El dictamen de las renovables en Aragón no detecta ilegalidades, pero urge a regular el sector

Con el dictamen hecho público este viernes, se da por concluida la Comisión de investigación sobre las renovables en Aragón. Una Comisión que se constituyó a comienzos de enero de este año, en la que se han podido escuchar un total de cuarenta y dos cargos públicos, organizaciones medioambientales, experto y técnicos en renovables, sin que finalmente hayan podido enviar a la Fiscalía ninguna presunción de delito sobre lo que se había realizado anteriormente en Aragón y que ponía el foco fundamentalmente en la empresa Forestalia y en la actuación del INAGA.

El dictamen de la Comisión de las renovables en Aragón recoge las conclusiones y el análisis realizado sobre la implantación de las energías renovables y la actuación del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) en el proceso, que tan polémica despertó durante el periodo electoral entre la hasta entonces oposición conversadora del PP y Vox, quienes amenazaron con llevar a la Fiscalía cualquier actuación que consideraran ilícita del Gobierno de izquierdas cuatripartito,  liderado por Javier Lambán.

Unas sospechas de corrupción en Aragón que impulsaron al bipartito PP y Vox a la creación de esta Comisión de investigación en noviembre, y que salió adelante con el apoyo de CHA, Aragón Teruel Existe, PAR, IU y Podemos, y la abstención del PSOE.

Necesidad de un plan

De tal forma que, tras seis meses y 50 comparecencias, el dictamen de la Comisión no ha detectado ilegalidades, pero urge a regular el sector en las 19 conclusiones aprobadas por unanimidad entre los grupos, de las 166 propuestas, a fin de conocer «la idoneidad de la implantación de proyectos de renovables en determinadas zonas de Aragón, teniendo en cuenta todos los impactos ambientales, paisajísticos, sociales y territoriales».

Puesto que, en el dictamen de la Comisión sobre las renovables en Aragón, se reconoce que es necesario «el desarrollo de una planificación que, entre otras cuestiones incluya una zonificación ambiental, en los términos que marca la Unión Europea, de despliegue preferente de renovables, facilitando, así la autorización rápida de los proyectos en estos espacios y garantizando la protección de otros».

El dictamen pone de relieve la importancia de técnicas de «protección ambiental (evaluación ambiental y otro tipo de controles y autorizaciones ambientales), la Administración ambiental debe eliminar o minimizar el impacto ambiental que las instalaciones de energías renovables causan a la flora y fauna, al paisaje, etc.».

Ahora bien, pese a que ninguno de los grupos expresa en sus conclusiones la posibilidad de irregularidades penales en Aragón, justifican que no era el objeto de esta Comisión sobre las renovables ni tampoco se disponía de efectivos para poder llevar a cabo un análisis de ese calibre.

Un hecho que, en cierta manera, ha podido resultar decepcionante para la ciudadanía, si se tiene en cuenta las denuncias de las organizaciones civiles que alertan del grave riesgo de este tipo de desplieguen en zonas protegidas como el Javalambre, el Matarraña…, puesto que, aunque se regule a partir de ahora, nada cambiará lo que hasta ahora se ha ocasionado en el medio ambiente.

La presión a los alcaldes

Ahora bien, donde no se ha encontrado unanimidad a última hora ha sido en el punto sobre si hubo presión a los alcaldes, dado que el PP ha defendido que sí que las hubo y es un hecho «probado», por declaraciones, por ejemplo, del actual presidente popular de la Diputación Provincial de Teruel, Joaquín Juste, alcalde de Lidón.

Un hecho por el cual han confrontado el PP y el PSOE, quien ha pedido «respeto a los alcaldes», puesto que según él «todos y cada uno de ellos han declarado que no hubo presiones».

La Comisión de las renovables en Aragón

El diputado del PP, Fernando Ledesma, quien ha sido el presidente de la Comisión, ha sido el encargado de presentar el dictamen, recalcando que la comisión de investigación «no es la Fiscalía» y que las responsabilidades políticas se pagaron en las elecciones autonómicas de 2023.

«Las energías renovables son una oportunidad para Aragón. Es el fruto del desarrollo de todas esas renovables que Aragón la sitúa como un hub tecnológico importantísimo, no solo en España, sino en todo el sur de Europa», ha continuado añadiendo que «el anterior Gobierno no quiso ordenar la implantación de las renovables ni organizar el trabajo que debía hacerse desde la Administración y lo hizo de manera consciente y voluntaria. No tenía intención y lo sabía y no quisieron hacerlo».

El parlamentario de Vox, Juan Vidal, ha dicho que «desde el inicio se constató que los grupos políticos PSOE, PAR, Chunta y Podemos, los mismos que conformaban el anterior gobierno cuatripartito, se esforzaron en que esta comisión cerrara en falso, sin esclarecer la gravedad de los hechos».

El balance general que hace VOX se puede resumir en que lo que se ha hecho en estos años «con el despliegue de renovables se hizo muy mal, que la implantación de las energías renovables ha supuesto un ataque a una parte muy importante de los aragoneses, especialmente a los que viven en los pueblos en el Aragón rural. Se ha destrozado el paisaje, atacado a nuestra ecología y a cambio no se ha creado riqueza, ni se ha revertido en forma alguna para revertir la despoblación del Aragón rural».

Ahora bien, el hecho de que en la Comisión no se haya podido deducir que hubo irregularidades ha sido una cuestión que el diputado socialista Carlos Pérez Anadón, quien fuera en el anterior mandato consejero de Hacienda y Administración Pública, ha subrayado que «nadie ha planteado responsabilidades penales de técnicos y políticos; nadie ha enviado conclusiones al ministerio fiscal como se previó; no existen conclusiones exigiendo responsabilidades políticas ni revisión de oficio de las anteriores gestiones».