Una inquiokupa marroquí echa a una anciana con demencia de su casa en Palma y realquila las habitaciones

Indignación, impotencia y rabia en la barriada palmesana de La Soledad. María, una vecina de más de 65 años, enferma y con demencia diagnosticada, vive un auténtico calvario: no puede entrar en su propia vivienda, mientras una inquilina -marroquí de unos 45 años- que ya no tiene contrato sigue dentro y hasta hace negocio realquilando habitaciones. La historia parece sacada de una película de terror, pero es real.

Lo que ocurre con María es el retrato más cruel de una España que ha perdido el norte. La protagonista de esta historia tiene su casa pagada, pero no puede vivir en ella. La inquilina a la que alquiló la vivienda por 750 euros —650 realmente, porque tiene la comunidad incluida— se niega a marcharse tras acabar el contrato. No sólo eso: ha convertido la casa ajena en un negocio, alquilando habitaciones como si fuera una agencia inmobiliaria improvisada. Mientras tanto, la propietaria legítima duerme en sofás, acogida por sus hijos, enferma, desorientada y sin un techo que pueda llamar suyo. Sí, tiene una vivienda… pero la ley no le permite entrar en ella.

El caso roza lo surrealista: cuando la familia intenta frenar el abuso y evitar que sigan entrando inquilinos nuevos en la vivienda, la Policía Local acude y lejos de entender la situación y tener algo de empatía con los afectados y denuncia a los hijos por coacciones. Nos encontramos ante un caso de inquiokupas que aprovechando el falso buenismo existente en España cometen auténticas atrocidades con personas enfermas e indefensas. Todo ello, amparado por jueces que miran hacía otro lado.

Los que defienden a su madre acaban siendo tratados como delincuentes, mientras la auténtica víctima queda desamparada por una justicia que no se atreve ni a actuar. ¿Dónde está la protección para los ciudadanos honrados? ¿Dónde está la ley cuando una anciana enferma es expulsada de su propio hogar? Silencio. Burocracia. Expedientes que se acumulan en los juzgados mientras una mujer mayor se desmorona, esperando que alguien haga algo.

Este caso no es solo una historia personal: es el reflejo de un país que protege más al abusador que al honesto. Un país donde tener una vivienda puede convertirse en una pesadilla. Y donde, día tras día, la justicia se queda mirando, impasible, mientras los vulnerables pagan las consecuencias. María no pide dinero. No pide favores. Sólo quiere volver a su casa. Pero en esta España absurda, eso parece ser demasiado pedir.