Juzgan al socialista Pérez-Sauquillo por el desvío de 166.000 € después de años regateando al juez

Este próximo 2 de junio está previsto que se celebre en la Audiencia de Sevilla un nuevo juicio contra Tomás Pérez-Sauquillo, ex presidente de Invercaria y ex alto cargo socialista, por su papel en la concesión irregular de préstamos participativos a la entidad jiennense Bioaveda, en el marco de la macrocausa por la gestión fraudulenta de esta empresa pública andaluza. El proceso se centra en el presunto desvío de fondos públicos por valor de 166.101 euros, que la Fiscalía reclama como cuantía a resarcir a la Administración.

El juicio debía haberse iniciado en junio de 2023, pero fue suspendido por el estado de salud del acusado, al igual que otros procesos similares en los que también está imputado. En esta ocasión, la causa se centra exclusivamente en los préstamos otorgados a Bioaveda en los años 2006 y 2009, cuando Pérez-Sauquillo dirigía Invercaria, una sociedad de capital riesgo adscrita a la Junta de Andalucía a través de la Agencia IDEA.

Según el escrito de acusación del Ministerio Público, en noviembre de 2008 los técnicos de Invercaria advirtieron numerosas deficiencias en el proyecto de inversión de Bioaveda. Entre ellas, señalaron una «débil imagen en el mercado», «dudas sobre la patentabilidad» de los productos y «debilidades en la estructura del proyecto». Pese a estas advertencias, Pérez-Sauquillo firmó en abril de 2009 un nuevo préstamo participativo de 90.000 euros, actuando «a sabiendas de la nula capacidad de la sociedad para la devolución de los fondos».

El informe fiscal también indica que el acusado, sin contar con las competencias necesarias, acordó en noviembre de ese mismo año la ampliación del vencimiento de otro préstamo participativo anterior, concedido en 2006 también por 90.000 euros, a pesar de que Bioaveda no había acreditado las inversiones comprometidas para su justificación.

La Fiscalía considera que estos hechos constituyen un delito continuado de prevaricación en concurso con un delito continuado de malversación de caudales públicos. Por ello, solicita para el ex presidente de Invercaria una pena de seis años y seis meses de prisión, 20 años de inhabilitación absoluta y la obligación de devolver 166.101 euros a las arcas públicas.

Este juicio se suma a otros muchos en los que Pérez-Sauquillo ha sido investigado y en algunos casos ya condenado. Entre ellos figuran préstamos participativos irregulares a empresas como Aceitunas Tatis, Fumapa o Cedes Electria. En febrero de este año comenzó otro juicio por los fondos concedidos a Astraea Astilleros, y están pendientes varias causas más, como las ayudas de más de 2,2 millones de euros otorgadas a distintas sociedades del grupo Keepfresh, cuya vista fue suspendida en abril por razones médicas.

En 2023, se suspendieron también otros juicios en su contra, como el relativo a la empresa Electronics Devices Manufacture por valor de 1,18 millones de euros, y otro sobre la firma malagueña Servivation. Las reiteradas suspensiones han ido dilatando una macrocausa que involucra a decenas de sociedades financiadas por Invercaria sin control ni supervisión administrativa efectiva.