La Fiscalía asume el caso del niño venezolano de 13 años que extorsiona a sus compañeros de clase en Palma

La Fiscalía de Menores y el Cuerpo Nacional de Policía han asumido formalmente la investigación sobre el presunto caso de extorsión protagonizado por un alumno venezolano de 13 años en un conocido colegio de Palma. Tras analizar los hechos y recibir las correspondientes denuncias interpuestas por varias familias ante la Policía Nacional, la Conselleria de Educación ha decidido trasladar el expediente a la Fiscalía, que a partir de ahora será la encargada de estudiar el caso y adoptar las medidas que considere oportunas.

El procedimiento da así un salto del ámbito estrictamente escolar al judicial. Según confirman fuentes del entorno educativo, una vez recopilados los testimonios de alumnos, padres y docentes, y valorada la gravedad de lo ocurrido, se activaron los protocolos correspondientes. Las denuncias presentadas ante el Cuerpo Nacional de Policía han sido determinantes para que el caso pase a manos del Ministerio Fiscal.

Los hechos se remontan a hace varios meses. «Quiero 10 euros por semana o vosotros veréis. Os pegaré a todos». Con esta frase, tan cruda como inquietante, el menor —de nacionalidad venezolana— habría sembrado el miedo entre sus compañeros, instaurando presuntamente un sistema de pagos semanales bajo amenaza. La cantidad exigida era fija: diez euros a cambio de no sufrir represalias.

Padres y profesores aseguran que el ambiente en el centro se volvió insostenible. Algunos alumnos acudían a clase con miedo, evitando determinados espacios del colegio y alertando a sus familias de las intimidaciones. En el entorno escolar, muchos lo apodaban el matón, debido a su corpulencia y comportamiento agresivo.

La dirección del centro adoptó inicialmente medidas disciplinarias, incluida la expulsión del alumno. Sin embargo, según denuncian las familias, las amenazas no cesaron completamente y llegaron incluso a producirse fuera del recinto escolar. Esta persistencia en la conducta llevó a los padres a dar un paso más y acudir a la vía penal.

Interpuestas las denuncias ante la Policía Nacional y una vez evaluada la situación, la Conselleria de Educación formalizó la transferencia del caso a la Fiscalía de Menores. Ahora será este órgano el que determine qué actuaciones proceden dentro del marco legal vigente.

Cabe recordar que el presunto autor tiene 13 años y, por tanto, es inimputable penalmente al no haber alcanzado los 14 años, edad mínima de responsabilidad penal en España. Esta circunstancia condiciona las posibles medidas judiciales, aunque la Fiscalía puede acordar actuaciones en el ámbito de protección y seguimiento del menor. De hecho, están esperando como agua de mayo que cumpla los 14 para que caiga todo el peso de la justicia sobre él en el caso de que no corrija su comportamiento delictivo.

El caso ha generado una fuerte preocupación en la comunidad educativa y ha reabierto el debate sobre cómo actuar ante situaciones graves cuando el presunto agresor no ha alcanzado la edad penal. Mientras la investigación sigue su curso bajo la coordinación de Policía y Fiscalía, las familias reclaman garantías para que sus hijos puedan acudir a clase con seguridad y sin miedo. De hecho, el temor es que algún familiar de las víctimas no se tome la justicia por su mano y lastime al extorsionador.