El Supremo confirma la condena al hermano del socialista Borbolla por desviar 8,4 millones de los ERE

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena al ex alcalde socialista de Cazalla de la Sierra (Sevilla) Ángel Rodríguez de la Borbolla, hermano del ex presidente de la Junta de Andalucía José Rodríguez de la Borbolla, a un año y medio de prisión y a indemnizar con 8,4 millones de euros a la Junta por el cobro irregular de ayudas públicas vinculadas al fraude de los ERE.

El alto tribunal ha ratificado íntegramente la sentencia dictada por la Audiencia de Sevilla en junio de 2022, que condenó a Rodríguez de la Borbolla como cooperador necesario de un delito continuado de prevaricación en concurso medial con otro delito continuado de malversación de caudales públicos, con la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas. El Supremo ha desestimado tanto el recurso de la defensa como el presentado por la Junta de Andalucía, al que se adhirió el PP.

En su resolución, la Sala de lo Penal concluye que Borbolla obtuvo nueve subvenciones de forma «arbitraria», al margen de cualquier procedimiento legal y con una «injustificada merma del erario público». El Supremo subraya que los fondos se destinaron en gran parte a gastos corrientes de las empresas y al pago de acreedores, sin que se acreditara su uso para los fines que justificaban la concesión de las ayudas.

Las subvenciones procedían de la partida presupuestaria 31L de la Junta de Andalucía –utilizada en el sistema fraudulento de los ERE– y beneficiaron a varias empresas del sector del corcho vinculadas al condenado, entre ellas Corchos y Tapones de Andalucía (Cortansa), Corchos de Cazalla, Servicios y Mantenimiento de Cazalla, Enoworld y Corchos Higuera.

Control empresarial y contactos políticos

La Audiencia de Sevilla consideró probado, y el Supremo ahora avala, que Rodríguez de la Borbolla controlaba y dirigía desde comienzos de los años 2000 un grupo de empresas del sector del corcho radicadas en la Sierra Norte de Sevilla, principalmente en Cazalla de la Sierra y El Pedroso. Era socio –en casi todas ellas mayoritario– y administrador, de hecho o de derecho, de unas sociedades que «atravesaban una mala situación económica que las abocaba al cierre y liquidación».

Según la sentencia, el acusado sabía, gracias a sus cargos públicos previos –alcalde y diputado provincial– y a su pertenencia al PSOE, partido que gobernaba entonces en la Junta, que la Consejería de Empleo otorgaba ayudas a fondo perdido a empresas. Tras varios contactos con responsables políticos, fue derivado al entonces director general de Trabajo y Seguridad Social, Francisco Javier Guerrero, a quien ya conocía por ser natural de El Pedroso, lo que le abrió la puerta a la obtención de «numerosas ayudas por elevados importes».

El tribunal destaca que las subvenciones no se publicitaron, no se tramitaron mediante procedimiento administrativo alguno ni se sometieron a controles, y que se concedieron tras «simples conversaciones», sin llegar a presentar siquiera una solicitud formal ni aportar documentación mínimamente seria sobre la situación económica de las empresas, sin aportar tampoco cuentas auditadas y sin proyectos que garantizaran la viabilidad de las empresas o el mantenimiento del empleo.

En total, el grupo empresarial controlado por Rodríguez de la Borbolla recibió 8.408.096 euros, siendo plenamente «consciente» –según la sentencia de la Audiencia– de que las ayudas respondían a la «libérrima voluntad» de los cargos públicos con los que había contactado. El Supremo concluye que el aprovechamiento económico para las empresas fue «palmario» y que concurren todos los requisitos exigidos por la jurisprudencia para apreciar el delito de malversación.

La Audiencia de Sevilla absolvió en su día a otros cuatro acusados que fueron juzgados como cooperadores necesarios, una decisión que queda confirmada tras el fallo del Supremo.