El Parlament aprueba con los votos de PP y Més per Mallorca el decreto anti macrogranjas avícolas

PSIB y Vox han votado en contra del decreto y Unidas Podemos y Més per Menorca se han abstenido

Macrogranjas
Una granja de gallinas.

El Parlament ha convalidado este martes el el decreto ley de medidas urgentes para la protección de las personas y del medio natural en Baleares en relación con explotaciones ganaderas intensivas avícolas y ha aceptado que se tramite como proyecto de ley. Es el decreto que prohíbe granjas avícolas de más de 160.000 gallinas. El decreto ha salido adelante con los votos a favor de PP, Més per Mallorca y los diputados no adscritos Xisco Cardona y Lloren Córdoba. Han votado en contra Vox, PSIB y Agustín Buades mientras que Unidas Podemos y Més per Menorca se han abstenido.

En cuanto a la tramitación del decreto como proyecto de ley, solicitada por Vox y el PSIB, ha salido adelante con 31 votos a favor de todos los grupos, menos el PP, Llorenç Córdoba y Xisco Cardona que han votado en contra.

En concreto, la normativa prohíbe las macrogranjas avícolas de más de 160.000 gallinas y establecer otros límites al tamaño de estos proyectos en función a su cercanía con los núcleos urbanos. Así, las macrogranjas que alberguen a partir de 20.000 gallinas deberán situarse al menos a dos kilómetros lineales de distancia del suelo urbano residencial más cercano.

Entre los dos y los cuatro kilómetros, éstas podrán tener hasta 40.000 aves, mientras que entre los cuatro y los seis kilómetros podrán albergar hasta 60.000 ejemplares. El tope máximo se sitúa en las 160.000, que en cualquier caso deberán encontrarse a una distancia no inferior a esos seis kilómetros de distancia de los núcleos urbanos residenciales.

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, ha criticado durante su intervención la intención de «algunos» de politizar este tema que, a su parecer, tiene un carácter técnico, con «el objetivo de desgastar al Govern», informa Europa Press.

Según Simonet, la gran mayoría de la Cámara ha mantenido posturas a favor de trabajar en los problemas sobrevenidos y otros en contra, pero manteniendo un discurso «coherente» con lo que defienden.

El decreto, ha señalado, es sencillo y coge de referencia una directiva europea, así como reales decretos nacionales para regular únicamente los tamaños y distancias de las explotaciones avícolas intensivas.

«No hay que cargar el sector con más normas específicas», ha considerado el conseller, a la vez que ha argumentado que el decreto sólo pretende regular aquello que no establece el real decreto avícola nacional.

Por su parte, el diputado de Més per Mallorca Ferran Rosa ha indicado que el decreto está «lejos de ser una solución final a los problemas de las macrogranjas» pero que contribuye a resolver una parte del problema.

Igualmente, Rosa ha criticado las acusaciones cruzadas entre PP y PSIB en relación con el proyecto de la macrogranja de Sineu. «Planteamientos simplistas que no nos acercaban a encontrar una solución al problema», ha lamentado.

También ha puesto en valor el trabajo realizado desde Més per Mallorca que habló con el Govern y el PP para intentar parar la macrogranja en Sineu.

El diputado del PP Pedro Álvarez ha arrancado su intervención lanzando un mensaje de tranquilidad a los residentes del Pla de Mallorca. Según ha dicho, el decreto ley «no es una casualidad ni una invención ni un capricho», sino que es una herramienta que «da respuesta a una demanda concreta en el momento acertado».

Álvarez ha destacado que el Govern ha dado una solución a un problema y preocupación ciudadana, «demostrando así sensibilidad». «Se trata de garantizar la supervivencia de una comarca agrícola que siempre ha apostado por un modelo de ganadería extensiva», ha subrayado.

El popular ha agradecido el papel «constructivo» de Més per Mallorca y su voluntad para encontrar una solución, una actitud que, ha criticado, ha sido opuesta a la de los socialistas. «Hay dos posiciones en la izquierda mallorquina, dos formas de hacer oposición: la de Més que es una política útil, y la del PSIB que es jugar a la confusión y hacer política sucia», ha aseverado.

En cuanto a la tramitación del decreto como proyecto de ley, Álvarez ha explicado que su formación apuesta por el desarrollo de la Ley Agraria balear y que el sector «pueda opinar con tranquilidad».

Los grupos parlamentarios de Vox y el PSIB han votado en contra del decreto ley por diferentes razonas. Por un lado, el diputado socialista Marc Pons ha apuntado que el decreto ley es «débil» y presenta «falta de ambición».

«Con tres artículos no regulas un sector económico con la ganadería intensiva», ha considerado, a la vez que ha asegurado que el decreto no prohíbe la construcción de macrogranjas.

Pons ha argumentado que el terreno de Son Vanrell tiene 126 hectáreas, siete de las cuales están ubicadas a más de dos kilómetros del núcleo urbano y se pueden poner 40.000 gallinas.

Además, según el socialista, la Ley de simplificación administrativa facilita la segregación de las parcelas de forma rápida, de modo que «si el promotor decidiera crear dos sociedades diferentes y pedir dos proyectos de 39.000 gallinas en Son Vanrell se podría autorizar».

Por otra parte, el diputado de Vox Sergio Rodríguez ha resumido el voto en contra de su formación en que es un decreto ley «profundamente intervencionista». A su parecer, la normativa se contradice con los «intentos» de la simplificación administrativa.

Además, el diputado ha cuestionado cuál es la «extraordinaria y urgente necesidad» en aprobar este decreto si el proyecto de macrogranja de Sineu ya se ha parado. «Puede ser que se haya detenido el proyecto de una manera no ajustada por completo a derecho y ahora se busca una cobertura legal», ha sugerido.

Entre otras cuestiones, ha recriminado al Govern que haya pactado el decreto con los ecosoberanistas. «¿Son más importantes las gallinas que los principios?», ha preguntado al PP, agregando que «hay gente con la que no se puede pactar».

Por su parte, la diputada de Unidas Podemos, Cristina Gómez, ha considerado que era necesario establecer una moratoria de dos años en Baleares y para todo tipo de ganadería. «Si están en contra de las macrogranjas las tienen que prohibir en todos los pueblos de todas las islas», ha reivindicado.

En cuanto al proyecto de una granja porcina, presentado por la misma promotora de la macrogranja avícola en Sineu una vez este proyecto quedó archivado, Gómez ha dicho que son «los campeones en incumplir la ley» y que, por ello, es más necesaria la moratoria par «estudiarlo con tranquilidad».

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