Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

La Fiscalía apuesta por los testigos constitucionalistas en el juicio por desobediencia a los ‘golpistas’ de la Mesa del Parlament

La exsecretaria primera Anna Simó, el exvicepresidente primero Lluís Corominas, la exsecretaria cuarta Ramona Barrufet y Lluís Guinó, todos ellos de JxSí, así como la exdiputada de la CUP Mireia Boya, fugada a Suiza, comparecen entre fuertes medidas sanitarias.

Referéndum
Mesa del Parlament

No habrá más aplazamientos. Ni siquiera la preocupante situación sanitaria que atraviesa Cataluña por el coronavirus evitará que los otros golpistas del 1-O, los diputados del Parlament acusados de desobediencia que no fueron juzgados por el Supremo, se sienten esta semana en el banquillo. Fuentes próximas a la Fiscalía confirman a OKDIARIO que la apuesta del Ministerio Público pasa por un minucioso interrogatorio a los miembros constitucionalistas de la Mesa que se desmarcaron de la trama independentista. Con ello, tratará de acreditar que los cinco acusados desatendieron, conscientemente, la prohibición del Tribunal Constitucional para admitir a debate las propuestas legislativas preparatorias del referéndum ilegal del 1-O.

Seis testigos comparecerán a lo largo de la tarde en la barcelonesa sede del tribunal, entre estrictas medidas de seguridad sanitaria. De entre ellos, dos son esenciales para la estrategia acusatoria del Ministerio Público: el exvicepresidente segundo José María Espejo-Saavedra, de Ciudadanos; y quien fuera el exsecretario segundo de la Mesa, David Pérez, del PSC.

Ambos fueron ya citados como testigos por el Tribunal Supremo durante el juicio al ‘procés’ y desmontaron los argumentos independentistas de la entonces acusada y ex presidenta del órgano, Carme Forcadell, asegurando que era posible inadmitir cualquier iniciativa legislativa si era contraria al ordenamiento constitucional. «Lo normal es que se admitan la mayoría de iniciativas de ley, pero algunas no se admiten», declaró entonces Espejo-Saavedra, citado a petición de Fiscalía y la Abogacía del Estado. Y allí, bajo la atenta mirada de Forcadell, «era evidente que se estaban tramitando iniciativas en frontal oposición con lo ordenado por el Tribunal Constitucional», añadió.

Por su parte, el representante de los socialistas catalanes en la Mesa, David Pérez, subrayó que: «Se admite a trámite lo que se ajusta a los requisitos formales, sí, pero también se estudia su fondo». Y lo hizo para explicar que deben revisarse todas las iniciativas para asegurar que «cumplen el reglamento» de la Cámara y «la legalidad». «Tenemos la obligación de inadmitir toda iniciativa que contradiga el ordenamiento constitucional», confirmó el secretario segundo de la Mesa.

Restricciones sanitarias

El TSJC ha incrementado las restricciones sanitarias inicialmente previstas para garantizar «el mayor mayor distanciamiento posible» entre los asistentes a las sesiones fijadas en la Sala de vistas, a consecuencia del crecimiento exponencial de positivos por coronavirus en la ciudad Condal. Hasta el punto de revocar, en caso necesario, las autorizaciones ya concedidas al público cuya presencia no sea «imprescindible» para el correcto desarrollo de la causa.

Forcadell, en la playa

Por su parte, la expresidenta de la Mesa del Parlament, Carme Forcadell, condenada por el Supremo a 11 años y medio de cárcel dado que su actuación al frente de la Cámara legislativa catalana fue esencial para dar soporte a la aprobación de las normas de desconexión que fueron declaradas ilegales por el Tribunal Constitucional, disfrutaba en estos días de sus primeras horas de permiso en régimen de semilibertad.

Ella mismo compartía con todos sus seguidores de la red social Twitter una instantánea en la playa, donde pasaba el fin de semana inmediatamente anterior al juicio que llevará a sus ex compañeros de la Mesa a responder ante la Justicia, por los mismos hechos que la han llevado a prisión:

Triple aplazamiento

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que este martes arranca con la vista oral del segundo juicio al ‘procés’, se vio obligada a aplazar hasta en tres ocasiones anteriores la causa: la primera, por petición expresa de algunos de los abogados que alegaron motivos de agenda; la segunda, para determinar si el exdiputado Joan Josep Nuet como actual diputado de ERC en el Congreso debía ser juzgado por el Supremo, como así será finalmente; la última, a finales del pasado mes de marzo, tras la declaración del estado de alarma por el coronavirus.

En aquella ocasión, el tribunal dictó una providencia para suspender el juicio señalado para los días 23, 24 y 28 de abril debido a «la excepcionalidad del momento y las incertidumbres» sobre la duración desconocida de la gravísima crisis sanitaria.

Nuet, al Supremo 

El representante de En Comun Podem en la Mesa del Parlament que consintió la tramitación de las leyes de desconexión de la república catalana, será juzgado finalmente por el Supremo, en su condición de aforado como miembro del Congreso de los Diputados. Y ello pese a que, inicialmente, fue el Alto Tribunal quien remitió al TSJC las actuaciones de todos los investigados por el ‘procés’ pero acusados sólo de un delito de desobediencia.

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