El PP acusa al socialista Lambán de saber que la ley de renovables «invadía competencias estatales»

El Gobierno de Aragón esperará la respuesta del Tribunal Constitucional (TC) sobre los 20 artículos impugnados en el recurso presentado por el Gobierno de Sánchez sobre el decreto-ley 1/2023 de las renovables. Así lo ha anunciado la portavoz del Gobierno y consejera de Industria y Economía, Mar Vaquero, en la rueda de prensa convocada este miércoles tras el Consejo de Gobierno.

En función de ello, prepararán «una ley específica que dé garantía jurídica a todos los operadores del sector», ha afirmado.

Así mismo, la portavoz ha desmentido las acusaciones del PSOE sobre la reunión bilateral que mantuvieron con el Gobierno de España, donde los socialistas han manifestado desconocer dicho encuentro: «Me extraña que diga eso, porque fue el anterior Gobierno quien cursó la petición».

También han solicitado una respuesta de los servicios jurídicos para saber cómo queda la ley en esta situación: «Queremos blindar la seguridad jurídica en este materia».

«La filosofía del gobierno de Aragón es llevar a cabo la ordenación de las energías renovables, de la mano del territorio, para hacerlo respetando los recursos naturales», ha afirmado.

Sobre este aspecto, ha insistido que desde el Gobierno de Aragón seguirán potenciando las energías renovables pese al recurso del decreto-ley ante el TC, pero «siempre de una manera ordenada, regulada, y de la mano del territorio, sabiendo que es necesario respetar nuestros recursos naturales, paisajísticos, turísticos».

Además, ha indicado que se ha producido una «desincronización» entre el Estado y la comunidad, porque «había legislación europea a la espera de trasponer por el Estado y en este periodo, entre la aprobación del decreto-ley, ya se ha producido». Esto es lo que «tenemos que analizar», ha explicado Vaquero.

Ante el recurso en el TC del decreto-ley de medidas urgentes para el impulso de la transición energética y el consumo de cercanía de Aragón, Vaquero ha planteado que podría ser «finalmente derogado, y que haya que hacer una ley con garantías para todos los operadores jurídicos para poder aprovechar todo el potencial de energía renovables que tiene Aragón».

Lambán vs. Sánchez: «Un ring de boxeo»

«Estamos hartos de que Aragón sea el ring del boxeo entre el PSOE Aragón y el PSOE nacional», ha expresado en rueda de prensa este miércoles el vicepresidente de Aragón y consejero de Justicia, Despoblación y Cohesión del Territorio, Alejandro Nolasco, haciendo alusiones a la mala relación entre ambos líderes.

Vaquero y Nolasco han coincidido en recordar que el Gobierno de coalición de PP y Vox constituyó en noviembre la comisión de investigación sobre las renovables para esclarecer si hubo regularidades. El Gobierno de Aragón tendrá «en cuenta en dictamen de esa comisión porque ahí se van a recoger las aportaciones de todas las fuerzas políticas», ha indicado Vaquero.

Por otro lado, desde el actual Ejecutivo se está desarrollando un plan energético, ya contemplado en este decreto-ley, por un grupo de trabajo multidisciplinar.

Nolasco ha señalado que acuerdo de uno de los puntos programáticos del pacto de PP y Vox, indica que la «reordenación y planificación del despliegue de las instalaciones de renovables en el territorio», será «respetando los recursos naturales, económicos, turísticos y paisajísticos».

Artículos de la ley de las renovables de Aragón en el recurso ante el TC

Este pasado martes, el Consejo de Ministro aprobó un acuerdo para la impugnación ante el TC de veinte preceptos del decreto-ley, que el cuatripartito de Lambán (PSOE, PAR, CHA y PODEMOS), aprobó en Aragón a escasos meses antes de terminar la legislatura, y ante el cual PP se abstuvo.

El decreto-ley de medidas urgentes para el impulso de la transición energética y el consumo de cercanías en Aragón, se aprobó con el objetivo de abaratar el precio de la energía y situar a la comunidad en una posición aventajada para competir con la instalación de las renovables, y así atraer inversión a la comunidad.

Precisamente para tener «la energía más barata» de España. Y este es el punto central del recurso de Sánchez por el que ha sido impugnado ante el Tribunal Constitucional veinte artículos, que equivalen a un tercio de la norma aprobada, dado que los de Sánchez consideran que Lambán excedió las competencias autonómicas en materia de energía.

Según indica el recurso, en referencia al subsector eléctrico diferenciado, en algunas ocasiones se rige «por sus propias normas especiales y categorías que no están previstas ni en la normativa básica estatal ni en el derecho de la Union Europea».

En @cortes_aragon anuncio dos leyes que permitirán a #Aragon liderar la producción de energías renovables en #España y hacerlo en provecho de la Comunidad,para consumir aquí lo que generemos aquí. @GobAragon y @aragonenergia vamos a crear un sistema energético pionero en #España pic.twitter.com/pi5Gb5LC0d

— Javier Lambán (@JLambanM) January 26, 2023

El debate entorno al decreto-ley no es nuevo, puesto que ambas instituciones, después de su aprobación, intentaron negociar sin éxito el asunto en una comisión bilateral de cooperación. Es por ello que, tras cumplirse casi seis meses del plazo previsto en estos casos, el Gobierno de España ha terminado por impugnar el decreto-ley aragonés.

El Gobierno de España indica que los preceptos impugnados podrían poner en riesgo la estabilidad del sistema eléctrico y del régimen económico del mismo, si se generalizan sus previsiones al conjunto de la comunidades autónomas.

En concreto, se impugnan los art. 4, 5, apartados 1, 2 y 4; art. 6; art. 7, apartado 1, 2 y letras a), b) y c) del apartado 3; art. 12, apartado 2, en cuanto al inciso «las redes interiores podrán establecerse en cualquier nivel de tensión a efectos de autoconsumo», y apartado 3, en cuanto al inciso «y a establecer y operar redes interiores de cualquier nivel de tensión para establecer sistemas de autoconsumo»; art. 13, apartados 2, 3 y 4; art. 19, art. 22.2; art. 38, art. 39, art. 40, apartados 2 y 3; art. 59, la disposición adicional cuarta y la quinta, y la disposición transitoria tercera.