El abogado de Begoña Gómez presionó a un fiscal para cerrar un caso de corrupción del PSOE en Baleares

El PSOE presionó al fiscal de Baleares Juan Carrau para llegar a un acuerdo en el caso Multimedia y evitar así más exposición pública de cargos socialistas en los Juzgados. El caso Multimedia es uno de los casos de corrupción que ha afectado a una administración pública dirigida por el PSOE balear. En el juicio, cuatro ex altos cargos socialistas admitieron haber delinquido con dinero público para así evitar su ingreso en prisión. El caso se saldó con penas mínimas.

Fue precisamente Antonio Camacho, actual abogado de Begoña Gómez y quien fuese ministro del Interior con José Luis Rodríguez Zapatero, quien forzó al fiscal Carrau a dar carpetazo al caso Multimedia.

El PSOE no se podía permitir que más dirigentes socialistas fuesen a declarar a los Juzgados a causa del gran revuelo mediático que causaría. Iba a tener que desfilar por los juzgados una gran cantidad de dirigentes socialistas. Una pena del telediario que el PSOE no podía asumir. La solución para los socialistas fue que los acusados se confesasen públicamente culpables de los delitos derivados de la corrupción y el uso indebido de fondos públicos.

Los acusados que acabaron confesándose culpables de esos delitos son el ex senador socialista, y antiguo director general del Govern balear, Antonio Manchado -quien fraguó una buena amistad con Antonio Camacho, actual abogado de Begoña Gómez-; el también ex director general del Ejecutivo autonómico José Antonio Santos; el ex integrante del PSOE José Juan Alcover, que fue jefe de Comunicación del Ayuntamiento de Palma; el ex concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Calviá, Francisco Cano; el ex alto cargo del Govern Giannely Cucci, y los empresarios Miguel Oliver, Luisa Albiñana, Ramón Cristóbal Rullán, Llorenç Vives, Alfonso Segura y Pablo Rivero.

En el juicio todos los implicados pactaron penas de prisión, pero con la total seguridad de que no ingresarían en la cárcel. Se acordó una indemnización total de 260.000 euros y cada uno de los condenados abonaría parte de ese dinero en función de su responsabilidad en el citado caso de corrupción en el plazo de un año.

Los delitos por los que los ex dirigentes socialistas fueron condenados el pasado mes de octubre consisten en prevaricación de fondos públicos, fraude a la administración y tráfico de influencias. Los hechos juzgados se cometieron entre los años 2007 y 2010, durante el segundo Govern del Pacte, con Francesc Antich como presidente autonómico.

¿Qué es el ‘caso Multimedia’?

La mecánica para enriquecerse injustamente consistía en sustraer a la Administración recursos materiales, presentando facturas con datos falsos que después eran certificados por los funcionarios correspondientes de forma deliberada.

Dichas certificaciones contenían resoluciones administrativas que permitían el pago «injusto», según el fiscal, por unos trabajos que no representaban ninguna utilidad a la Administración o bien eran una copia de informes anteriores o habían sido obtenidos directamente de páginas de Internet, facturándose trabajos no realizados o por horas de dedicación no existentes.

En total, el Ministerio Público hizo referencia a más de una decena de contratos presuntamente ilícitos dentro de las dos áreas creadas bajo la dirección de dos de los acusados.

Fiscalía interpreta que los hechos son constitutivos de delitos continuados de prevaricación, fraude a la administración, delitos continuados de malversación, tráfico de influencias, falsedad en documento oficial cometido por funcionario y falsedad en documento mercantil en concurso con un delito de falsedad en documento público.

Cabe recordar que la causa fue abierta en 2014 en virtud de una denuncia del Ministerio Público por presuntos delitos de malversación y fraude, entre otros, que se habrían cometido a través de la empresa dependiente de la Conselleria de Presidencia.