El Govern tramita macroparques solares que ocupan 600 campos de fútbol en el suelo rústico de Baleares

El Govern tramita macroparques solares que ocupan 600 campos de fútbol en el suelo rústico de Baleares desde la Conselleria de Transición Energética que preside el conseller de Podemos, Juan Pedro Yllanes, vicepresidente del Ejecutivo presidido por Francina Armengol.

Todo ello por la vía rápida, declarando de utilidad pública estratégica el alud de proyectos presentados por los promotores de estas plantas fotovoltaicas. Unas instalaciones requieren informes de la Consellería de Agricultura si ocupan más de cuatro hectáreas, como sucede en gran parte de los casos.

Si las tierras son consideradas de alto valor agrario, o de aprovechamiento limitado, será necesario que el proyecto deba incluir «medidas de complementariedad o compensatorias» para garantizar la integración de la instalación con la actividad agraria.

En estos momentos, ya se ha iniciado la habilitación de uno de los de mayor impacto. Está situado en la finca de Mainou, en el municipio de Consell que ocupará 60 hectáreas; el de Muro en la finca de Son Parera, serán 51 hectáreas, y están en tramitación o ya en funcionamiento, en Inca en las fincas de Son Bordills, Ses Veles, Siquier y Boqueta; en Lloseta en la antigua cementera; en Binissalem en Es Pelai y Can Bassó; en Santa Margalida en Vernissa Nou; en Santa Eulalia; en Alcudia en Ca na Lloreta y Can Balança; en Consell en Son Cocó, o en Selva, en S’Hort des Coll, entre otros.

El primero de los parques solares citados sobre una superficie total estimada de 146,54 hectáreas, ocupará unas 60,80 hectáreas aproximadamente, y está impulsado por Shams 1 Energy.

Al no haber ninguna ordenación territorial de estas infraestructuras, lo que habría implicado un plan de planificación de calado por parte de Consells y Govern, los ayuntamientos están recibiendo toda una batería de propuestas de parques fotovoltaicos de iniciativa privada que ya cuentan con el beneplácito del Govern.

En el caso de Sa Pobla sin ir más lejos, el Ayuntamiento ha anunciado la interposición de un recurso judicial ante la oposición vecinal al proyecto para frenar la instalación de uno de ellos, pese a que este ya cuenta con el aval del Ejecutivo balear .

Los argumentos vecinales están en línea con lo que vienen denunciando entidades ecologistas como Amigos de la Tierra, la Asociación de la Producción Agraria Ecológica de Mallorca (APAEMA), GOB Mallorca o Terraferida: la transición hacia una energía renovable no puede hacerse a cualquier precio, rechazando que estas iniciativas de empresas energéticas sean consideradas en su práctica totalidad como proyectos industriales estratégicos desde la Conselleria de Yllanes, para acortar así el procedimiento administrativo.

En suma, estas organizaciones rechazan la falta de garantías para que el suelo rústico y agrícola de Baleares no acabe convertido en 30 años en un campo de megaparques solares obsoletos abandonados.

Pero la rentabilidad para los propietarios de estas fincas rústicas en la casi ya extinta agricultura balear, que con ganadería y pesca apenas aporta el 0,8% del PIB, está fuera de toda duda.

Si hasta la fecha la productividad de esos terrenos había sido prácticamente nula, ahora supondrá ingresar de 3.000 a 5.000 euros limpios cada año por hectárea solar ocupada, y sin los quebraderos de cabeza que tienen que soportar a diario los sufridos, y casi heroicos, agricultores de las Islas.