La Junta socialista regó con 1,5 millones una empresa eólica: Andalucía no vio «ni molinos ni dinero»

La Audiencia de Sevilla ha celebrado esta semana la segunda sesión del juicio de una pieza clave dentro de la macrocausa de corrupción de la empresa de capital riesgo de la Junta de Andalucía, Invercaria. El tribunal investiga ayudas de 1,5 millones de euros concedidas por la entidad a Cedes Electria, compañía eólica destinada a crear aerogeneradores de viento en la comunidad e impulsada por empresarios vinculados al PSOE.

Pero, tal y como constató el fiscal Anticorrupción en la primera sesión del juicio, «en Andalucía ni hay molinos ni dinero». La Fiscalía atisba un delito de prevaricación y un delito de malversación de caudales públicos.

Entre los acusados, la secretaria general de Desarrollo Industrial y Energético de la Consejería de Innovación entre 2002 y 2012, consejera del Consejo Rector de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) y vocal del Consejo de Administración de Invercaria, Isabel de Haro Aramberri. La exalto cargo ha detallado al tribunal que Ivercaria inyectó 1,5 millones en Cedes dado el «interés» mostrado en el proyecto por la Consejería de Innovación, dirigida entonces por el socialista Francisco Vallejo.

También comparecen en el banquillo el expresidente de Invercaria, Tomás Pérez-Sauquillo y el exdirector de IDEA y consejero de Invercaria, Bienvenido Martínez Martínez.

Cabe recordar que Pérez-Sauquillo acumula ya tres condenas previas en otras tres piezas de la macrocausa: fue sentenciado a tres años y medio de cárcel por el préstamo de Invercaria a la empresa Aceitunas Tatis, a dos años y tres meses de prisión por los gastos de personal de Invercaria y a tres años y un día de cárcel por el préstamo a la empresa Fumapa.

Ante las preguntas del fiscal delegado Anticorrupción y contra la Delincuencia Organizada Fernando Soto, el expresidente de Invercaria ha negado cualquier «relación» previa con los empresarios también acusados en el juicio y promotores de Cedes Electria, que son José Luis Manzano Seco, Federico Mañero Ruiz y Enrique García Chelle. Es más, ha asegurado que no llegó a celebrar «ninguna reunión» con Manzano o Mañero.

Ayudas y préstamos «sin control»

Mientras el fiscal considera que tras una reunión inicial en 2008 con la asistencia del consejero de Innovación, Francisco Vallejo, coincidente con la creación de Cedes, Isabel De Haro pidió a Pérez-Sauquillo «todo lo necesario» para invertir en Cedes y éste concedió las ayudas y préstamos «sin cumplir el trámite interno establecido en el Plan Director de Inversiones» de la empresa y sin «seguimiento ni control de la inversión», Pérez-Sauquillo ha alegado que Invercaria funcionaba como mera «herramienta instrumental» de IDEA y de la Consejería de Innovación.

Francisco Vallejo, condenado por esta misma Sección Primera de la Audiencia por el procedimiento mediante el cual la Junta de Andalucía orquestó la financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) investigados por irregularidades y ayudas arbitrarias sin publicidad, será llamado a declarar como testigo en el caso merced a lo planteado por la defensa de Isabel de Haro en la fase de cuestiones previas del juicio.

Asegurando que no es su intención «señalar a nadie», y ante las repetidas preguntas del fiscal, Pérez-Sauquillo ha asegurado así que las directrices «venían de la Consejería».

Facturas ficticias y proyectos de terceros

La propia consejería, según ha manifestado, habría «estudiado» y trasladado a Invercaria el proyecto de inversión, indicando desde dicha administración autonómica según sus palabras que «iban a constituir Cedes» y que Invercaria habría de participar en la entidad naciente. La aportación inicial de 42.000 euros de Invercaria en Cedes, según ha asegurado, habría derivado igualmente de la Consejería. «Nosotros ahí no decidimos nada», ha indicado.

La Consejería, según ha insistido, «dijo cuál era el proyecto» de inversión y que sería «estudiado» por dicho departamento antes de ser derivado a Invercaria, toda vez que el fiscal considera que los fondos públicos destinados a Cedes fueron gastados en actividades desarrolladas por empresas de los promotores de la nueva entidad, en servicios de consultoría del entorno de Manzano, facturas ficticias de Mañero y Chelle y Mañero y proyectos de terceros como los de Electria Wind y Eolincyl.

«Nosotros no llevábamos la gestión de Cedes», ha alegado el expresidente de la entidad ante las preguntas del fiscal sobre el desarrollo de los fondos aprobados.

Perjuicio de más de 1,8 millones

Mientras el fiscal ha preguntado si la inversión en Cedes contó con los beneplácito de los departamentos de Invercaria encargados de analizar los proyectos de inversión, pues habría carecido del preceptivo plan de negocio, Pérez-Sauquillo ha alegado de su lado que la Consejería contaba con «los mejores» profesionales y expertos y el proyecto de inversión contaba con «una documentación tremendamente sólida y completa», por lo que Invercaria se limitó, según sus palabras, a «validar» la actuación planeada, que según la Fiscalía ocasionó un perjuicio de más de 1,8 millones de euros al erario público.

En cualquier caso, ha insistido en que Invercaria sólo «validó» el proyecto de inversión porque el mismo «superaba la capacidad de análisis tecnológico» de la sociedad de capital de riesgo, centrada según ha alegado en aspectos «financieros».

Del mismo modo, el expresidente de Invercaria ha alegado que Cedes contaba con «financiación externa» por más de ocho millones de euros y previsiones de generar aproximadamente «80 millones». Era, según ha expuesto, «uno de los proyectos más importantes» de Invercaria, es decir «palabras mayores».

En paralelo, mientras la Fiscalía le achaca las decisiones respecto a un préstamo participativo de 408.000 euros y una inversión adicional de 700.000 euros en favor de Invercaria, así como otro préstamo participativo de 400.000 euros «huérfana de todo procedimiento» en favor de la sociedad Consultora para la Sostenibilidad Integral (CSI), promovida por las empresas de Manzano y Mañero y finalmente absorbida por Cedes, Pérez-Sauquillo ha alegado que Invercaria no tomó la «decisión» de invertir en CSI.

Negando la tesis del fiscal respecto a que la creación de CSI fuese una operación destinada a «camuflar» un nuevo préstamo, el acusado ha atribuido a la Consejería la designación de CSI como «plataforma» para las inversiones incentivadas.