El PSOE de Calvià exige el reingreso de dos ex dirigentes del partido condenados por corrupción

El PSOE de Calvià ha solicitado a la dirección del partido en Ferraz el reingreso de dos ex dirigentes del partido condenados por corrupción y que fueron expulsados de la formación.

Se trata de dos ex secretarios generales del PSOE en esta localidad mallorquina de 55.000 habitantes, Antoni Manchado y Francisco Cano. Ambos han presentado una petición para reingresar como militantes y ha sido aceptada por la dirección y el número uno del partido en esta población, el delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez, que este fin de semana será relevado de la secretaría general.

Pero antes de dejar el timón de mando tras 13 años en el cargo, Rodríguez ha dado el aval para que dos antecesores al frente del partido como Manchado y Cano, condenados por corrupción en el caso Multimedia a finales del año pasado y que evitaron la cárcel después de un pacto con la Fiscalía, puedan volver a reingresar en el partido.

Francisco Cano y Antoni Manchado, dos ex altos cargos del segundo Govern de Francesc Antich (2007-2011), junto a otras nueve personas fueron acusados principalmente de contrataciones ilegales, de varios delitos de prevaricación, fraude a la Administración, tráfico de influencias, malversación y falsedad en documento oficial, mercantil y público. Inicialmente el fiscal pedía penas que sumaban 156 años de cárcel y el pago de más de 814.000 euros.

Tras ese pacto con la Fiscalía, los acusados sólo devolvieron 260.000 de los 517.000 euros que sustrajeron indebidamente. El fiscal solicitaba que se restituyesen 407.194 euros y la Abogacía de la comunidad autónoma de las Islas Baleares un total de 110.224 euros, pero el caso se cerró con penas mínimas para los ex altos cargos socialistas.

Al inicio del juicio ya se supo que la Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía autonómica y las defensas habían ultimado un acuerdo para zanjar este caso de corrupción con condenas menores que no implicaran el ingreso efectivo en prisión.

Los acusados ya ingresaron en el momento de materializarse el pacto con el Ministerio Público parte de la responsabilidad civil que se les exigía para devolver lo defraudado a la Comunidad Autónoma y se comprometieron a completar el desembolso antes del 1 de noviembre de 2025.

El ex senador socialista Antonio Manchado y el ex concejal Francisco Cano eran consejeros delegados de la Sociedad Multimedia, empresa que se constituyó como sociedad mercantil pública el 27 de enero de 2006, con capital suscrito y desembolsado íntegramente por la Comunidad como socio único. Dicha sociedad tenía personalidad jurídica propia, adscribiéndose a la Conselleria de Presidencia.

Mediante decreto de la Conselleria, se modificaron los estatutos de la empresa y se amplió el objeto de la misma. Además, con arreglo a dicho decreto fueron nombrados consejeros del Consejo de Administración de Multimedia de Baleares dos de los imputados en la causa, entre ellos Manchado.

De esta manera, desde febrero de 2008 a octubre de 2011, con el nuevo consejo de administración y la ampliación del objeto social, había principalmente dos líneas de actuación, dirigidas por los dos procesados previamente mencionados.

Así, durante este periodo, se concertaron una serie de contratos que, según el fiscal, iban en contra de los principios esenciales de la contratación, en la medida que no se respetaron los tres principios cardinales de la licitación. También se excluyeron eventuales competidores para la contratación o, en otras ocasiones, se beneficiaron amigos o personas cercanas al entorno de los dirigentes de Multimedia.

La mecánica para enriquecerse injustamente consistía en sustraer a la Administración recursos materiales presentando facturas con datos falsos que después eran certificados por los funcionarios correspondientes de forma deliberada. Todo esto según el escrito de la Fiscalía.

Dichas certificaciones contenían resoluciones administrativas que permitían el pago «injusto», según el fiscal, por unos trabajos que no representaban ninguna utilidad a la Administración o bien eran una copia de informes anteriores o habían sido obtenidos directamente de páginas de Internet, facturándose trabajos no realizados o por horas de dedicación no existentes.