Podemos se salta ahora la exigencia del catalán para poder colocar a su gente en la funeraria de Palma

Podemos se salta ahora la exigencia del catalán para poder blindar a su gente en la funeraria de Palma, en una demostración de que el Gobierno de coalición de socialistas, nacionalistas de Més y populistas de Unidas Podemos (UP) del Ayuntamiento de Palma es un reino de taifas. Un equipo de Gobierno donde cada formación va a su aire, de forma que la dirección de la Empresa Funeraria Municipal (EFM), presidida por el concejal, Alberto Jarabo (UP), ha eximido del requisito de catalán a sus operarios de base. 

Un certificado de conocimiento básico, hablado y escrito de  lengua catalana que no deben de presentar, ni hacer examen alguno para demostrar el dominio de ese idioma, los aspirantes a formar parte de la bolsa de peones especialistas funerarios y de cementerios, actualmente en curso. 

Una decisión que contraviene la normativa municipal de normalización lingüística del Consistorio palmesano, que defiende a capa y espada la actual coalición de gobierno, que le fue remitida recientemente a todos los empleados municipales por el Área de Educación y Política Lingüística, en manos de los independentistas de Més per Mallorca.  

Un reglamento que obliga el Ayuntamiento de Palma cumplir al resto de empresas municipales, incluyendo los chóferes de la EMT, y los peones del servicio de la limpieza de Emaya, donde todos los aspirantes a obtener un puesto de trabajo, deben de demostrar conocimiento básico hablado o escrito de catalán. En caso de que no dispongan del pertinente certificado oficial académico del A2, deben de pasar una prueba eliminatoria, que acredite su conocimiento.

Jarabo en la empresa funeraria, no lo ha incluido en los requisitos para la nueva bolsa de peones funerarios del presente año, lo que supone un agravio comparativo para los operarios de base del resto de empresas y sociedades municipales. 

Y también para los propios proveedores del Ayuntamiento de Palma, que tienen la obligación de dirigirse en catalán con la administración municipal, en todas las comunicaciones y contratos. 

En el opúsculo remitido a finales del pasado año por el Ayuntamiento de Palma a todos sus empleados públicos, se les exigía hablar en catalán con los ciudadanos, y sólo en castellano si éstos, les pedían ser atendidos en esta lengua, por analogía, con lo que el reglamento de imposición del catalán del Consistorio establece en los escritos. 

De hecho en Baleares, bajo el Govern de la socialista Francina Armengol se ha creado una Oficina de Derechos Lingüísticos que atiende todas las quejas recibidas por los ciudadanos que requieren ser atendidos en catalán por los empleados públicos, habiéndose tramitado en torno a 200 reclamaciones en su primer año en funcionamiento.