Kichi y dos de sus concejales declaran por prevaricación en el fichaje de un asesor de Podemos

El ex alcalde de Cádiz José María González Kichi ha declarado este lunes como investigado por un presunto delito de prevaricación en la incorporación a su gabinete de un asesor de Podemos. Según la acusación, se le otorgaron poderes especiales en el Ayuntamiento de Cádiz sin estar dado de alta como funcionario y sin ningún respaldo documental. También han declarado como investigados dos de sus concejales, el de Personal y el de Hacienda, y dos asesores.

El ex regidor ha asegurado ante el Juzgado de Instrucción nº 2 de la capital que el Ayuntamiento actuó «con estricto cumplimiento de la legalidad y teniendo conocimiento de lo que se podía y no se podía hacer», por lo que espera que se archive la causa.

«No tenemos nada que esconder. Estamos absolutamente tranquilos. Todo lo que se hizo se hizo por el bien de la ciudad y evidentemente con un estricto cumplimiento de la legalidad. Se ha respondido con todo nuestro afán de esclarecer los sucesos y de colaborar con el desarrollo de la justicia. Nosotros somos los primeros interesados en que se aclare el tema. No tenemos nada que esconder», ha afirmado Kichi a la salida de los juzgados.

El ex alcalde de Cádiz ha tirado de ironía para recalcar que «sorprendentemente, (en la causa) también se presenta como acusación el PP, como en las 17 anteriores». «Parece ser que en esta ciudad, según la estrategia que se ha mantenido, y 17 denuncias anteriores avalan lo que digo, para el PP el mero hecho de no gobernar ya es ilegal, y todo lo que emane del ejercicio de su no gobierno, también lo es», ha zanjado.

El fichaje de Fernando García Acuña

A pesar de apuntar hacia el PP, la investigación de la Fiscalía durante estos tres últimos años tiene su origen en una denuncia del sindicato CCOO, que en 2021 informó de una serie de «graves irregularidades» en el Ayuntamiento de Cádiz «que pudieran ser constitutivos de un presunto delito de prevaricación y usurpación de funciones».

Los hechos se centran en el papel que desempeñó en el consistorio Fernando García Acuña, un asesor que la Administración local trajo a Cádiz en 2018 y que durante varios meses estuvo analizando y manipulando documentos municipales pese a que no formaba parte de la plantilla. Tampoco fue nombrado asesor del alcalde ni de su gobierno ni de ningún ente dependiente del Ayuntamiento, según la acusación.

De las diligencias se desprende que la llegada del asesor al gabinete de Alcaldía estaría avalada por la organización nacional de Podemos, para la que García Acuña trabajaba en Madrid. Llegó a Cádiz para asesorar en materia de contratación, en la que lo consideraban un experto, dando órdenes que debían ser acatadas por los funcionarios y siendo respaldado por el equipo de gobierno.

El Ayuntamiento negó que García Acuña ocupara despacho o utilizara ordenador de titularidad municipal, y no consta la existencia de una cuenta institucional de correo electrónico, teléfono móvil o recurso similar, pero la investigación revela que esta persona traída desde Madrid utilizó entre noviembre de 2018 y abril de 2019 un despacho frente a la Alcaldía como punto de trabajo y de encuentro con otros funcionarios y miembros del equipo de Kichi.

La investigación deberá ahora concretar si este asesor de Podemos cobró alguna cantidad o se aprovechó de los recursos del Ayuntamiento, además de esclarecer si su papel tuvo alguna influencia en los expedientes municipales.

Adelante Andalucía ha sostenido este lunes que la investigación a Kichi es sólo un caso más de «lawfare» y de instrumentalización de la justicia. «Le han puesto 18 denuncias y 17 han sido archivadas. Y la 18º también será archivada», ha apuntado el  responsable de Organización del partido, Néstor Salvador, que ha advertido de que esta imputación es un «aviso para el que quiera ser alcalde en su ciudad y no sea de los partidos del régimen».