El Govern trata de esquivar la suspensión del TSJC con un nuevo decreto

El Govern de la Generalitat no moverá ficha hasta este jueves respecto a la fecha para la celebración de las próximas elecciones catalanas. Ese día, a las 10, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha citado el Ejecutivo catalán y a la Fiscalía para escuchar sus posiciones respecto a la suspensión o no de los comicios previstos, de forma cautelar, para el 14 de febrero.

Este martes, tras conocer la admisión de los recursos interpuestos contra la decisión de aplazar las elecciones, el Govern reactivó todos los mecanismos para tener a punto las elecciones en caso de acabarse celebrando en febrero. Eso obligó a la consejería de Exteriores, Transparencia y Relaciones Institucionales a volver a contratar todos los servicios, como la impresión de papeletas, adecuación de espacios o propaganda electoral.

De esta forma la Generalitat cumplía con la resolución judicial, que obligaba al Govern como organizador de las elecciones a reiniciar dichos procesos para poder garantizar la celebración, en caso de que no sean aplazados, aunque a disgusto y con un as en la manga. Ese as, según ha podido saber OKDIARIO, es la firma de un nuevo decreto que permita sortear la suspensión del TSJC.

El documento firmado por Pere Aragonès, con el que suspendía de facto las elecciones, dejaba sin efecto la convocatoria del 14 de febrero y emplazaba a un nuevo decreto, con fecha del 6 de abril, para convocar los comicios del 30 de mayo. Eso es porque la ley electoral exige que dicha convocatoria se realice con 54 días de antelación. En este sentido, pues, lo que realmente hizo el Govern no fue un aplazamiento, si no una suspensión.

Ahora los servicios jurídicos de la Generalitat analizan si en lugar de esa suspensión y una posterior convocatoria a principios de abril, vía decreto, se pueden aplazar los comicios del 14 de febrero directamente para el 30 de mayo. En base a garantizar la salud pública de los ciudadanos, pues, el Govern tomaría una decisión que sería difícil de recurrir jurídicamente, más teniendo el mando único del estado de alarma.

La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de suspender las elecciones de forma cautelar, provocó ayer un nuevo episodio de tensiones entre los dos partidos que dan apoyo al gobierno catalán. El vicepresidente del Parlament, Josep Costa, se preguntó si «no tenía que haber dimisiones» por la forma en la que se gestionó la suspensión del 14-F. Costa, de JXCat, apuntaba directamente contra tres dirigentes de ERC: el vicepresident Pere Aragonès y los consejeros Bernat Solé y Alba Vergés.

El PSC a favor de la decisión judicial

El PSC, que finalmente decidió no recurrir directamente la decisión de la Generalitat consensuada con todos los partidos, aunque mandó a hacerlo a varias organizaciones cercanas al partido que lidera Miquel Iceta, se muestra satisfecho con la suspensión del aplazamiento electoral. Iceta recordaba este martes que «nosotros ya avisamos de las dudas jurídicas que planteaba» la decisión del Govern.

Los socialistas quieren que los comicios se celebren cuanto antes para aprovechar el efecto que, según ellos, tendrá la candidatura del ministro de Sanidad, Salvador Illa. El presidenciable del PSC sigue compaginando ambos cargos hasta el arranque de la campaña electoral, que se desconoce todavía si será la semana que viene o a mediados de mayo. Su intención es permanecer en el Ministerio de Sanidad sean las elecciones en febrero o de aquí a cinco meses.

Sorteo de las mesas

Este miércoles, de forma urgente, varios ayuntamientos catalanes se han visto obligados a convocar plenos extraordinarios para elegir los miembros de las mesas electorales. La ley había fijado el día de hoy como fecha límite para realizar el sorteo de los ciudadanos que deberán ocupar un puesto en los distintos puntos de votación, si finalmente las elecciones se celebran el 14 de febrero.

De esta forma, y tras el revés judicial del pasado martes, los consistorios han tenido que convocar sesiones plenarias de urgencia para realizar el sorteo y comunicar, a la Junta Electoral Central y a las personas agraciadas, quienes serán los vecinos que deberán cumplir con la obligación de permanecer todo el día en una mesa electoral.

El cumplimiento o no con acudir a la mesa asignada, en caso de haber sido elegido en el sorteo, es un debate abierto entre varios abogados consultados por este periódico. Aunque la ley establece que todo ciudadano al que le haya tocado formar parte de un proceso electoral debe acudir, bajo amenaza de prisión o multa, en una situación extraordinaria como la actual de pandemia, apuntan, debe prevalecer el derecho a la salud.