Los pisos de alquiler a precio limitado de Palma costarán entre 650 y 1.055 euros al mes

Los pisos de alquiler a precio limitado de Palma costarán entre 650 y 1.055 euros al mes, tal y como ha anunciado este martes el teniente de alcalde de Urbanismo, Vivienda y Proyectos Estratégicos, Óscar Fidalgo.

El representante municipal ha censurado que la oposición haya «faltado a la verdad» con la intención de «manipular» estos datos y ha acusado a los socialistas de emplear unas tablas de cálculo de los precios de las viviendas en propiedad cuando las de alquiler son más baratas y están tasadas por la Ley de Medidas Urgentes de Vivienda.

Hay que recordar que en una primera fase se construirán un total de 363 viviendas de las 1.200 anunciadas. Las promociones estarán ubicadas en otros tantos barrios de Palma, en concreto, dos de ellas en el Coll de Rabassa, una con 35 viviendas y otra de 12; Camp Redó donde se edificarán 100; Nou Llevant, 90 viviendas; Son Ferragut 114; y en Sa Indioteria, 12 más.

El término de concesión de estas parcelas a los promotores será de un máximo de 75 años.

Las viviendas serán de uno a tres dormitorios en función de su extensión, de entre los mínimos de 45 metros cuadrados hasta 70. Un mínimo del 30% debe destinarse a jóvenes de hasta 35 años; un mínimo del 10%, a mayores de 65 años, y otro mínimo del 10% a familias monoparentales.

Las personas que quieran optar al alquiler de uno de estos pisos tendrán que estar empadronadas en Palma un mínimo de cinco años y siete años en el caso de cualquier otro municipio de Baleares.

El representante municipal ha censurado que la oposición haya «faltado a la verdad» con la intención de «manipular las cifras para tergiversar la realidad», ya que los socialistas habrían empleado unas tablas de cálculo de los precios de la compraventa de viviendas cuando las de alquiler son más baratas y están tasados por la Ley de Medidas Urgentes de Vivienda del Govern.

Los precios que Fidalgo ha dado por buenos son de 656 euros al mes para una vivienda de 47,5 metros cuadrados, las de 65 metros cuadrados tendrían un precio de 898 euros y las de 76 metros se alquilarían a 1.055 euros.

Así, ha resaltado la oferta a la baja presentada por la empresa y el hecho de que reservara un mayor porcentaje de viviendas para colectivos vulnerables. Sobre el pago del IBI, ha manifestado que los encargados de abonar esta tasa será el propietario de los inmuebles.

Sin embargo, en cuanto a los precios de los garajes y trasteros ha subrayado que «no son obligatorios», por lo que los inquilinos solo tendrán que pagar estos conceptos si desean disfrutar de estos servicios.

Preguntado sobre los precios finales y las tablas de precios facilitadas por el PSOE a los medios, ha reconocido que estas son «estimaciones» de la empresa pero no formaron parte de la mesa de contratación de la licitación del proyecto, por lo que ha indicado que el Consistorio hará que se cumpla la ley para que no se sobrepasen estas cantidades.

«Estos precios los atribuyo a una hipótesis de la empresa que hace números pero en ningún caso será algo que se asemeje a la realidad», ha mantenido.

Sobre el coste del pago de la comunidad, que el PSOE cifraba en 233 euros al mes, ha reconocido que son precios «disparatados» y «escandalosos» pero ha considerado que son «fruto de un error».

Fidalgo ha argumentado que estas viviendas no estarán destinadas «ni al 20% más pobre, ni al 20% más rico», sino al «60% de la mayoría social que tiene un problema con la vivienda». Aún así, ha incidido en que estos precios «están por debajo» de los precios de mercado que hay en Palma, puesto que permiten una seguridad jurídica al establecerse plazos a muchos años vista.

«Estas son las primeras viviendas del plan de choque y de manera inminente se trabaja para que salgan las segundas, con los solares dotacionales, por lo que se pretende poner más de 1.000 viviendas en régimen de alquiler a precio limitado en el mercado», ha insistido.

Otra de las cuestiones por las que se le ha consultado, es por si en el contrato se han establecido mecanismos que posibiliten bajar los precios si la coyuntura económica lo permite, a lo que Fidalgo ha respondido que «no hay tal instrumento» en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), sino la «libre voluntad entre las partes».

En ese sentido, se ha mostrado en «desacuerdo» con la LAU porque considera que es «desequilibrada» en los derechos de propietarios y arrendadores y ha abogado por reformar la ley para «dar más seguridad jurídica», con el objetivo de que haya un «equilibrio de derechos y obligaciones» entre las partes.