La Sindicatura denuncia «graves deficiencias» en las subvenciones de una fundación del Govern de Armengol

La Sindicatura de Cuentas denuncia «graves deficiencias» en las subvenciones de una fundación del Govern presidido por la presidenta socialista, Francina Armengol con adjudicaciones sin contrato, facturas, ni la autorización para contratar.

Se trata en concreto de la Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Baleares (IDISBA),  formada por el Hospital Universitario Son Espases, Gerencia de Atención Primaria de Mallorca, el Instituto Universitario de Investigación en Ciencias de la Salud (IUNICS), el Hospital Universitario Son Llàtzer y la Fundación Banco de Sangre y Tejidos de las Islas Baleares.

Entre las irregularidades detectadas por los síndicos se cita la compra en 2020, año central de la pandemia de la Covid, de un programa desarrollado por la empresa Advanced Programming Solutions, SL, en cuyo expediente no consta ni el contrato, ni la factura, ni la autorización de la entidad para contratar por un importe que no se especifica en el informe de los síndicos.

También en relación a la misma entidad, la Sindicatura censura el hecho de que no conste en el expediente de la convocatoria de ayudas destinadas a la financiación de proyectos innovadores que minimicen la transmisión de la Covid en el ámbito sanitario de Baleares en aquel año 2020, las actas de las reuniones de la comisión de expertos que deben valorar las propuestas que han presentado los solicitantes, motivando los importes de financiación concedidos.

La documentación que debe presentarse para pedir las ayudas se limita, en este caso, al formulario de solicitud, que debe contener la información sobre la descripción del proyecto, el objetivo, el cronograma de ejecución e implementación, el equipo, los resultados esperados y los medios y recursos necesarios (presupuesto).

Ninguno de los expedientes examinados por los síndicos consta que haya sido publicado en la Base de Datos Nacional de Subvenciones. Si bien, una comisión de expertos debería haber realizado el seguimiento técnico del desarrollo de los proyectos mediante informes, no consta que haya sido así en ninguno de los cinco expedientes analizados, ni tampoco existe el seguimiento económico de los mismos, que es responsabilidad de la gerencia de esta fundación pública autonómica.

Aunque la convocatoria establece, además, que estas subvenciones son compatibles con cualesquiera otras ayudas o recursos obtenidos para la misma finalidad, los síndicos denuncian que no se estableciera sistema alguno de validación de los justificantes de gasto, lo que impide comprobar que estas facturas no hayan sido aportadas como justificación de otras subvenciones.

Por tanto, instan al órgano de dirección de la fundación que otorga la subvención, que implemente los mecanismos necesarios que permitan este control.

Se da la circunstancia de que dos investigadoras solicitaron una subvención a título particular, pero el destinatario final de la ayuda otorgada fue una empresa privada, que entregó a cambio un programa informático. Una contraprestación del beneficiario final de la ayuda, contraria a lo contemplado en el artículo 6.1 del Decreto ley 6/2020, que estableció las reglas relativas a las aportaciones dinerarias efectuadas por el IDISBA para la investigación científica y técnica derivada de la emergencia sanitaria causada por la Covid.

También la Sindicatura se hace eco en su informe fiscalizador de que uno de los expedientes examinados para la contratación de un profesional de telecomunicaciones por un importe de 12.000 euros, desembocó en la incorporación de una psicóloga, sin que este cambio de criterio se justificara en ningún momento.

En los expedientes número dos, tres y cuatro, con unas cuantías concedidas de 42.000, 48.000 y 40.000 euros, las facturas y gastos imputados a los proyectos, suman unos importes totales de 37.000, 42.000 y 32.000 euros, respectivamente, no consta en ninguno de ello el destino final de los importes remanentes. Por último, la Sindicatura alerta de que tampoco hay en los expedientes examinados la declaración responsable requerida de que los adjudicatarios estén al corriente de los pagos de sus obligaciones con la Administración.