Los dueños del ‘Scándalo’ acusados de proxenetismo dicen que «salvaron a las chicas y las llevaron a un convento»

La Audiencia Provincial de Málaga está juzgando el caso S’cándalo, una causa con 21 procesados investigados por su relación con una cadena de locales de alterne con tres locales en Málaga y otro en Córdoba. Estas personas están acusadas de varios delitos, entre los que destacan el de prostitución y contra la salud pública.

En total, el Ministerio Público pide 4.000 años de cárcel para todos los imputados. Únicamente el cabecilla de la cadena se enfrenta a 680 años entre barrotes a petición de la Fiscalía. Por delante hay 11 sesiones de juicio donde se escuchará a 200 testigos, 8 de ellos serán testigos protegidos.

En el primer día de toma de declaraciones, los acusados aseguraron ante los magistrados que los locales no eran «clubes de alterne, sino hoteles en los que las chicas eran huéspedes». Incluso uno sostiene que gracias a esa labor «rescataron» a algunas chicas y, ironiza, «las llevaron a un convento». Defienden que se trataba de una cadena de hoteles y no negocios de prostitución, por lo que niegan ser proxenetas. En este sentido, comentaron que a mujeres que ejercían la prostitución en locales con baja salubridad, les ofrecieron la oportunidad de alojarse en su supuesta cadena hotelera.

El cabecilla de la trama no declaró en el juicio alegando una enfermedad, como recoge el diario ABC en su edición andaluza. Está acusado de haber cometido más de 150 delitos de prostitución que acarrean los citados 680 años de prisión.

Según los procesados, que evitaron responder a la Fiscalía para centrarse en las de sus defensas, los clientes que pagaban las habitaciones podían usarlas como quisieran. De esta forma, daban a entender que el trato entre las mujeres y los hombres quedaba fuera de su control. Uno de los testigos confesó que «era vox pópuli» que se ejercía la prostitución en las habitaciones, pero que «ellas eran sus propias jefas, pagaban su habitación y tenía los derechos de cualquier hotel».

Los acusados remarcaron que en como cualquier hotel los datos personales de los usuarios eran anotados en la base de datos de la empresa y se enviaban a la Policía como es habitual.

Versión de la Fiscalía

Por su lado, el Ministerio Público enmienda la plana de esta versión. Asegura que la organización contaba con una clara estructura de jerarquía con un dueño que controlaba el negocio de la prostitutas, al menos hasta finales del año 2009. La Fiscalía, así, subraya que los cuatro locales tenían un funcionamiento muy parecido en el que las chicas tenían «una relación absoluta de subordinación sin libertad en cuanto a la forma y condiciones en las que ejercían la prostitución».

Aunque la investigación apunta a que las prostitutas iban rotando entre los diferentes clubes, los responsables de la cadena S’cándalo manifiestan que eran meras huéspedes.

La Fiscalía trató con sus preguntas de averiguar si había sanciones económicas o expulsiones de las chicas si no acataban las órdenes de los jefes. Sin embargo, las cuestiones cayeron en saco roto porque, como se ha expuesto, los acusados sólo respondieron a sus abogados.

Del mismo modo, el Ministerio Público intento saber más sobre el presunto consumo de sustancias ilegales. En este punto, uno de los imputados contestó que la directriz era expulsar a cualquier persona que fuera pillada en el interior de los establecimientos consumiendo drogas.

Además, la Fiscalía considera que entre 1995 y 2009 se estableció un sistema para explotar sexualmente a las mujeres en jornadas de hasta 12 horas diarias. Todo ello conllevó 18 millones de euros en beneficios. Pingues ganancias que fueron debidamente escondidas en empresas interpuestas. Según los fiscales, las chicas vivían en «una relación absoluta de subordinación» y no tenían ningún tipo de libertad en cuanto a el sistema y las reglas en las que llevaban a cabo la prostitución. De hecho, presuntamente eran sancionadas económicamente y expulsadas si no seguían al pie de la letra las normas impuestas por los gestores del Scándalo.

Defensas

Por su parte, las defensas piden la nulidad del juicio esgrimiendo un supuesto fraude policial. Estos letrados sostienen que presuntamente un de los testigos es «falso». Consideran que es un «profesional» en la materia, ya que está personado en otras causas a petición de la Policía. También argumentaron su petición, por ejemplo, porque «un acusado está imputado porque se negó a firmar una testifical falsa». «Mi cliente es víctima de la Policía», lanzó un abogado.

Según esta parte, en el banquillo de los acusados hay «limpiadoras, porteros o arrendadores» y no proxenetas. Además, defienden que las investigaciones policiales no fueron adecuadas ya que se «vulneró derechos como la tutela efectiva».