Una legión de 300 altos cargos perderá su trabajo tras la debacle de la izquierda en Baleares

Una legión de 300 altos cargos perderá su trabajo tras la debacle de la izquierda en Baleares en las elecciones autonómicas y municipales del pasado 28 de mayo, que ha puesto fin a dos legislaturas de gobiernos de coalición de socialistas, independentistas de Més y Podemos en las principales instituciones de las Islas, convertidas durante estos ocho años en auténticas agencias de colocación de militantes y cuadros orgánicos de estas tres formaciones.

Sólo teniendo en cuenta las tres principales administraciones de las Islas presididas por el PSOE, el Govern balear de Francina Armengol, Consell de Mallorca liderado por Catalina Cladera, y el Ayuntamiento de Palma del alcalde José Hila, son más de tres centenares de puestos de confianza los que empezarán a desfilar de sus despachos desde el próximo 17 de junio.

En esa fecha se constituirán las nuevas Corporaciones locales, a las que seguirán los consells insulares, y finalmente el Govern balear, a principios del próximo mes de julio.

Armengol ha superado desde 2015 todos los registros en contratación de altos cargos, y ha tenido a su disposición en las diferentes Consellerias del Ejecutivo autonómico, 202 personas colocadas a dedo, ya sea por su partido o por sus socios de Més y Podemos.

Nada menos que ochenta más de las que tenía en 2015 el último Ejecutivo del PP, un total de 122. El contribuyente balear que soporta la mayor presión fiscal de España ha destinado cada año, sólo a pagar el séquito de personas afines al Ejecutivo de las Islas, más de 14 millones de euros.

A esta cifra hay que sumar los 2,8 millones anuales gastados con idéntico fin por el Consell de Mallorca, y los 1,2 millones que ha venido abonando  religiosamente cada ejercicio presupuestario, el alcalde socialista de Palma, José Hila.

La institución insular pasó de los 28 asesores con los que contaba el PP en 2015 a un total de 52, y el Ayuntamiento de Palma para no ser menos, de 34 a 46, con hasta 25 directores generales. Además, a esta cantidad habría que sumar la red de cargos de confianza colocados en empresas y organismos que conforman el denominado sector público instrumental, en cada única de estas tres administraciones.

Como siempre suele suceder en estos casos, el portavoz del gobierno municipal de Podemos, Alberto Jarabo, justificaba este engorde de cargos a dedo con el objetivo de «coger fuerza, músculo y poder sacar adelante las iniciativas que queremos desarrollar. Queremos una ciudad con buenos servicios públicos, políticas de vivienda y de movilidad sostenible», afirmaba.

Cuatro años después de aquellas declaraciones, Palma se ha convertido en la ciudad más sucia de España, en permanente colapso al no haber mejorado acceso alguno a la capital balear ni construido un solo estacionamiento en dos legislaturas, en una población con la vivienda más cara de España donde la edificación de pisos sociales ha sido testimonial, y sin haber realizado un gobierno municipal que ha manejado los mejores presupuestos de la historia, una sola rebaja fiscal.

En el caso del Govern, en el presente 2023 con un presupuesto de 7.133 millones de euros, 2.000 millones (1.976) se dedican a pagar empleados públicos y altos cargos, 700 millones más respecto a lo gastado en este capítulo por las arcas autonómicas en 2015, cuando Armengol aterrizó en el Consolat de Mar.