BALEARES

Vídeos de los propios manifestantes antiturismo confirman la versión de la Policía de que Ses Voltes estaba lleno

Las fotos previas a las cargas muestran Dalt Murada a rebosar y desmienten que los agentes cargaran antes de tiempo

La Policía señala a Margalida Ramis, activista y ex portavoz del GOB, por lanzar el mensaje por megafonía que provocó un motín

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Las imágenes y vídeos difundidos en redes sociales por los propios asistentes a la manifestación antiturismo del pasado domingo 26 de julio desmienten de forma categórica el relato de los convocantes. El material audiovisual confirma que la Policía Nacional actuó en todo momento con respeto a los acuerdos previos y garantizó el acceso a Ses Voltes hasta que el recinto completó su capacidad, al contrario de lo que sostienen las entidades organizadoras.

Tal y como acreditan las fotografías tomadas antes de que se desencadenaran los altercados en la pasarela del Parc de la Mar, toda la zona de Dalt Murada se encontraba plenamente ocupada. Frente a las acusaciones vertidas por plataformas como Menys Turisme, Més Vida, que aseguraban que las fuerzas de seguridad intervinieron de forma prematura, la evidencia gráfica demuestra que Ses Voltes había alcanzado el límite de aforo acordado previamente entre la Policía Nacional y los propios responsables de la protesta.

Debido al máximo rendimiento de la capacidad del espacio, numerosos manifestantes debieron seguir la lectura del manifiesto y la interpretación de La Balanguera desde la parte superior del recinto. La actuación policial se ciñó en todo momento a velar por la seguridad ciudadana y el cumplimiento de los límites de aforo pactados, desarmando la narrativa vertida contra el dispositivo policial desplegado.

De acuerdo con el informe, únicamente podían acceder 1.500 personas al recinto por motivos estrictamente relacionados con la seguridad. El atestado policial señala que esta limitación respondía a criterios técnicos destinados a evitar el colapso de los accesos, garantizar una posible evacuación en caso de emergencia y prevenir situaciones de avalancha, de acuerdo con los protocolos previstos para este tipo de concentraciones. Siempre según la versión policial, dicho límite fue aceptado durante las reuniones de planificación mantenidas con los organizadores.

Los investigadores sostienen que, una vez alcanzado el aforo máximo, los agentes de la UPR procedieron a impedir el acceso de más participantes al recinto, momento en el que comenzó el episodio de mayor tensión. El informe recoge que la situación derivó posteriormente en enfrentamientos con la Policía, lanzamiento masivo de objetos y la necesidad de realizar cargas policiales para restablecer el orden.

Los incidentes también han abierto un importante frente de críticas dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Representantes sindicales y fuentes próximas a la Policía Nacional responsabilizan a la Delegación del Gobierno en Baleares de haber autorizado que la manifestación concluyera en Ses Voltes, un espacio que califican de insuficiente para albergar a miles de manifestantes.

Las críticas se dirigen especialmente hacia el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, a quien diversos representantes policiales atribuyen la responsabilidad política de mantener el recorrido previsto pese a las advertencias realizadas por los mandos encargados de planificar el dispositivo de seguridad.

Según estas fuentes, tanto la Policía Nacional como la Policía Local de Palma defendieron desde el inicio que la concentración final debía celebrarse en el Parc de la Mar, un espacio abierto con capacidad para más de 50.000 personas y con mayores garantías de evacuación. Sin embargo, la organización de la protesta habría rechazado modificar el itinerario inicialmente previsto.

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