PP y Vox crean en Zaragoza un canal interno anónimo para denunciar posibles casos de corrupción

El Ayuntamiento de Zaragoza ha dado luz verde a la implantación de una medida anticorrupción para alertar de sospechas de delitos o infracciones que puedan cometerse en la institución, a través de una vía interna de denuncias, siguiendo el ejemplo de Madrid.

Se trata de la creación de un sistema interno de información al que podrá recurrir cualquier ciudadano o funcionario, ante la sospecha de una irregularidad preservando en todo momento el anonimato del denunciante a fin de evitarle posibles represalias.

De esta manera, se pone en el centro a las personas que trabajan en el Ayuntamiento, y que son, a menudo, las primeras en tener en conocimiento amenazas o perjuicios para el interés público.

Esta medida anticorrupción que implementará a partir de abril el Ayuntamiento de Zaragoza, nace de una propuesta del Grupo municipal de Vox, liderado por Julio Calvo, que presentaron en el mes septiembre del año pasado, y que el equipo de Gobierno de la alcaldesa popular Natalia Chueca, ha decidido adoptar.

En dicha moción, el PSOE se abstuvo y Zaragoza en Común (ZEC) votó en contra, tal y como ha advertido el concejal de Vox, Armando Martínez, en la rueda de prensa conjunta dada con el concejal de Transformación Digital y Transparencia, Miguel Ángel García Muro.

«La izquierda siempre ha escurrido el bulto, cuando de implementar este sistema de anticorrupción se ha tratado», ha expresado Martínez, para aclarar las propias declaraciones del popular García Muro.

Hay que tener en cuenta que el PP no cuenta con mayoría absoluta en Zaragoza y que los votos de los cuatro concejales de Vox son imprescindibles para sacar adelante las propuestas, pese a que Natalia Chueca esté a un concejal de dicha mayoría absoluta.

De ahí la predisposición del Consistorio por aceptar esta medida de los de Abascal, en un momento crucial para el Ejecutivo municipal que quiere ver aprobada la nueva y polémica Ordenanza de Movilidad Sostenible, y que se está encontrando con la resistencia de Vox por estar marcada fuertemente por la ideología de la Agenda 2030 y que, de aprobarse, supondrá una transformación profunda de la movilidad urbana hasta como la conocíamos hoy en día.

¿En qué consiste esta medida anticorrupción de Zaragoza?

Los de Vox han exigido que se implante en Zaragoza una Directiva de la Unión Europea. En concreto la directiva 1937/19, que los estados miembros debían trasponer a su derecho interno en diciembre de 2021, con la consecuencia de que las demás administraciones también las aplicasen a fin de favorecer la trasparencia. Hay que señalar que esta directiva europea, se enmarca en el derecho a la libertad de expresión.

Con esta medida anticorrupción implantada en el Ayuntamiento de Zaragoza, se busca «paliar la imagen de corrupción que nos estamos acostumbrando a ver», ha advertido el de Vox, «con medidas como estas, seguro que se hubieran podido mitigar el caso PSOE de las mascarillas».

En otros ayuntamientos españoles, como en Madrid, la directiva se ha empezado a aplicar. De hecho, tal y como recoge la moción presentada por los de Vox, el propio director de la Oficina Antifraude del Ayuntamiento de Madrid, «mostraba a los medios de comunicación su extrañeza de que en otros consistorios importantes del país no hayan implantado aún sus propios canales y buzones de denunci».

En el caso del de Zaragoza, se ha perfilado una nueva fórmula. Se tratará de un órgano unipersonal, para «evitar brechas de seguridad», han aclarado desde el Ayuntamiento. El personal municipal podrá hacer llegar las sospechas de infracción y delito, por teléfono, correo electrónico, a través de la web municipal, de manera presencial y por videoconferencia.

De tal manera que los propios funcionarios, así como ciudadanos, que puedan sospechar de acciones indebidas en el Ayuntamiento de Zaragoza, puedan denunciarlo.

El anonimato y la anticorrupción en el Ayuntamiento de Zaragoza

Un aspecto fundamental de esta medida anticorrupción es el blindaje que tendrá el denunciante. En todo caso, los informantes tienen el derecho de mantener el anonimato y de que no puedan requerirles más información. Así se intenta que los denunciantes potenciales no renuncien a informar sobre sus preocupaciones o sospechas por temor a las represalias directas e indirectas.

El objetivo es la protección de las personas que, en un contexto laboral o profesional, detecten acciones que puedan ser constitutivas de infracciones o delitos de cualquier calado. Es decir, cuestiones relacionadas con la contratación, prevención del blanqueo de capitales, protección del medio ambiente, salud pública, protección de la privacidad y los datos personales, etc.

Acuse de recibo y plazo máximo para una respuesta

El Ayuntamiento de Zaragoza, una vez recibida la comunicación, está obligado a enviar un acuse de recibo en siete días como máximo y, en otros diez días como máximo, deberá determinarse si se admite o no la queja.

La instrucción recoge, de manera general, que los responsables del canal interno podrán tomar las medidas necesarias para comprobar la veracidad de los hechos denunciados. Una vez estudiados los hechos, se archivarán, se pondrán en conocimiento de la autoridad competente o el Ministerio Fiscal o, incluso, se abrirá un procedimiento sancionador.

Cabe destacar que el informante recibirá actualizaciones sobre su caso desde que se registre y tendrá que resolverse la situación en un plazo máximo que marca la ley de tres meses desde su conocimiento por parte de la administración.

La corrupción, una preocupación de la ciudadanía

Tal y como advierten los de Vox en la moción presentada, la corrupción y el descrédito de las instituciones y sus representantes políticos, es una de los problemas que hacen referencia los ciudadanos en las encuestas.

Según publicó ONG Transparency International, España está al mismo de percepción de la corrupción, que países como Cabo Verde o Botswana, ocupando el puesto 35 de 180 países, y el puesto 14 de los 27 de la Unión Europea.

Hay que señalar además que el último informe de evaluación del grupo anticorrupción GRECO del Consejo de Europa sobre España, publicado en 2022, reflejó que en nuestro país sólo se habían aplicado parcialmente 7 de las 19 recomendaciones efectuadas.