Juicio por la corrupción socialista en Andalucía: el sobrino de Felipe González, en el banquillo por Invercaria

Felipe González
El ex presidente del Gobierno Felipe González.
Borja Jiménez

Siguen avanzando los juicios que investigan la corrupción socialista en Andalucía. Este lunes, arrancaba un nueva sesión de una pieza separada de las irregularidades detectadas en la empresa de capital riesgo Invercaria, dependiente de la Junta socialista de Andalucía a través de IDEA. En esta pieza, una de las personas a las que se investiga es a Juan María González Mejías, ex director de Promoción de Invercaria y sobrino del ex presidente del Gobierno Felipe González, curiosamente socialista. Además, también figuran como acusados el ex presidente y exconsejero delegado de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo; el exdirector financiero Antonio Garrido y dos ex directores de Promoción, Cristóbal Cantos y Juan María González Mejías, sobrino este último del expresidente socialista del Gobierno Felipe González.

Durante la sesión ha testificado el exdirectivo de Invercaria Estefan M., actualmente incorporado en IDEA, quien a preguntas de la Fiscalía ha explicado que allá por 2005 estaba trabajando en Alemania pero su pareja era una mujer de Sevilla, contexto en el que a través de alguien que ya no recuerda supo de la posibilidad de acceder a trabajar en la agencia IDEA.

Tras algunas entrevistas de trabajo, según ha rememorado, en IDEA le habrían comunicado según sus palabras que en la sociedad de capital de riesgo Invercaria, adscrita a la primera, «había surgido» un puesto para el cual él contaba con un perfil adecuado dada su trayectoria profesional previa.

Fue después, según ha narrado, cuando celebró una entrevista con el que fuera presidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo, -condenado a tres años y medio de cárcel por la pieza correspondiente al préstamo de Invercaria a la empresa Aceitunas Tatis y acusado en este procedimiento judicial-, quien le habría anunciado su contratación fijando además él las retribuciones en su calidad de presidente de la entidad.

Tras un periodo de trabajo en Invercaria, según ha relatado, comenzó a prestar servicios en el «observatorio» de innovación ligado a IDEA con el «consentimiento» de Pérez-Sauquillo, según ha asegurado.

Subidas salariales

Preguntado por cómo sus remuneraciones habrían comenzado con unos 42.000 euros anuales en 2005 para superar supuestamente los 71.000 euros pocos años, Estefan M. ha manifestado que él no solicitó esos incrementos de salario y que no le «extrañaron», exponiendo que en Alemania comenzó a trabajar por unos 50.000 euros al año y dos años más tarde cobraba unos 200.000 euros. Incluso podía pensar que era «poco» salario, según ha razonado.

La causa, recordémoslo, gira en torno a supuestas «actuaciones manifiestamente contrarias a derecho en materia de retribuciones del personal y finiquitos», en detrimento del patrimonio público del que se nutría Invercaria.

En cualquier caso, este testigo ha defendido que su sueldo estaba plenamente «justificado» y «sí» de lo ganaba como tal, señalando su cualificación profesional y semanas de hasta «40 horas extra» trabajando además los fines de semana.

En el mismo sentido ha testificado Cayetana A., miembro igualmente de la plantilla de Invercaria y que ha explicado que a la hora de incorporarse a la entidad, sólo solicitó conservar las remuneraciones de las que ya gozaba en el sector privado, asegurando que ella no pidió las alzas retributivas que le fueron aplicadas ya en la citada sociedad de capital de riesgo, en la que su «jefe» como tal era Nieto Garrido.

Investigación judicial

Durante la instrucción del caso, el magistrado Juan Gutiérrez Casillas señalaba supuestas «actuaciones manifiestamente contrarias a derecho en materia de retribuciones del personal (de Invercaria) y finiquitos, actuaciones que supusieron» la «disposición de importantes cantidades de dinero a favor de los investigados».

De este modo, sostenía que Pérez-Sauquillo -condenado a tres años y medio de cárcel por la pieza separada por el préstamo a la empresa Aceitunas Tatis- «asumió, entre otras, las facultades de contratar y separar empleados y señalarles las correspondientes retribuciones y puestos de trabajo», de forma que «decidía qué personas eran contratadas para trabajar en Invercaria, así como los sueldos». Según el instructor, «esta decisión la adoptaba el expresidente sin adaptarse a ningún procedimiento legalmente establecido».

El juez agregaba que el 17 de abril de 2006, Nieto suscribió un contrato de trabajo con Invercaria como director financiero, siendo acordado sin «fundamento objetivo que lo justificara» retribuir a este investigado de 2007 a 2010 con «cifras salariales muy superiores a las que le correspondían según su contrato y la legislación, sin causa legal justificada».

En paralelo, el 1 de noviembre de 2005, Cantos suscribió un contrato con Invercaria como director de Promoción en el centro de trabajo de Sevilla, agregando que, en julio de 2007, Invercaria concedió a éste un préstamo de 30.000 euros a devolver mediante un descuento en la nómina.

El juez aseveraba que el expresidente y el exdirector financiero de esta sociedad, «manejando los fondos públicos de Invercaria, decidieron condonarle la cantidad pendiente de devolución del préstamo», con lo que «permitieron que obtuviera un lucro indebido en detrimento de Invercaria». El instructor considera en ese sentido que estos tres investigados «eran conscientes y sabedores de lo irregular e ilegal de la condonación de la cuantía adeudada».

Préstamo

A continuación, el magistrado señalaba que, el 1 de julio de 2005, Juan María González suscribió un contrato con Invercaria como director de Promoción en el centro de trabajo de Sevilla, de modo que cuando comenzó a trabajar esta sociedad de capital riesgo, «a petición» de este investigado, «se subrogó en el préstamo personal que IDEA le había hecho durante el tiempo que desarrolló su trabajo» allí, una operación con la que «pasó a contraer una deuda con Invercaria» de 17.468,75 euros «en concepto de préstamo que debía devolver en 60 meses mediante detracciones mensuales» de su nómina.

El juez precisa que, a la finalización de la relación laboral, González «tenía pendiente de devolver 27.406 euros de los que Invercaria le había prestado» y señala que Pérez-Sauquillo y Nieto «decidieron condonarle esa cantidad», con lo que «permitieron que obtuviera un lucro indebido en perjuicio de Invercaria».

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