La Fiscalía de Delgado retrasa responder sobre los 4,1 millones malversados por la Generalitat de Puigdemont

Silencio. La Fiscalía del Tribunal de Cuentas, que depende funcionalmente de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, retrasa sus alegaciones ante el órgano administrativo en el trámite abierto por la delegada instructora de la causa, sobre el acta de liquidación provisional, que fijó en 4,14 millones de euros los fondos públicos presuntamente malversados por el Govern de Carles Puigdemont para la celebración del referéndum ilegal del 1-O.

La cantidad total desfalcada de las arcas públicas que las acusaciones ejercidas por las entidades Sociedad Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución cifraron en 1.971.601,20 euros, fueron invertidas en un total de 13 partidas diferentes. El Ministerio Público, en su demanda, no concretó una cuantía general pero sí dio pistas sobre varios gastos parciales: 38.431,20 euros en cartelería, 979.666,96 euros más en papeletas. También, 2,3 millones de euros de la «acción de la presidencia catalana» en el exterior para promover el proceso independentista.

El procedimiento ante el órgano fiscalizador, en el marco de la conocida como jurisdicción contable, fue similar al que implicó al también ex president Artur Mas y a los ex consellers Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau por la consulta soberanista convocada del 9 de noviembre de 2014 y prohibida por el Tribunal Constitucional. Una sentencia que se encuentra recurrida ante la Sala Tercera del Supremo.

La Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha actuado desde un principio como acusación contra Carles Puigdemont y hasta un total de 28 políticos separatistas catalanes -entre los que se encuentran los ex consellers absueltos de malversación en el juicio penal al ‘procés’ en el Supremo- sin embargo, hasta la fecha, el Ministerio Público no ha vuelto a pronunciarse. Una inacción que fuentes de la Fiscalía consideran «un gesto» al separatismo catalán, ya que «jurídicamente» el caso ofrece «pocas dudas».

En la causa penal sobre el ‘procés’ ante el Supremo, la Fiscalía -antes de la llegada de la ex ministra de Justicia Dolores Delgado al frente de la institución- mantuvo en 2,87 millones de euros la cantidad supuestamente malversada en el proceso independentista.

Caja común

El fugado Carles Puigdemont volvía a echar mano del dinero de los independentistas que donaron parte de sus ahorros para la causa separatista. A comienzos de año, y en el marco de la investigación administrativa abierta contra él, la llamada caja de resistencia abonó los dos millones que le faltaban al ex president para cubrir la fianza de 4,1 millones que le impuso el Tribunal de Cuentas, a él y a los otros 27 investigados, por su responsabilidad contable en el desvío de los fondos públicos con los que se pagó el referéndum ilegal del 1-O.

Nada más conocerse la decisión, el Tribunal Supremo comunicaba al órgano fiscalizador que ponía a su disposición 2.135.948, 60 euros correspondientes a las fianzas que consignaron los procesados del ‘procés’ por el delito de malversación cometido en el proceso independentista. La cesión de esta cantidad se hizo después de que la delegada instructora del Tribunal de Cuentas atendiera a la petición de las defensas de los 28 investigados, que pidieron poder emplear las fianzas depositadas en órganos judiciales en los que se han investigado hechos relacionados con el referéndum para «evitar duplicidades».

Así, la delegada instructora reclamó también al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona que aportara la fianza que superaría los cinco millones de euros, precisamente abonada también con el dinero aportado por independentistas a la llamada caja de resistencia.

No obstante, mientras el Tribunal de Cuentas analizaba el testimonio de las piezas de responsabilidad civil subsidiaria que fueron remitidas por la magistrada instructora de Barcelona Alejandra Gil para dar el visto bueno a que realizara la transferencia a la cuenta de depósitos y consignaciones judiciales del Departamento Segundo de la Sección de Enjuiciamiento –órgano jurisdiccional contable al que le corresponde el conocimiento y resolución del procedimiento contable que en su día se incoe–, la caja de solidaridad se adelantaba y consignaba los 2.010.327,37 euros que faltaban para completar la responsabilidad patrimonial de los implicados.

Con ello, el importe de 4.146.274,97 euros –3.903.294,86 euros corresponden al principal del alcance y 242.980,11 euros a los intereses provisionalmente calculados– impuesto por el Tribunal de Cuentas como fianza solidaria a los 28 políticos separatistas, quedaba cubierto para asegurar el reintegro a las arcas públicas del posible coste del 1-O, en caso de que estos resulten finalmente condenados y considerados responsables contables.

Al rescate del ‘procés’

No era la primera vez que lo que ellos denominan la ‘caja de solidaridad’ acudió al rescate de los líderes políticos del ‘procés’ imputados por el Tribunal de Cuentas, pues ya un año antes había conseguido recaudar dos millones de euros para cubrir la condena de 4,9 millones impuesta al ex president de la Generalitat Artur Mas y sus consellers Francesc Homs, Joana Ortega, Irene Rigau y Jordi Vilajoana por la organización de la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014, prohibida por el Constitucional.

En el caso del 1-O, además de Carles Puigdemont y del que fuera su vicepresidente, Oriol Junqueras, están investigados en el Tribunal de Cuentas los ex consellers del Govern, tanto los juzgados en el Supremo por el ‘procés’ como los huidos, así como ex altos cargos de la Generalitat que han sido procesados en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona.