La Audiencia de Palma ordena investigar a la Consejería del ex juez de Podemos Yllanes por corrupción

La Audiencia de Palma ha emitido un auto por el que ordena investigar la actuación de la Conselleria de Industria que preside el ex juez de Podemos Juan Pedro Yllanes, que también es el vicepresidente del Govern de Armengol, por un presunto delito de corrupción. La orden va dirigida al Juzgado de Instrucción número 1 de Palma que había  archivado el caso desvelado por OKDIARIO alegando defectos en la presentación de la querella.

Concretamente, la titular del Juzgado de Instrucción número 1 cuestionaba que la querellante estuviera legitimada para intervenir en la causa así como que se hubiera visto perjudicada por el supuesto caso de corrupción que denunciaba. La denuncia versaba sobre la falsificación de un documento público por parte de la Conselleria de Yllanes con la finalidad de favorecer a determinadas empresas del sector náutico en perjuicio de otras.

La querellante es Cristina Picazo Arenas, socia y administradora única del Grupo Fabkina, la principal empresa que se vio perjudicada por la falsificación del documento público. La Audiencia de Palma desmonta todos los argumentos del Juzgado de Instrucción para archivar la causa y sostiene que la falsificación de un documento oficial «es un delito público, esto es que debe perseguirse independientemente de la voluntad de los que pudieran ser perjudicados por el delito».

La Audiencia explica además que la obligación de perseguir los delitos independientemente del interés que pueda tener el denunciante está avalada por el Tribunal Constitucional.

En definitiva, que la juez instructora debe reabrir la investigación en cualquier caso y tanto si la querellante es o no persona perjudicada. La reapertura de la causa implica que el vicepresidente del Govern, Juan Pedro Yllanes, tendrá que prestar declaración ante la juez dado que así lo solicita la parte querellante.

Concretamente, el ex juez de Podemos Yllanes deberá declarar por el caso de corrupción relacionado con las maniobras realizadas por su Conselleria para favorecer a un determinado grupo de empresas del sector náutico afines al pacto de izquierdas que gobierna en las Islas. La declaración será como testigo.

Aparte de Yllanes, también será citado como querellado Antonio Morro, director general de Política Industrial, un departamento perteneciente a la Conselleria de Yllanes. Como testigo también se solicitó la comparecencia ante el juez de Manuel Porras, que era el director general de Política Industrial en el anterior Govern del pacto de izquierdas y cuando el conseller responsable de Industria era el socialista Iago Negueruela. Igualmente se cita como querellada a Teresa Relea, que firmó el informe jurídicos que posibilitó el archivo de los expedientes contra las empresas denunciadas por infracciones graves contra la seguridad industrial y la protección del medio ambiente.

Como ha ido contando OKDIARIO, el Juzgado de Instrucción número 1 de Palma instruye la querella contra el Govern presentada por el Grupo Fabkina por presuntos delitos de prevaricación y falsificación de documento público. La supuesta prevaricación se basa en el archivo sin justificar de los expedientes que el propio Govern había abierto a una serie de empresas del sector náutico que trabajan en el Puerto de Palma por incumplimiento grave de la normativa sobre seguridad industrial y protección del medio ambiente.

El supuesto delito de falsificación de documento público se refiere a la resolución firmada el 29 de julio de 2020 por la que se archivan los expedientes antes mencionados. En realidad este documento no se firmó el 29 de julio sino que fue creado y firmado el 10 de septiembre del mismo año, según certifica el informe de los peritos judiciales informáticos.

Lo que sucedió es que el 9 de septiembre de 2020 el juez inició la instrucción por la no tramitación de los expedientes sancionadores y solicitó a la Conselleria de Yllanes que le remitiera toda la documentación sobre el caso. Un día después el Govern saca a relucir la resolución por la que se indica que ya no hay expedientes para tramitar y que, por tanto, no hay nada que investigar.

El truco estuvo en crear el documento un día después de que el juez solicitara toda la documentación y que se firmara poniendo la fecha 29 de julio. Esta falsificación de documento público figura en la ampliación de la querella presentada por el Grupo Fabkina.

Al mismo tiempo que sucedía todo esto, el propio Govern estaba concediendo importantes subvenciones a las empresas expedientadas dentro de su programa para potenciar el sector náutico. Lo que no podía suceder en ningún caso es que el Govern apareciera como financiador de unas empresas que estaban expedientadas por graves infracciones a la normativa sobre seguridad industrial, entre otras.

Así las cosas, la decisión tomada por los consellers Juan Pedro Yllanes y Iago Negueruela fue hacer desaparecer los expedientes mediante un resolución por la que se resolvía que no había infracciones. Sin expedientes, ya no hay sanciones, que hubieran sido muy elevadas en aplicación de la normativa.

Ya para concluir, si ya no hay expedientes ya no hay investigación judicial por la no tramitación de los expedientes y en consecuencia se archiva el caso.

El problema surge cuando el denunciante, el Grupo Fabkina, recurre el archivo judicial y la Audiencia de Baleares ordena al Juzgado proseguir con la causa. Después llegó la ampliación de la querella y ahora, la petición de comparecencia del juez Yllanes ante el juez para ser interrogado.