La Oficina Anticorrupción de Baleares que fiscaliza a Armengol ningunea a la Sindicatura de Cuentas

El Govern de Armengol y el Parlament, a quien está adscrito la Oficina Anticorrupción de Baleares y que, en teoría debe de fiscalizar al Ejecutivo balear, ningunea y se pasa por el forro las irregularidades denunciadas por la Sindicatura de Cuentas en la gestión de este organismo en materia de contratación, tal y como denuncian los síndicos en su informe del presente ejercicio en el que detectó ilegalidades notables en materia de contratación de personal.

En su valoración sobre las irregularidades reveladas en 2019, y que tendrían que haber sido corregidas el pasado año, la conclusión a la que llegan, no deja lugar a dudas:

«Existe un seguimiento prácticamente nulo en cuanto a las recomendaciones en materia de contratación», y esta falta de rectificación en el procedimiento seguido, es «especialmente relevante en la corrección de incidencias que se desprendían de la existencia de indicios de nulidad de los actos, de los que se tiene constancia que se han derivado efectos económicos y administrativos».

En ese informe del ejercicio 2019 se recogían un total de 17 recomendaciones, 10 de las cuales hacían referencia a la gestión en materia de recursos humanos y gastos de personal, y siete a contratación.

El día 13 de octubre de 2021, la Sindicatura solicitó al director de la Oficina, aún por entonces Jaume Far que dimitió días después, que detallase las iniciativas que se habían tomado a fin de cumplir las recomendaciones que aparecían en el mencionado informe.

La respuesta de la Oficina Anticorrupción fue nula, es decir, «ni hizo mención a estas recomendaciones», afirman los síndicos.

De las 10 peticiones de la sindicatura para evitar irregularidades en la gestión de recursos humanos y gastos de personal «sólo una ha sido seguida», la que hace referencia a la publicación en el Boletín Oficial de las funciones del personal de la Oficina Anticorrupción.

Del resto nada, pese a que la primera petición de los síndicos era de notable calado:

«Ante la constatación del incumplimiento de las normas de procedimiento en la elaboración de actos y disposiciones administrativas de la Oficina, se debe hacer una primera recomendación para que se lleven a cabo las actuaciones necesarias para ajustar, en adelante, estos actos y disposiciones a los requisitos establecidos en las normas aplicables en la Oficina».

Tampoco a la recomendación de «analizar y, en su caso, iniciar los procedimientos de revisión de oficio a efectos de declarar nulos los actos o disposiciones normativas que corresponda».

Ni se declararon nulos, ni se revisó nada, por lo que en el informe de este año entregado el pasado viernes en la Cámara balear, la Sindicatura reconoce que «sólo valora si las irregularidades e incumplimientos normativos implicaban la existencia de responsabilidad por déficit contable», pero que ello no quiere decir que los que las han cometido «no puedan incurrir en responsabilidad, pero no será contable».

Por ello concluye que «su exigencia deberá hacerse ante los órganos jurisdiccionales de la orden que proceda, pero no, ante el Tribunal de Cuentas».