport a la presidenta @ForcadellCarme i a la seva família. https://t.co/nJy4qnaoDX

— Carles Puigdemont (@KRLS) July 23, 2020

La propia Carme Forcadell también ha arremetido contra esta resolución judicial al asegurar que es una «venganza». «La competencia sobre el 100.2 es de la Audiencia provincial, pero el Supremo lo asume para poder revocarme. No me sorprende, de este Tribunal no espero justicia, sé que es venganza», ha asegurado la ex presidenta del Parlament de Cataluña condenada por el 1-O.

La competència sobre el 100.2 és de l’ Audiència provincial, però el Suprem l’assumeix per poder revocar-me’l. No em sorprèn, d’aquest Tribunal no espero justícia, sé que és venjança.

— Carme Forcadell (@ForcadellCarme) July 23, 2020

Otro dirigente separatista que se ha sumado a estos ataques contra el Tribunal Supremo ha sido Roger Torrent, sucesor de Forcadell al frente de la cámara catalana. «La persecución y la venganza no se detienen ni después de la sentencia. ¡Todo el apoyo, presidenta Carme Forcadell!», ha enfatizado en un tuit.

La persecució i la venjança no s’aturen ni després de la sentència. Tot el suport, presidenta @ForcadellCarme! https://t.co/P4aay1srSi

— Roger Torrent 🎗 (@rogertorrent) July 23, 2020

La decisión del Supremo

La sala del Tribunal Supremo que juzgó la causa del ‘procés’ ha estimado el recurso de la Fiscalía y ha revocado el auto por el que el pasado 28 de abril el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 3 de Lérida aprobó la aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario que dejaba en semilibertad a la ex presidenta del Parlament de Cataluña Carme Forcadell.

La Sala Segunda del TS deniega en un auto la aplicación a Carme Forcadell de dicho régimen flexible, propuesto en febrero por la Junta de Tratamiento de la prisión de Mas d’Enric (Tarragona), al no existir ninguna conexión entre el programa de tratamiento aprobado, consistente en tareas de voluntariado y acompañamiento a familiar fuera de la cárcel, y el proceso de reinserción de la penada relacionado con el delito cometido, el de sedición.

Esto, dice el tribunal, hace «injustificable» ese régimen de semilibertad «de facto» del que disfrutaría antes de haber cumplido ni una cuarta parte de la condena (11 años y medio de cárcel).

El auto de la Sala, del que ha sido ponente Manuel Marchena, zanja así la controversia acerca del órgano competente para conocer de los recursos de apelación contra las decisiones de la administración penitenciaria que impliquen la aplicación del régimen previsto en el artículo 100.2 del Régimen Penitenciario.