El PP pide explicaciones a Montero tras destaparse 250 millones más de los ERE: «Es corrupción en serie»

El PP de Andalucía (PP-A) ha exigido explicaciones a María Jesús Montero, actual vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, tras conocerse que el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha sacado a la luz una nueva pieza del caso ERE con 261 millones en ayudas irregulares concedidas por la Junta socialista de Andalucía a ex trabajadores de Delphi. Montero, que formó parte de aquellos gobiernos socialistas andaluces y hoy es secretaria general del PSOE de Andalucía (PSOE-A), guarda silencio.

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, ha denunciado públicamente que «el caso ERE no ha acabado» y ha apuntado directamente a la ministra Montero como parte de «ese legado de corrupción en serie» que dejó el PSOE en Andalucía. A través de sus redes sociales, Repullo ha exigido que la dirigente socialista «dé explicaciones» tras revelarse esta nueva ramificación del escándalo.

La pieza separada investiga el reparto de 261 millones de euros en subvenciones presuntamente ilegales a ex trabajadores de Delphi y empresas auxiliares. El juez ha procesado a siete ex altos cargos socialistas de la Junta, entre ellos cuatro ex viceconsejeros, dos ex directores generales de Trabajo y un ex director general de la agencia IDEA. Además, hay cinco personas más investigadas, incluidos representantes sindicales de CCOO y UGT y un directivo de la mediadora Uniter.

«¿Va a dar explicaciones o se va a esconder este fin de semana en otro acto de partido?», ha preguntado Repullo a Montero, acusándola de guardar silencio pese a haber sido consejera de Salud en la etapa en la que se concedieron estas ayudas. El dirigente del PP andaluz ha señalado además que «este es el modelo Montero, esto es lo que el PSOE quiere traer a Andalucía», en alusión al presunto uso fraudulento de fondos públicos sin control ni justificación.

El juez considera que estas subvenciones se otorgaron sin procedimiento legal alguno, al margen del control administrativo, y que no existía interés público en su concesión. Se entregaron entre 2009 y 2010 mediante pólizas de prejubilación que IDEA financió con cargo a fondos públicos. En total, se investigan pagos por más de 261 millones de euros.

Desde el PP-A insisten en que María Jesús Montero no puede desentenderse de este nuevo capítulo del caso ERE, puesto que formaba parte de los gobiernos responsables de estos fondos. Consideran que su papel como máxima dirigente del PSOE andaluz y su actual cargo en el Gobierno de Pedro Sánchez la obligan a dar explicaciones políticas inmediatas.