UGT, los separatistas de Més y la OCB exigen a Prohens más dinero para mantener la imposición del catalán

El sindicato UGT, los separatistas de Més per Mallorca y la independentista OCB exigen al Govern de la popular Marga Prohens más dinero para la imposición del catalán y que el Ejecutivo balear ponga en marcha un plan de actuaciones urgentes en esta materia.

Por un lado, Més ha presentado una proposición no de Ley en el Parlament para que el Govern apoye y contrate a creadores de contenidos en catalán para promocionar campañas propias y promover su presencia en el sector privado. También exigen al Ejecutivo establecer convenios con creadores de contenido en catalán para que puedan disponer de sus instalaciones e impulsar una línea de becas

Por su parte, la Obra Cultural Balear (OCB), homóloga de la catalana Òmnium, reclama poner en marcha políticas de integración lingüística para la extensión del uso del catalán en bares y comercios, ya sea en rotulaciones de negocios y para su uso habitual por camareros y trabajadores de la hostelería, con el fin de garantizar que el cliente pueda ser atendido en su lengua propia.

También la federación de Enseñanza de UGT Baleares solicitaba en fechas recientes que la Conselleria de Educación y Universidades aumente la dotación económica y desarrolle una campaña informativa del programa de dinamizadores lingüísticos del catalán para que todos los centros de enseñanza se puedan adherir.

El sindicato ha valorado este programa como una «herramienta clave» para reforzar la competencia oral y el uso social de la lengua catalana en los colegios. «Este recurso permite acercar la lengua al alumnado recién llegado, dinamizar espacios educativos como los patios y fomentar la cultura propia a través de juegos, tradiciones y actividades de integración», han alegado.

Y es que según los separatistas de la OCB , entidad ampliamente subvencionada por las administraciones de las Islas, «la situación actual del catalán no permite más demoras». Por ello, exigen a Prohens que convoque el Consejo Social de la Lengua Catalana (CSLC), órgano de asesoramiento y consulta en materia lingüística del que forman parte todo tipo de entidades, sindicatos y administraciones, y que en su primera reunión de la legislatura el año pasado reprobó la política lingüística de Prohens respaldada por Vox.

En esa primera reunión, el Consejo Social, cuyo vicepresidente es el número uno de la OCB, Antoni Llabrés, exigió la «revocación de las medidas regresivas para la lengua catalana adoptadas en el primer año de legislatura» e instó al Ejecutivo a que antes de emprender cualquier iniciativa que comporte una modificación del marco normativo de la lengua catalana o altere sustancialmente su estatus en cualquier ámbito, consulten previamente a este organismo.

Ahora Llabrés se ha dirigido a Prohens como presidenta del Govern balear y presidenta del Consejo Social para reclamar que se convoque de forma inmediata una reunión para tratar el plan de actuaciones urgentes para mantener la imposición del catalán en la enseñanza y emplear más recursos para su fomento.

El plan contiene 15 medidas prioritarias que, según la OCB, deberían implantarse de forma inmediata en materia de enseñanza, sanidad, servicios sociales, ocio o juventud, porque «es perentorio que los poderes públicos reaccionen y asuman sus responsabilidades en la protección y promoción de la lengua propia de las Islas Baleares».

El sindicato socialista, al respecto, ha resaltado que según el último Informe sobre la competencia lingüística del alumnado en Baleares y pese a las décadas que lleva implantada su imposición como lengua única en la enseñanza, sólo el 54% del alumnado de ESO logra un dominio adecuado de la expresión oral en catalán, con «desigualdades notables entre islas y contextos sociales».

«Esta realidad evidencia la necesidad de reforzar iniciativas como la de los dinamizadores lingüísticos, que tienen un impacto directo en la mejora de las habilidades comunicativas y en la cohesión social dentro de los centros educativos», concluye.