La UCO ve tráfico de influencias en la venta de una parcela municipal a la mujer del socialista Pineda

El Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla ha acordado este miércoles, 15 de octubre, levantar el secreto de sumario en la causa que investiga las circunstancias que rodearon el arrendamiento y posterior venta de una parcela de Emvisesa, empresa municipal de la vivienda, a Olga Pérez, odontóloga de profesión y esposa del socialista Rafael Pineda, ex jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Andalucía y antiguo alto cargo del Ayuntamiento de Sevilla.

La decisión judicial coincide con una nueva visita de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a las oficinas de Emvisesa. Esta unidad especializada acudió para recabar el expediente completo relacionado con dicha parcela, situada en la zona de Pino Montano, entre las calles Estrella Castor y Estrella Vega, junto al área comercial del Higuerón. Se trata de un terreno de más de 10.000 metros cuadrados cuyo procedimiento de arrendamiento se inició el 1 de julio de 2016.

El caso se centra en cómo se produjo ese arrendamiento y su evolución posterior. En 2016, Emvisesa abrió un proceso para arrendar el suelo y solo recibió una propuesta, la de Olga Pérez, que resultó adjudicataria al no haber competencia. El contrato de arrendamiento se formalizó el 8 de febrero de 2017 con la empresa Higuerón Real Estate, creada por Pérez días después de conocer que había ganado el concurso. Esta sociedad subarrendó luego los terrenos a otras compañías.

A través de estos subarriendos, Pérez obtenía ingresos con los que cubría el canon anual que debía abonar al Ayuntamiento (108.000 euros) y generaba además beneficios económicos. En ese espacio se instalaron una franquicia de Burger King (Megafood S.A.), una gasolinera (Petronieves S.L.) y un local de KFC gestionado por Higuerón Restauración S.L., otra empresa de la que también era propietaria. En este último caso, Pérez se subarrendó a sí misma.

En paralelo, el gobierno municipal del socialista Juan Espadas intentó sin éxito varias permutas para enajenar ese terreno. Finalmente, en septiembre de 2024, el gobierno actual de José Luis Sanz vendió la parcela directamente a Olga Pérez por unos 1,7 millones de euros, precio fijado por tasación. Esta venta puso fin al arrendamiento y convirtió a la esposa de Rafael Pineda en propietaria de los suelos.

Cabe destacar, sin embargo, que lo que ha motivado la investigación judicial no fue la operación en sí, sino cómo se llegó hasta ella. La UCO puso el foco sobre esta parcela durante una investigación más amplia por blanqueo de capitales procedente del narcotráfico. En ese contexto, la Guardia Civil interceptó una conversación entre Rafael Pineda y uno de los implicados en la causa principal. Esa llamada llevó a abrir una pieza separada centrada en la operación de Emvisesa.

Según fuentes judiciales, esta nueva línea de investigación trata de esclarecer si existieron delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Rafael Pineda ya está personado en la causa con abogado y procurador, aunque por el momento no figura como investigado formalmente. La juez ha solicitado un informe completo a la UCO sobre los hechos.

La resolución judicial permite ahora a las partes acceder al contenido de la causa y conocer los detalles recabados hasta el momento. Los investigadores siguen analizando documentación, desde el inicio del expediente en 2016 hasta la venta en 2024, para determinar si se favoreció indebidamente a Olga Pérez o si hubo algún uso de influencias por parte de su marido o de terceros vinculados a la administración.