La Fiscalía pide 156 años de cárcel para los 11 acusados del ‘caso Multimedia’ que afecta al PSOE de Armengol

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares celebra este jueves la vista previa al juicio contra los 11 acusados del caso Multimedia en el que están acusados varios miembros del PSOE de Baleares que dirige Francina Armengol. Están acusados por delitos de prevaricación, fraude a la Administración, tráfico de influencias, malversación y falsedad en documento oficial, mercantil y público. Entre los imputados se encuentran el ex senador del PSOE Antoni Manchado.

En la época de los hechos, Manchado era consejero delegado de la Sociedad Multimedia. También está imputado el ex líder socialista en Calvià Francisco Cano o el que fuera propietario de la productora audiovisual Miquel Oliver.

El caso Multimedia versa sobre el desvío ilegal de más de 300.000 euros públicos durante la legislatura 2007-2011 siendo el principal acusado el ex líder del PSOE de Calvià, Antonio Manchado, que entre los años  2007 y  2011 fue director general de Tecnología y consejero delegado de la empresa pública Multimedia de les Illes Balears SAU. Era un ente dependiente del Govern y creado en principio para impulsar el desarrollo de la sociedad tecnológica y que en aquella legislatura manejó un abultado presupuesto para implantar la TDT en las Islas.

La Sociedad Multimedia de Baleares se constituyó como sociedad mercantil pública el 27 de enero de 2006, con capital suscrito y desembolsado íntegramente por la Comunidad, que era su socio único. Dicha sociedad tenía personalidad jurídica propia, adscribiéndose a la Conselleria de Presidencia. Antonio Manchado fue designado miembro del Consejo de Administración de Multimedia de Baleares.

Desde febrero de 2008 a octubre de 2011 se concertaron una serie de contratos que, según el fiscal, iban en contra de los principios esenciales de la contratación, en la medida que no se respetaron los tres principios cardinales de la licitación. La estrategia para enriquecerse injustamente, según la Fiscalía, consistía en sustraer a la Administración recursos materiales presentando facturas con datos falsos que después eran certificados por los funcionarios correspondientes, de forma deliberada.

Dichas certificaciones contenían resoluciones administrativas que permitían el pago «injusto», según el fiscal, por unos trabajos que no representaban ninguna utilidad a la Administración o bien eran una copia de informes anteriores o habían sido obtenidos directamente de páginas de Internet, facturándose trabajos no realizados o por horas de dedicación no existentes.

En total, el Ministerio Público hace referencia a más de una decena de contratos presuntamente ilícitos dentro de las dos áreas creadas bajo la dirección de dos de los acusados.

Cabe recordar que la causa fue abierta en 2014 en virtud de una denuncia del Ministerio Público por presuntos delitos de malversación y fraude, entre otros, que se habrían cometido a través de la empresa dependiente de la Conselleria de Presidencia.

Para cuatro acusados, el fiscal pide 17 años de cárcel, 207.200 euros de multa e inhabilitación durante 32 años a cada uno. Asimismo, para tres de ellos pide 12 años de cárcel, diez años de inhabilitación absoluta, otros cinco de inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas, y 3.600 euros de multa.

Por otro lado, para otros dos procesados solicita 14 años de cárcel, diez de inhabilitación absoluta, cinco de inhabilitación para obtener subvenciones y el pago de 203.600 euros.

Además, para los dos últimos, reclama penas que suman 12 años de cárcel –para cada uno-, diez de inhabilitación absoluta, cinco de inhabilitación para obtener subvenciones y el pago de 3.600 euros de multa.

Por otro lado, en concepto de responsabilidad civil, los acusados deberán indemnizar a la Comunidad Autónoma en la cantidad total de 814.314 euros.