PP y Vox, de la mano: repatriar a los menas y cortar ayudas a ONG que faciliten la inmigración en Baleares

El PP y Vox han reclamado este martes en el Parlament que se repatrien a los menores migrantes no acompañados (menas), que se eliminen las subvenciones a las ONG que «faciliten la inmigración» y que se suspenda la cooperación al desarrollo con aquellos países que no colaboren en la gestión de los flujos migratorios.

Son algunos de los puntos de una proposición no de ley (PNL) defendida por la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, que han salido adelante con el apoyo de los populares. Aunque el PP había presentado más de una decena de enmiendas para modificar el texto, Cañadas ha considerado que estas pretendían «descafeinarlo y diluir su alcance» y por lo tanto las ha rechazado.

Eso no ha sido impedimento para que los populares hayan votado a favor de varios de los puntos con los que inicialmente no estaban completamente de acuerdo. Entre otras cuestiones, el Parlament ha manifestado su rechazo a la regularización extraordinaria de personas migrantes y ha instado al Gobierno a repatriar a todos los migrantes irregulares, a los que cometan delitos y a los menores que no estén acompañados por sus progenitores.

También ha pedido al Ejecutivo central que elimine las subvenciones a asociaciones, organizaciones, fundaciones u ONG que «promuevan o faciliten la inmigración y el tráfico de personas», que endurezca las penas contra las mafias, que acabe con las políticas «de efecto llamada» y que impida los «fraudes de ley» en los expedientes de extranjería o peticiones de asilo.

Otro de los puntos aprobados reclama la suspensión de la cooperación al desarrollo con cualquier país que no colabore en la gestión de los flujos migratorios hasta que no cumplan con los acuerdos bilaterales firmados «para impedir la llegada de migrantes».

El resto de puntos de la PNL no han salido adelante, bien con la abstención del PP o con su voto en contra. Entre estos puntos destacan algunos que hablan de la creación de ordenanzas municipales para evitar que los migrantes irregulares puedan empadronarse, suprimir las ayudas a los migrantes salvo las que precisen por motivos humanitarios «hasta la devolución a sus países de origen» o prohibir la obtención de la nacionalidad a quienes hayan entrado a España por vías irregulares.

Tampoco han sido aprobados aquellos que defendían la ‘prioridad nacional’ en el acceso a ayudas sociales y servicios públicos, a la «remigración» de aquellos extranjeros «que suponen un lastre para el estado del bienestar de los españoles» o auditar todas las concesiones de nacionalidad de los últimos años.

Cañadas, durante su intervención, ha alertado acerca de los efectos adversos de la regularización de migrantes, entre los que ha destacado «la sobrecarga de servicios públicos esenciales como la vivienda, la educación o la sanidad». «Cada vez que el Gobierno aprueba una regularización está escupiendo en la cara de quienes han entrado a España de forma legal. No se puede premiar a quienes asaltan la frontera. Esto es una invitación al caos que solo beneficia a las mafias», ha sostenido.

La diputada del PP Cristina Gil, por su parte, ha defendido que en Baleares «no cabe todo el mundo y los servicios ya no dan más de sí». «Ya no es dónde vayan a vivir los que van a regularizarse, sino dónde lo harán los que llegan ahora y los que llegarán después. El sentido común es atender las necesidades de quienes ya están aquí, entre ellos los migrantes arraigados y nacionalizados que han esperado años y años para regularizarse», ha incidido.

La socialista Teresa Suárez ha considerado que los puntos contemplados en la iniciativa parlamentaria «dinamitan la sociedad con una naturalidad que espanta» y ha acusado al PP y a Vox de oponerse a la regularización con la intención de «tener a la gente trabajando sin derechos».

La ecosoberanista Marta Carrió, en una línea similar, ha criticado que estos dos partidos sean «muy contundentes con los migrantes vulnerables y muy discretos con quienes tienen poder económico».

El diputado por Unidas Podemos, José María García, ha considerado que el texto es «racista, clasista y contra las personas pobres» y que busca «la deshumanización del migrante».