La Junta socialista de Andalucía no comprobaba si sus subvenciones iban a «terroristas y traficantes»

La auditoría que Grant Thornton ha realizado sobre Soprea (Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía) ha evidenciado la pésima gestión y falta de control durante décadas de la Junta socialista de Andalucía, que además de permitir que la sociedad alcanzara altas tasas de morosidad, denotó una total falta de control que, según los auditores, podrían haber permitido que solicitantes de fondos hubieran sido traficantes de droga o terroristas.

Soprea, participada íntegramente por la extinta Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), fue creada en 1983 con el objetivo de favorecer el desarrollo económico y social de Andalucía, sin embargo, la auditoría de Grant Thornton ha demostrado que, además de su elevada tasa de morosidad, Soprea ha operado durante años con una alarmante falta de control a la hora de comprobar si los solicitantes de fondos se encontraban en listas inhabilitantes de sancionados.

Los auditores, de hecho, señalan que no han tenido «constancia» de que la Junta socialista de Andalucía haya comprobado «que las personas físicas y las personas jurídicas» a quienes se otorgaban subvenciones «se encuentren en listas de sancionados, a efectos de evitar dotar de fondos reembolsables a personas que blanqueen capitales (traficantes de drogas, terroristas, etc.)”.

De hecho, los auditores advierten de que sólo se realiza un proceso de autenticación «para comprobar que la/s persona/s que poseen más de un 25% de las participaciones o del derecho a voto (…) son quienes dicen ser». Además, Grant Thornton subraya que tampoco «se realiza un proceso de Autorización (AUTHZ) explícito en el que se compruebe como tal en un listado del SEPBLAC la no aparición de la/s persona/s físicas asociadas con la empresa y la prueba de dicha consulta a Bases de Datos de sancionados (terroristas, etc.)».

Morosidad y mala gestión

Sobre el análisis de las inversiones en empresas participadas, y “en un entorno de crecimiento económico como lo fueron los años 2016 y 2017” como subrayan los auditores, las dos únicas ampliaciones de capital realizadas (para los Parques Científico-Tecnológicos de Almería y Córdoba, PITA SA y Rabanales SL, respectivamente) tienen una “tasa de éxito del 50%”, ya que el parque cordobés quebró y está en concurso de acreedores tras un desembolso de 4,7 millones de euros por el 20,12% de participaciones con un saldo contable 0 (cero) a día de hoy para Soprea.

La auditoría de Grant Thornton también recuerda que no hay problemas en sólo dos de las seis últimas operaciones formalizadas por Soprea como intermediadora de fondos reembolsables Jeremie (todas en 2018, antes del cambio de Gobierno, porque la reforma de la Ley de Contratos dejó a esta sociedad pública fuera del negocio), así como que hay “problemas reales” de morosidad en dos “cuyos impagos superan el año”.

En relación a esta morosidad acumulada, varios elementos llevan a concluir que ha existido una despreocupación institucionalizada en esta sociedad pública. Por un lado, en las alegaciones planteadas por Soprea a los auditores, sale a relucir un dato tan relevante que acaba incorporado al informe: “El Consejo de Administración del Fondo Jeremie Multiinstrumento acordó autorizar en 2014 un techo de morosidad del 50% para el Fondo”. 

Por otro lado, los auditores señalan que “el área de recuperaciones está infradimensionada”, para hacer frente a una ratio de morosidad “en torno al 30%”, recomendando reforzar los recursos disponibles para devolver al erario público los fondos mal empleados, más aún cuando la crisis económica derivada del Covid-19 “está aumentando la carga de trabajo de esta área”. “Aunque esta tasa (30%) no alcanza el límite del 50%
2014”, añade como coletilla final el informe de las conclusiones generales.

También se deduce que la pervivencia de Soprea bajo los últimos gobiernos del PSOE en buena medida fue gracias a su antigua participación en VEIASA (Verificaciones Industriales de Andalucía SA), sin la cual los números rojos no habrían podido maquillarse. Y es que la auditoría refleja que hasta 2019 los ingresos por participadas se situaban en torno a los 20 millones de euros anuales, lo que suponía el 90% del importe neto de la cifra de negocio de Soprea.

Sin embargo, a cierre de ejercicio 2020 nos topamos con un resultado negativo en las cuentas de esta sociedad cifrado en -1,14 millones de euros, que se debe a “la salida de Soprea de la entidad participada VEIASA», toda vez que dejaba de percibir el dividendo anual de 18 millones de euros.

Es revelador, además, el resultado de un muestreo aleatorio sobre 6 de las 26 empresas aún participadas por Soprea. Sólo una, Aerópolis, no está quebrada o en fase de liquidación. Participada al 59,95% por la auditada y al 40,05% por la Agencia IDEA, que ha absorbido a Soprea. Los auditores también señalan que el 55,51% del patrimonio neto de Aerópolis lo forman subvenciones no reintegrables, por lo que el valor de cada acción aparece inflado contablemente y “no estaría clara la solvencia de esta empresa”.

Soprea, además, contaba con un Mapa de Riesgos y Controles externalizado con 106 controles identificados, “de los cuales 65 están calificados como críticos” (el 61,3%) y donde no se incluían riesgos como el de la posible financiación a “personas o empresas que realicen actividades de blanqueo de capitales” o la “falta o error en la inscripción de la garantía y formalización de una operación no aprobada”.