urbanismo

Récord de derribos de obras ilegales en el campo en 2021 en Mallorca: 137 demoliciones

El grueso corrió a cargo de los propietarios, que abonaron 2,5 millones en tasas e impuestos a los ayuntamientos

En los últimos cinco años se derribaron 541 construcciones ilegales en toda la isla

El Ayuntamiento socialista de Palma ilegaliza una urbanización de 300 viviendas aprobada hace 40 años

Mallorca derribos obras ilegales
Ejecución de una demolición de una construcción en suelo rústico.

Los derribos de obras ilegales en el campo en Mallorca alcanzan el máximo histórico: 137 demoliciones en suelo rústico en 2021 a instancias de la denominada Agencia de Defensa del Territorio (ADT) del Consell de Mallorca, el mayor número anual ejecutado hasta ahora. La anterior cifra más elevada fue en 2019, con un total de 124.

En los últimos cinco años se han realizado 541 demoliciones de construcciones ilegales en toda la isla, acogiéndose los propietarios afectados, en un 93% de los casos, a la reducción de las sanciones establecidas por ley y abonando y corriendo a cargo de la ejecución y coste de las obras dentro del plazo voluntario establecido para ello.

La ADT tiene la finalidad de ejercer las competencias insulares en materia de protección de la legalidad urbanística y las municipales sobre ese particular, si les son cedidas por los ayuntamientos mediante los correspondientes convenios de delegación.

La mayoría de los municipios donde se han ejecutado más demoliciones siguen siendo los que delegaron sus competencias en el ADT en el momento de su creación en 2009, es decir, los de Algaida, Marratxí, Montuïri, que son los que más más expedientes tramitados han sumado en estos doce años.

Cabe remarcar que la actividad de la ADT ha provocado también la presentación de 150 proyectos de obra de legalización o de restablecimiento en el estado anterior durante el 2021, que suman un total de 759 proyectos en los últimos 5 años (2017/ 2021). Todo ello ha generado para los ayuntamientos de Mallorca unos ingresos aproximados de 2,5 millones de euros en concepto de tasas e impuesto de construcciones.

Se trata de proyectos que no se habrían presentado sin la intervención de la ADT porque los propietarios pretendían llevar a cabo las obras de forma ilegal sin informar a las administraciones.

Desde enero de 2018 la ADT tiene competencias directa en suelo rústico protegido. En un comunicado, el Consell de Mallorca puso el acento en la labor de este organismo que contribuye a la protección del territorio y el paisaje, «haciendo cumplir las normas urbanísticas y territoriales vigentes en cada momento» a la vez que «genera un valor añadido al sector de la construcción y nuevos ingresos para los ayuntamientos de Mallorca».

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