La ex presidenta socialista de Mallorca adjudicó ‘a dedo’ contratos por 1,8 millones a empresas de su pueblo
Son contratos de mantenimiento de los hipódromos de Palma y Manacor
La ex presidenta socialista de Mallorca Catalina Cladera, hoy en las filas de la oposición en el Consell, adjudicó 1,8 millones a dedo a empresas de su pueblo, Sa Pobla. Así lo ha denunciado el actual gobierno insular de coalición de PP y Vox, que ha expresado sus «dudas» respecto a la gestión que llevó a cabo el anterior gobierno en cuanto a la administración del Instituto del Deporte Hípico, puesto que se destinaron un millón de euros a Sa Pobla.
La portavoz popular en la institución insular, Núria Riera, ha manifestado que su formación ha conocido que el control financiero ha detectado «incidencias» entre los años 2019-2023 cuando el Pacte gobernaba en la institución insular.
«De siete millones de euros destinados a tareas de mantenimiento, casi dos millones de euros fueron efectuados sin cumplir con el procedimiento regular establecido», ha apuntado, remarcando que el PP considera «abusiva» la cantidad que ha sido dada sin adjudicar por oferta pública.
Asimismo, ha incidido en que «entre estos contratos a dedo hay beneficiadas empresas de Sa Pobla», de donde es la expresidenta insular Catalina Cladera.
«Como mínimo llama la atención que, con su llegada a la presidencia, el Consell hiciera pagos a sociedades de un municipio que no tiene vinculación con el trote y la tradición hípica», ha cuestionado.
Riera ha resaltado «la casualidad que supone que en la legislatura anterior a la del Pacte de la izquierda no se contratará a ninguna empresa de dicha localidad».
Por ello, el PP ha pedido que Cladera dé «todas las explicaciones» de forma «urgente» y que «asuma las responsabilidades que le corresponden».
Por otro lado, ha valorado positivamente la «reacción de la institución insular que está llevando a cabo un análisis exhaustivo de las facturas para conocer si existieron irregularidades en la gestión del Pacte relacionada con el Instituto del Deporte Hípico».
Desde las filas de Vox el conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, reveló que el gobierno insular está «mirando las facturas para ver si hay más cosas que no son normales», ha puntualizado, remarcando que «lo más normal» hubiera sido que los 1,8 millones de euros se hubiesen hecho con contratos.
Sobre el millón de euros destinado a «contratos directamente a Sa Pobla», cuando se suelen destinar a Palma y Manacor, hay hipódromos, Bestard ha indicado que cuando la expresidenta Catalina Cladera gobernaba el Consell «no funcionaba la transparencia». «Ella es de Sa Pobla y daba el trabajo a la gente de Sa Pobla».
Desde las filas socialistas el conseller insular no ejecutivo, Andreu Serra, no ha entrado en dar muchas explicaciones sobre las contrataciones y se ha limitado a criticar el «uso político» del PP del Instituto del Deporte Hípico asegurando que el gobierno insular del que formaba actuó «con la máxima transparencia», en relación con posibles contratos a dedo en la anterior legislatura.
«Tanto PP como Vox están usando el Instituto Hípico y el mundo del trote para hacer una mala política. Con esta táctica no conseguirán desviarnos de nuestro propósito de fiscalizar la gestión del Consell y de su presidente», ha apuntado Serra, subrayando que todas las contrataciones menores de la pasada legislatura al Instituto «tienen expedientes demostrables».
En detalle, ha explicado que en esas contrataciones directas se llamó al menos a tres empresas, el técnico del área del Instituto validó el trabajo hecho, el administrador el albarán y después el presidente. Además, ha indicado que los gastos llegan más tarde al Consejo Rector del Instituto que tiene toda la información y aprueba finalmente el gasto.
Igualmente, el socialista ha señalado que en esta legislatura PP y Vox «siguen exactamente los mismos procedimientos y sistemas de contratación que se usaban hasta ahora».
Según Serra, se continúan haciendo contratos menores, reconocimiento extrajudicial de crédito (REC) y omisión de fiscalización (OFI), por la especificidad de las contrataciones y por la inmediatez de la necesidad dado que el Instituto del Deporte Hípico está abierto los 365 días del año, y a veces, necesita intervenciones de urgencia.
«Siempre se ha actuado con la máxima transparencia y legalidad», ha insistido.