Golpe a los negocios del separatismo con el agua: la ex cúpula de la Agencia Catalana, en el banquillo

Un total de 7,6 millones de euros es el montante que los acusados por el caso del agua en Cataluña tendrán que pagar por el fraude que se juzga en la Audiencia de Barcelona. Altos cargos de la Generalitat se sientan en el banquillo, acusados de adjudicar contratos amañados desde la Agencia Catalana del Agua (ACA). La Fiscalía Anticorrupción entiende que se adjudicó un contrato bajo un plan preconcebido para trabajos de consultoría sobre la cuenca fluvial de Cataluña. La adjudicación fue a parar a una Unión Temporal de Empresas (UTE) representadas por Joan Lluís Quer, gerente de la ACA entre 2000 y 2004 y representante de la UTE que ganó el contrato.

Los procesados realizaron, además, otros 38 contratos complementarios para cubrir los beneficios obtenidos ilícitamente por la UTE de Quer, que abandonó la Administración catalana en 2004, para crear la consultora Auditoría e Ingeniería SA (Auding). La empresa obtuvo cuatro años después un contrato de 7,6 millones de euros por la ACA de la que había sido gerente, según las investigaciones. Quer estuvo señalado en el caso de las comisiones ilegales del 3% que Convergencia cobraba por la adjudicación de obras públicas.

Los imputados fraccionaron, según la acusación, de forma artificiosa el contrato principal para que algunos trabajos se adjudicaran de forma directa a empresas vinculadas al ex alto cargo.

Los presuntos negocios de los independentistas con el agua se remontan a los años 2007 y 2008 pero fue en 2015 cuando Anticorrupción presentó la querella contra varios ex altos cargos de la ACA, también contra Manuel Hernández, ex director general de la Agencia y Gabriel Borrás, responsable del Area de Adaptación de la Oficina Catalana del Cambio Climático de la Generalitat.

Para la Fiscalía Anticorrupción, la Agencia simuló un concurso público para adjudicárselo a la UTE de dos ex altos cargos de esta empresa pública: Joan Lluís Quer y Josep Bou Térmes, que resolvió el entonces director general del organismo público, Manuel Hernández Carrera, de ICV. El técnico de la ACA que presuntamente dio el visto bueno a los 38 contratos fraccionados fue Gabriel Borrás, cercano al secesionismo, tras pasar por ICV y recalar después en la órbita de ERC. En la actualidad y pese a su imputación, trabaja en la Oficina del Cambio Climático.

Implicado un amigo de Colau

Los implicados han negado irregularidades en la confección de las adjudicaciones pero la Fiscalía mantiene las acusaciones y algunos como Borrás, siguen ostentando cargos públicos en el entorno de la gestión del agua, un bien que atrae sobremanera a los dirigentes catalanes, como a la alcaldesa Ada Colau, que ha fracasado en su empeño por municipalizar el agua en Barcelona.

El juicio contra los directivos de la ACA coincide con la investigación por parte del Tribunal de Cuentas de contratos que la edil ha adjudicado para la contratación de informes sobre la remunicipalización del agua en Barcelona. El Ayuntamiento, con el flamante ministro de Educación, Joan Subirats, de número dos de Colau, destinó 875.293,54 euros para el análisis jurídico y de infraestructuras sobre la remunicipalización del agua, según la denuncia.

Las causas siembran la duda sobre la corrupción en un sector que los políticos catalanes llevan años intentando controlar y en el que también se implican sus «satélites» en organismos internacionales. Es el caso del podemita Pedro Arrojo, amigo íntimo de Colau, que desde su puesto de relator de la ONU para asuntos del agua promueve las tesis de la alcaldesa en sus conferencias.

Desde su nombramiento el pasado año, y pese a que su cargo requiere independencia política, el ex diputado de Podemos defiende los postulados de su amiga desde la atalaya de la ONU. Durante 10 años fue socio de la Fundación Avina, de la que percibió suculentas cantidades pese a que su fundador, Stephan Schmidheiny, fue condenado a 18 años de prisión por desastre medioambiental por la fabricación de productos basados en el amianto, que causan 90.000 muertes según la Organización Mundial de la Salud.