El Govern al borde de la ruptura: la gestión de la pandemia enfrenta JXCat y ERC

Sólo una cosa podría trastocar los planes de Quim Torra de disolver el Parlament a lo largo del mes de agosto para celebrar elecciones en octubre: el coronavirus. Los rebrotes que se registran en Cataluña, concentrados sobre todo en Barcelona y Lérida, y que suman miles de casos diarios, amenazan la voluntad del presidente catalán de celebrar elecciones anticipadas y salir del tablero político. Precisamente la pandemia ha abierto una nueva grieta, tal vez la más profunda, en el seno de su Ejecutivo.

La demostración de esas diferencias se ha ejemplificado en las últimas horas. Este domingo por la noche, el equipo de Torra convocó una rueda de prensa del president para el lunes, junto al número dos de la consejería de Salud para hablar de la pandemia. La titular del ramo quedaba excluida. Entre sus socios de coalición, reinó la sorpresa y estupefacción al no saber ni el motivo de la convocatoria ni lo que iba a decir. «Va por libre» y «ha enloquecido» sostenían fuentes de los republicanos. Este lunes, ya, con un poco más de detalles de lo que iba a contar, las críticas aumentaban afirmando que «pretende ir de estadista y ni los suyos le paran».

El reparto de las competencias entre los dos partidos que forman el Govern, Junts per Catalunya y ERC, ha obligado a consensuar la gran mayoría de las decisiones que se tenían que tomar con respecto a los rebrotes. Y ahí se están produciendo la mayoría de tiranteces. La consejería de Sanidad, en manos de ERC como la de Economía y Hacienda, es más reacia a tomar decisiones contundentes como propugnan Torra y los consejeros de Presidencia e Interior, de su mismo partido.

Diferencias

En Lérida, donde se detectaron los primeros rebrotes, todos acusaron a la Generalitat de llegar tarde. Fue culpa de las diferencias internas sobre cómo actuar. Mientras Torra y sus consejeros eran partidarios de un confinamiento, como se acabó decretando pese al rechazo de la juez de guardia, los de Esquerra Republicana apostaban por otro tipo de medidas menos restrictivas. La falta de acuerdo en unas horas claves para frenar los contagios, cosa que no ha ocurrido, ha provocado el caos en la comarca del Segrià.

También en Barcelona la alcaldesa Ada Colau acusó al Govern de haber llegado tarde en la ciudad condal. Y la discusión, a través de las redes sociales, la tuvo con la consejera de Sanidad. Como en Lérida, en la capital de la región, ERC ha optado por decisiones menos drásticas a la espera de la evolución de la pandemia. Los republicanos dirigen la mayoría de las áreas económicas del Ejecutivo y son conscientes de que un nuevo paro a modo de confinamiento, en un territorio que vive mayoritariamente de la Industria y del Turismo, puede suponer un fuerte mazazo para la economía catalana.

El contacto con Illa, en manos de ERC

El contacto entre la Generalitat y el Ministerio de Sanidad, desde que se levantó el estado de alarma, es constante. Hay días en los que el ministro, Salvador Illa, despacha dos y tres veces con los representantes del Govern para analizar la situación de la pandemia en Cataluña. El contacto del Gobierno con la Generalitat, por eso, es básicamente a través de Esquerra Republicana. Illa habla de forma permanente con la consejera y el vicepresidente Pere Aragonès lo hace con Carmen Calvo y María Jesús Montero.

La decisión de confinar Lérida, una vez Torra impuso su criterio, fue consensuada con Moncloa según confirmaron en su día fuentes de ambos gobiernos a OKDIARIO. De ahí que, cuando el president optó por desobedecer la resolución de la jueza de guardia y hacer un nuevo confinamiento por decreto, no recibió ni un solo reproche por parte del Ejecutivo. Es más, en declaraciones radiofónicas, la vicepresidenta primera Carmen Calvo, animó al presidente catalán a seguir adelante con sus planes y a recurrir la decisión judicial.

La falta de rastreadores

Uno de los problemas a los que se achaca la gravedad de los rebrotes en Cataluña es a la falta de rastreadores. Esquerra Republicana entregó el contrato inicialmente a Ferrovial por un valor de 17,6 millones de euros. Las quejas del sector sanitario, que criticó que no se invirtiera en el sector público, y las de la oposición, que les acusaban de «dedazo», obligó a Sanidad revisar la adjudicación pese a que no se derogó en su totalidad. De hecho, a día de hoy, el poco más del centenar de rastreadores que trabajan lo hacen desde una sede de esta empresa.

Desde Sanidad confían en poder incorporar 500 nuevos rastreadores a lo largo de esta semana que tendrán que hacer la formación previa antes de poder prestar servicio. De esta forma, aseguran, se aumentará la capacidad de llevar un control exhaustivo sobre los brotes que se vayan detectando. No obstante, sumados a los que ya rastrean a día de hoy, el número de personas dedicadas a seguir el rastro del coronavirus continuará siendo insuficiente en una comunidad en la que residen más de 7,5 millones de ciudadanos.

El ultimátum de Torra

El último episodio de tensión entre los miembros del gobierno regional se vivió hace menos de una semana. Tras casi dos meses sin número dos de la consejería de Sanidad, un puesto clave para la gestión de la pandemia, el President Quim Torra dio 48 horas a la consejera Alba Vergés (ERC) para que nombrase alguien para el cargo.

Según fuentes conocedoras de lo ocurrido fue el propio Torra, cansado del descontrol del departamento que dirige Vergés, el que propuso el nombre de Josep Maria Argimón, director del CatSalut, como opción para ocupar la vacante de Joan Guix, que cesó el pasado 28 de mayo. Finalmente Argimón fue nombrado la semana pasada y ya ejerce como secretario de salud pública de la Generalitat.