Puigdemont anima a dejar de pagar 300 € en impuestos para no financiar a la Casa Real ni al Supremo

Carles Puigdemont, ex presidente de la Generalitat fugado en Bélgica, anima a los separatistas catalanes a dejar de pagar 300 euros en impuestos para no financiar la Casa Real ni el Tribunal Supremo, entre otras instituciones del Estado. Así es la última iniciativa del ‘Consell per la república’ (Consejo por la república), el órgano paralelo al Govern de Quim Torra que preside Puigdemont desde su lujosa mansión de Waterloo, cerca de Bruselas.

Se trata de la campaña «Prou monarquia» (Basta de monarquía) con la que se insta al independentismo catalán y a los 88.157 inscritos en el chiringuito pseudoinstitucional de Puigdemont a hacer «la república catalana» con sus impuestos. La premisa de esta iniciativa es clara: «Dejar de mantener la monarquía».

«Una institución caduca, corrupta, anti-democrática, heredera del régimen franquista y avaladora de la represión contra el pueblo de Cataluña», añade la web de esta campaña. El ‘Consell per la república’ insta a sus seguidores a hacer «objeción fiscal» para dejar de financiar a la Casa Real y otras instituciones del Estado.

Desde la web se explica la estrategia a seguir con esta «objeción fiscal». «El dinero que dejas de pagar a la monarquía a través de tu declaración de la renta ingrésalo en el Fondo Republicano de Acción Solidaria (FRAS) que hemos impulsado desde el Consell por la república catalana o en otra institución o entidad social que defienda y trabaje por los valores republicanos. El dinero del FRAS irá destinados exclusivamente a paliar los efectos de la emergencia sanitaria del COVID-19 tejiendo una red comunitaria a través de los consejos locales por la república», recoge la iniciativa.

«¿Cuánto nos cuesta la represión?»

El ‘Consejo por la república’ incluye en su campaña un apartado en el que se específica el gasto destinado a varias instituciones bajo la pregunta «¿Cuánto nos cuesta la represión?». Ocho son las instituciones que conforman este apartado, empezando por la Casa Real, con un presupuesto de 7.881.150 euros y de 0,39 por cada contribuyente al año, y el Tribunal Supremo, con un 58.126.140 euros y de 2,91 euros por año.

Las otras instituciones son el Tribunal de Cuentas (63.016.620 euros de presupuesto y un coste de 3,15 euros para cada contribuyente al año), el Tribunal Constitucional (23.866.870 euros de presupuesto y un coste de 1,19 euros para cada contribuyente al año), la Abogacía General del Estado (34.247.820 euros de presupuesto y un coste de 1,71 euros para cada contribuyente al año), la Fiscalía del Estado (12.496.380 euros de presupuesto y un coste de 0,62 euros para cada contribuyente al año), la Policía Nacional (3.022.175 euros de presupuesto y un coste de 151,11 euros para cada contribuyente al año) y la Guardia Civil (2.775.170 euros de presupuesto y un coste de 138,76 euros para cada contribuyente al año). Todos estos datos están sacados de los Presupuestos Generales del Estado de 2019.

La asociación de Carles Puigdemont defiende que esta «objeción fiscal» no es ilegal y lo define como una «acción reivindicativa» que «consiste en mostrar tu rechazo a una institución que va contra tus principios ideológicos para financiar otra con la que compartes los valores. En ningún caso promovemos la evasión fiscal y es por eso que los impuestos objetados los tienes que ingresar en otra institución». «La objeción fiscal no es un derecho explícitamente reconocido pero existe jurisprudencia según la cual la objeción de conciencia por motivos ideológicos, y por tanto también su variante fiscal, podría estar amparada por la Constitución española bajo la forma de libertad de conciencia», señala la web.

«Cabe señalar que existe un precedente a favor de la objeción fiscal en la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del 2006 al recurso interpuesto por Joan Surroca Sens, en la que se anula la sanción de la Agencia Tributaria por considerar que no había intención de cometer fraude fiscal. No obstante, sabemos que sentencias pasadas no garantizan su aplicación presente ni futura», añade esta iniciativa.

Casi 27 millones menos

El ‘Consell per la república’ de Carles Puigdemont calcula que cada contribuyente destina 300 euros al año en «mantener la represión del Estado» pagando los impuestos que le corresponden. «La monarquía se sustenta en nuestros impuestos. La fuerza de la desobediencia fiscal radica en que nos atrevemos a dejar de cooperar con la monarquía y los aparatos represivos que la sustentan, asumiendo las consecuencias, para poner en evidencia su represión y violación de derechos», sostiene la asociación.

El órgano que lidera el fugado Carles Puigdemont desde su lujosa mansión de Waterloo cuenta con 88.157 socios, según especifica en su web. Si cada socio dejara de pagar los 300 euros en «mantener la represión del Estado», la Administración central dejaría de ingresar 26.447.100 euros.

El ‘Consell per la república’ detalla en la web de la campaña los pasos a seguir para realizar esta «objeción fiscal». Cabe recordar que cualquier contribuyente en España sólo tienen la posibilidad de elegir si sus impuestos se destinan para financiar la Iglesia católica o alguna organización benéfica, como informa el portal ‘Economía Digital’. Por este motivo, los separatistas catalanes no pueden evitar que sus impuestos financien la monarquía o las instituciones del Estado citadas anteriormente cuando realizan su declaración de la renta.

La entidad que preside Puigdemont asegura que esta «objeción fiscal» no tiene consecuencias legales porque la Agencia Tributaria «no siempre» detecta la deducción realizada. El Consell insta a sus afines a elegir qué importe de la «represión real, judicial y policial» quieren «objetar» o si no quieren pagar ninguno. Una vez que los interesados hayan elegido un importe, desde la web da recomendaciones sobre cómo modificar el borrador de la declaración de la renta.

La deducción se debe realizar en las casillas 0605 o 0606 del formulario, en la sección de retenciones y pagos a cuenta. Aquí los independentistas deben especificar una rebaja de 300 euros como máximo, según las instituciones del Estado que quiere dejar de pagar.

El importe acordado debe destinarse al «Fondo Republicano de Acción Solidaria» o alguna otra institución o causa, siempre y cuando se especifique como concepto la «objeción fiscal a la monarquía».

Para completar el proceso, el ‘Consell per la república’ recomienda informar a la Agencia Tributaria sobre esta «objeción fiscal» a través del comprobante del ingreso a la causa o institución elegida. En caso de que la Administración haga llegar un requerimiento, el interesado puede aceptar la liquidación o presentar alegaciones, aunque «no siempre lo hace» ni «acostumbra a sancionar».