El Parlament balear convalida el decreto que regula la actividad sanitaria urgente

El Parlament ha convalidado este martes, con los votos a favor de todos los grupos parlamentarios, el decreto ley por el que se regulan determinados aspectos de la actividad sanitaria urgente y emergente en Baleares.

El mismo fue aprobado en Consell de Govern a finales de marzo y supone, por un lado, otorgar al SAMU 061 la condición de autoridad sanitaria al convertirse en el único órgano de dirección de la asistencia sanitaria urgente y emergente en el ámbito del archipiélago.

Por otra parte, la norma permite establecer un marco de ordenación adecuado y la gestión compartida con la sanidad privada en la atención extrahospitalaria de ciudadanos comunitarios y británicos desplazados temporalmente a las Islas.

La encargada de defender el decreto ha sido la consellera de Salud, Manuela García, quien durante su discurso ha evidenciado el «aumento de población flotante» que sufren las Islas.

«La llegada de turistas nacionales y no nacionales, especialmente en determinados meses del año, supone inevitablemente un importante aumento de la población flotante que conduce a un aumento de la presión asistencial en nuestro sistema sanitario público», ha expresado García.

Así, ha opinado que estos hechos «provocan que sea necesaria una revisión de las actuales políticas sanitarias para adaptarlas a la realidad, que no es otra que la necesidad de descongestionar los servicios de urgencia de la sanidad pública para poder seguir prestando una asistencia sanitaria en condiciones de igualdad efectiva y de calidad».

En esta línea, ha justificado la importancia de incorporar nuevas modalidades de gestión compartida que permitan aprovechar los recursos sanitarios públicos y privados disponibles en las Islas.

Por tanto, ha matizado, es «necesario contar con la colaboración de centros y servicios sanitarios de las entidades privadas que estén interesados en ello para obtener la puesta a disposición del Ib-Salut de sus medios personales y materiales en determinados momentos que puedan verse infrautilizados».

«Todo ello, con la finalidad de colaborar en la prestación de la asistencia sanitaria urgente y emergente», ha incidido.

Además, García ha indicado que, «con el objetivo de garantizar a todos los ciudadanos, independientemente de su situación administrativa, que tengan acceso a una asistencia sanitaria urgente o emergente, se desarrolla esta norma, que lo que pretende, al final, es regular, ordenar y coordinar los diferentes actores, tanto públicos como privados, que afectan a la atención de urgencias y emergencias».

«La concentración de decenas de millones de visitantes en un lapso limitado de tiempo y en un territorio como el nuestro, dotado de buenas infraestructuras sanitarias pero dimensionadas para la población residente, hace que cada vez sean más frecuentes situaciones de saturación en los centros sanitarios públicos, muy especialmente en los servicios de urgencia, así como en los más directamente relacionados con el funcionamiento de estos, como son el transporte sanitario, las unidades de cuidados intensivos y el área quirúrgica», ha reconocido.

García ha reflexionado, en este sentido, que esta situación exige «cuanto antes», para «evitar en toda medida de lo posible la situación de saturación ya conocida», que se proceda a movilizar y a buscar el apoyo de la red sanitaria privada del archipiélago, «todo ello en base a un régimen de libre adhesión y de baja protección», ha finalizado.

Equiparación salarial para la Policía y Guardia Civil

El Parlament ha votado también este martes distintos puntos de proposiciones no de ley en los que ha habido empate en las comisiones.

En concreto, se han aprobado, con 27 votos a favor y 17 en contra, los puntos 1 y 3 de una PNL del PP, relativa a conseguir equiparación salarial de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado (FCSE) con los cuerpos policiales autonómicos que desarrollan funciones similares y otras actuaciones en beneficio de su dignidad profesional.

Según el PP, es necesario que las FCSE cuenten con «los medios materiales y técnicos necesarios y adecuados para llevar a cabo su sacrificado trabajo y tengan las mismas retribuciones que los demás cuerpos policiales que hacen el mismo trabajo que la Policía Nacional y la Guardia Civil».

«La aprobación de una ley de retribuciones que impida la existencia de desigualdades salariales entre la Policía Nacional y la Guardia Civil con otros cuerpos es más necesaria y urgente que nunca para proteger sus derechos económicos», defendió en comisión el ‘popular’ Rafael Nadal.

Asimismo, a su parecer, el Gobierno central «despreció el informe, encargado por el Gobierno del PP, que suponía destinar más recursos a la equiparación» y encargó uno nuevo que «tuviera en consideración sus pretensiones de no continuar incrementando las cantidades necesarias para la equiparación real, total y absoluta».

Con la aprobación de la PNL, el Parlament insta al Gobierno a permitir el retorno a la vida activa de los policías y guardias civiles que se encuentran en situación administrativa de Segunda Actividad o de Reserva, reconociendo el derecho a la equiparación y a realizar los estudios y modificaciones legislativas oportunas para aprobar la posibilidad de jubilación voluntaria anticipada.

El diputado recordó que en 2018 el Ministerio del Interior firmó un acuerdo «histórico» de equiparación salarial con los principales sindicatos y asociaciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil. «Un acuerdo que también incluía su modernización, la mejora de la calidad en la prestación del servicio u optimizar las condiciones de trabajo de los funcionarios de la Policía Nacional y la Guardia Civil», señaló Nadal.

En el pleno del Parlament también se ha aprobado por unanimidad el punto 2 de una PNL socialista sobre la continuidad de las actividades náuticas de carácter deportivo y recreativo y de los clubs náuticos, mientras que se ha rechazado, con 21 votos a favor y 26 en contra, una PNL del PP relativa al rechazo de la prohibición de los vuelos aéreos cortos.