El PP estalla contra la Oficina Anticorrupción que sigue controlando Armengol y presenta la propuesta de cierre

El PP de Baleares ha perdido la paciencia con el sectarismo de la Oficina Anticorrupción que sigue controlando el PSOE de Francina Armengol y ha presentado este lunes en el Parlament la Proposición no de Ley (PNL) para cerrar este organismo en un plazo máximo de tres meses. El último episodio que ha provocado la indignación del PP ha sido la filtración de un informe fake contra el director general de Emergencias, Sebastià Sureda.

El director de la Oficina Anticorrupción, Tòfol Milán, nombrado por la ex presidenta socialista del Govern Francina Armengol y cuya carrera política siempre ha estado vinculada a gobiernos del PSOE, acusa en este informe a  Sureda de estar al frente de una supuesta trama de prevaricación por permitir que una veintena de negocios operen sin licencia en el polígono industrial de Campos. Lo ha hecho obviando los informes técnicos y jurídicos aportados por el Ayuntamiento de Campos sobre una actuación que contó incluso en el pleno con el voto favorable de la coalición Endavant, de la que formaba parte el propio PSOE.

Durante la pasada legislatura Sebastà Sureda era el concejal de Urbanismo en Campos, el municipio de la presidenta del Govern, Marga Prohens.

La portavoz del PP, Marga Durán, ya denunció el viernes a la Oficina Anticorrupción de la «filtración de expedientes de manera interesada a la prensa en los que se obvian los informes técnicos y jurídicos aportados, con el único objetivo de difamar a miembros del PP».

«Tòfol Milán apura prestando sus últimos servicios al PSOE, al frente de una Oficina Anticorrupción, pensada e ideada como máquina del barro al servicio de los intereses del PSOE».

Según ha explicado este lunes Marga Durán, el PP ha registrado una Proposición de Ley de Transparencia y Control de cargos públicos que implica el cierre de la Oficina Anticorrupción. En su lugar se creará en el Parlament un registro de las actividades, intereses, renta y patrimonio de los cargos públicos.

Durán ha explicado que el registro de esta Proposición de Ley es un documento «en el que se venía trabajando desde hacía meses» porque este partido «siempre ha defendido el cierre de la Oficina Anticorrupción» por «su coste desorbitado» y para «evitar las duplicidades constatadas». También, ha añadido, porque «desde su creación, esta Oficina se ha utilizado como herramienta política, para hacer daño a un partido».

La portavoz adjunta de los populares ha negado que la Proposición de Ley se haya registrado con motivo de que la Oficina Anticorrupción haya acusado al director general de Emergencias del Govern, Sebastià Sureda aunque es evidente que este hecho ha precipitado la presentación de la propuesta.

Durán ha apuntado que la Proposición de Ley, que insta a la liquidación de la Oficina Anticorrupción en un plazo de tres meses, a partir de la entrada en vigor de la misma, «no pretende en ningún caso acabar con las funciones que esta tiene».

«Todas las funciones y obligaciones de dicha Oficina quedarán cubiertas, a través de un registro de actividades, intereses, renta y patrimonio de los cargos públicos», ha asegurado asimismo la portavoz adjunta, quien ha precisado que «los expedientes abiertos en la Oficina Anticorrupción pasarán a la Inspección General de Servicios, dependiente de la Dirección General de Función Pública; mientras, los cerrados quedarán en custodia en el Parlament».

«Eliminamos un ente completamente politizado creado y usado como máquina de barro al servicio de los intereses del PSOE», ha explicado la portavoz adjunta del Partido Popular en la Cámara balear, Marga Durán.

Así, Durán ha recordado que «el PP desde el primer momento ha denunciado la duplicidad que representa esta oficina» y ha censurado que tras los últimos acontecimientos acaecidos y tras ver «las filtraciones interesadas de expedientes con el único objetivo de difamar a miembros del PP, no se puede consentir que el dinero público sirva como arma para perseguir a partidos políticos».

La Oficina Anticorrupción «se creó con un presupuesto anual inicial de 500.000 euros y ahora alcanza los 1,5 millones de euros que prácticamente se destinan en su totalidad a los sueldos de los altos cargos como el director que cobra 95.000 euros al año», ha explicado Durán.

Este organismo adscrito al Parlament balear se ha caracterizado, desde su creación por el anterior Govern de Armengol, por fiscalizar al principal partido de la oposición (PP), archivando y no tramitando denuncia alguna contra el anterior Ejecutivo de socialistas, independentistas de Més y Podemos.

Así ha dejado impune, y ni tan siquiera investigó, el escándalo de la noche de copas de Armengol en plenas restricciones por la pandemia, la vacunación privilegiada de altos cargos saltándose el calendario previsto y supuestas tramas de corrupción denunciadas en los juzgados, como el caso Varadero que implicaba directamente a la Conselleria de Industria que presidía la pasada legislatura el ex juez de Podemos Juan Pedro Yllanes, entre otros casos.

La propuesta del PP para cerrar la Oficina Anticorrupción cuenta con el apoyo de Vox y, en consecuencia, será aprobada por el Parlament.