La Audiencia manda al banquillo a la ex delegada del Gobierno por expulsar a 55 menas marroquíes

La Audiencia de Cádiz ha desestimado los recursos presentados por la ex delegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos (PSOE), y la ex vicepresidenta del Gobierno de la Ciudad, Mabel Deu (PP), por lo que serán finalmente juzgadas por prevaricación en la expulsión de 55 menores extranjeros no acompañados (menas) a Marruecos en agosto de 2021, meses después de la invasión. Con la complicidad del país de Mohamed VI, unos 10.000 inmigrantes entraron ilegalmente en Ceuta en apenas 48 horas, si bien el Ministerio del Interior, casi tres años después, aún no ha sido capaz de cuantificar la avalancha. Mateos y Deu están acusadas de ejecutar las devoluciones al margen de lo previsto en la legislación nacional e internacional.

La Sección VI de la Audiencia ha respaldado la interpretación que ha hecho la jueza instructora de los «indicios racionales» de criminalidad recabados en las diligencias previas para procesar a Mateos como autora material y a Deu como cooperadora necesaria por un presunto delito de prevaricación administrativa continuada.

«Resulta imposible -remarca la Audiencia en el auto- que prospere una impugnación de la decisión de continuar por las normas del procedimiento abreviado, y aún más que ello culmine con el pretendido sobreseimiento libre, que supondría declarar que los hechos que contiene el relato fáctico no tienen ningún encaje en el Código Penal, o que no existe indicio probatorio alguno en que sustentarlos, lo que en el caso y en este momento, resulta infundado».

La juez instructora apreció que, «con su arbitrario proceder», ambas «hicieron absoluta dejación del deber de protección de los menores afectados que la legislación les atribuía en sus respectivas competencias, poniendo en riesgo su integridad física y moral, ocasionando un resultado materialmente injusto, sin que exista justificación para ello, ni siquiera la situación de excepcionalidad -que vivía Ceuta tras la crisis migratoria de mayo de 2021-, ya que ni tan siquiera han acreditado que, ante la disponibilidad de Marruecos de recibir a los menores, se arbitraran mecanismos para acelerar los trámites legales».

Mateos y Deu habrían obrado «de común acuerdo» y «con flagrante y grosera infracción del artículo 39 de la Constitución Española -los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos-, la Ley Orgánica de Protección jurídica del Menor, la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el Acuerdo entre España y Marruecos de 2007 sobre la protección y vuelta concertada de menores no acompañados».

La Fiscalía solicita que ambas sean condenadas a 12 años de inhabilitación especial para el ejercicio de «cargos electivos» o «funciones de gobierno» tanto de ámbito estatal como autonómico o local, así como a la pérdida «de los honores asociados a los cargos públicos que ocuparon» y del ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el mismo tiempo.

Mateos argumentó en su recurso que no actuó con «arbitrariedad» ni mucho menos «dolo reforzado» o «plena conciencia de una hipotética actuación ilícita». También alegó que nunca supo de las pegas a las expulsiones exprés que se materializaron durante tres días por la jefa del Área de Menores de la Ciudad, Toñi Palomo. Por su parte, Deu dijo que sólo firmó resoluciones «de mero trámite y no decisorias» y que atendió «un mandato expreso y acabado de la Secretaría de Estado de Seguridad».

Tanto la ex delegada del Gobierno en Ceuta como la ex vicepresidenta de la ciudad autónoma están ya apartadas de la primera línea política. Deu renunció al Área de Menores tras ser llamada a declarar como investigada en julio de 2022 y el Gobierno anunció la destitución de Mateos en octubre del mismo año. «Yo no decido que los niños salgan. Las órdenes venían de donde venían», declaró entonces ante la juez.