El alcalde del PP de Palma acaba con la moratoria turística y autoriza 50 plazas en edificios protegidos

El alcalde del PP de Palma, Jaime Martínez, acaba con la moratoria turística y autoriza 50 plazas hoteleras en edificios protegidos que será aprobada por el pleno del próximo día 25. El gobierno municipal deja así sin efecto el acuerdo del anterior equipo de gobierno del ex primer edil socialista José Hila, de julio de 2022, en aplicación de la Ley 3/2022, del 15 de junio, de medidas urgentes a la sostenibilidad y la circularidad de Baleares.

En consecuencia, los establecimientos de alojamiento turístico respecto de los cuales antes de entrada en vigor de la Ley estuvieran implantados en edificios que sean bienes de interés cultural o catalogados, y estén situados en zona clasificada como urbana o rústico común, podrán adquirir o intercambiar plazas turísticas con los límites fijados en la disposición transitoria segunda de la Ley 3/2022, sin que el Ayuntamiento de Palma formule ninguna excepción al respeto.

En total, 50 plazas turísticas en edificios protegidos para la apertura de pequeños hoteles boutiques. La proposición del concejal de Urbanismo del PP, Óscar Fidalgo, que ha contado con el respaldo de Vox, se debatirá en el próximo pleno del Ayuntamiento de Palma y prevé la derogación de la medida que adoptó el anterior gobierno municipal el año pasado, que prohibía que se implantaran plazas turísticas en edificios BIC o catalogados, según ha informado el departamento de Urbanismo.

La Ley 3/2022 de medidas urgentes a la sostenibilidad y la circularidad de Baleares permite suspender la posibilidad de adquirir plazas turísticas y de intercambio de plazas entre particulares. No obstante, han indicado que la citada ley permitía que se pudiesen implantar plazas turísticas en edificios BIC o catalogados.

El equipo de gobierno del PP apoyado por Vox desde la oposición considera que la adquisición de plazas o el intercambio de éstas en este tipo de establecimientos «no pone en peligro el modelo de ciudad que se plantea ni los logros de sostenibilidad turística que se pretenden alcanzar».

Por ello, y como recoge la propuesta que ha sido ya aprobada inicialmente en la comisión informativa previa al pleno por ambas formaciones, la decisión se ha adoptado en base «a las instrucciones manifestadas por parte del equipo de gobierno surgido a raíz de las elecciones municipales del mes de mayo de 2023».

En concreto, el acuerdo hace referencia a la aplicación de esta excepción contenida en el apartado 4.h de la Disposición Adicional I de la citada legislación, en cuanto a la posibilidad de adquirir plazas turísticas en establecimientos de alojamiento turístico, respecto de los cuales, antes de entrada en vigor de la citada ley estuvieran implantados en edificios que sean bienes de interés cultural o catalogados y estén situados en zonas clasificadas como urbana o rústico común.

La tramitación y aprobación de este acuerdo, se ha llevado a cabo con el rechazo de las formaciones del anterior gobierno municipal, ahora en la oposición, caso de la portavoz socialista Rosario Sánchez, que lo calificó de «dudosa legalidad».

Sánchez denunció que la iniciativa «tiene nombres y apellidos» y criticó que PP y Vox trabajen para un modelo de ciudad más turística, con más plazas y en la que los residentes pierden calidad de vida, pese a que sólo son medio centenar de habitaciones las que se ponen en el mercado.

Una medida, por tanto, de un alcance más que limitado y destinado a un turismo de calidad y de alto poder adquisitivo que es el que, en teoría, venían defendiendo las formaciones del anterior Ejecutivo.

Desde Vox por ello su número uno en el Consistorio, Fulgencio Coll, les recriminó a los partidos de la oposición su rechazo a los hoteles boutique y que a edificios protegidos o BIC se les pueda dar un buen uso, dándole además opciones a los propietarios para obtener un rendimiento al patrimonio, antes de que esas históricas construcciones, como ha sucedido con no pocos inmuebles del casco antiguo, acaben en la ruina.