El plan de Mohamed VI para inundar Europa con tomates de Marruecos

El vuelco de la mercancía de un camión con tomates de Marruecos en la AP-4, en Jerez de la Frontera (Cádiz), ha sido la imagen más contundente de las protestas de los agricultores andaluces en las tractoradas de esta semana. Un estudio sobre la producción de tomate en Marruecos, en la región de Dakhla, ya alertó de la megalópolis que el rey Mohamed VI ha levantado en el Sáhara Occidental -territorio ocupado por Marruecos desde 1975- para inundar Europa con sus hortalizas, incurriendo en competencia desleal por los bajos precios y con dudosos estándares fitosanitarios.

La megalópolis del tomate construida ilegalmente en Dakhla a costa de los saharauis y los agricultores andaluces, según el informe de investigación de la ONG Mundubat y la organización agraria COAG, está impulsada por cinco grandes grupos empresariales, algunos participados por Mohamed VI y el antiguo ministro de Agricultura de Marruecos, que explotan tierra fértil de los territorios ocupados del Sáhara Occidental para crear uno de los mayores centros de producción de tomate a nivel mundial.

Agricultores españoles asaltan un camión de tomates de Marruecos. pic.twitter.com/diyoabFGAr

— Roque Paredes Ruiz (@roquemadridist1) February 8, 2024

Les Domaines Agricoles, establecida en Dakhla desde 1989, es una sociedad perteneciente al holding empresarial del rey Mohamed VI que produce tomates y melones bajo la marca Les Domaines (los melones marroquíes analizados por COAG arrojaron un 600% más de pesticidas de lo legal). Del almacenamiento, empaquetamiento y transporte se encarga Groupe d’Exportation des Domaines Agricoles (GEDA), filial de la citada sociedad, y que a su vez tiene lazos comerciales con la francesa Frulexxo, que, según COAG, comercializa sus productos en España a través de la subsidiaria Eurextra.

El informe también recalca la presencia de Domaines Abbes Kabbage (DAK), filial del Grupo Kabbage, conglomerado encabezado por el ex alcalde de Agadir, Tariq Kabbage, que fue socio del actual primer ministro de Marruecos y durante 14 años (2007-2021) titular del Ministerio de Agricultura marroquí. Como el resto de los grupos empresariales presentes en la megalópolis, DAK dispone de empaquetadoras de tomate en territorio alauita.

Las principales empresas implantadas en Dakhla lo hicieron antes en Agadir y son filiales de las sociedades matrices constituidas en suelo marroquí. Gracias a la exoneración fiscal concedida en los años 70 por el anterior rey de Marruecos, Hassan II, a las empresas instaladas en el Sáhara Occidental, ninguna de ellas paga impuestos. La citada medida nunca llegó a formalizarse en un texto legal.

El estudio recoge también las múltiples irregularidades del macroproyecto agrícola que la oligarquía marroquí está levantado alrededor de Dakhla, entre las que destacan la vulneración de derechos fundamentales del pueblo saharaui y la discriminación laboral hacia esta población, la usurpación de sus recursos naturales locales, como la tierra y el agua, y el fraude a los consumidores europeos en materia de etiquetado.

La estrategia de Marruecos

Según el citado informe, el Sáhara Occidental cuenta con importantes recursos naturales, cuyo titular, conforme al derecho internacional, es el pueblo saharaui. Este mismo derecho establece que España sigue siendo la potencia administradora del territorio.

Durante las últimas dos décadas, los recursos agrícolas del Sáhara Occidental, fundamentalmente tomates, que representan aproximadamente un 80% de la producción, además de melones y pepinos concentrados en la región de Dakhla, han adquirido un peso creciente. No tanto por su valor económico (inferior al de los fosfatos y la pesca) como por el papel que desempeñan en la estrategia de Marruecos para reforzar su ocupación del territorio.

Por otra parte, el acuerdo comercial sobre productos agrícolas y pesqueros suscrito en 2012 entre la Unión Europea (UE) y Marruecos ha dado lugar a un largo contencioso ante el Tribunal de Justicia de la UE a instancias del Frente Polisario (representante legítimo del pueblo saharaui), por entender que la aplicación del mismo al Sáhara Occidental, y por ende, a los productos del territorio, es contraria al derecho internacional.