Sánchez da munición a Bildu: entrega una lista con las muertes en calabozos de Policía y Guardia Civil

El Gobierno de Pedro Sánchez ha cedido a la petición de Bildu, formación encabezada por el etarra convicto Arnaldo Otegi, y ha entregado un listado con las muertes de presos en calabozos bajo custodia de Policía Nacional y de Guardia Civil en los últimos cinco años. En el registro expuesto por el Ejecutivo socialista se detalla la fecha del fallecimiento, la localidad y la causa.

La Administración central ha publicado un listado con estas muertes, dividiéndola, por una parte, con los que perdieron la vida en custodia policial y, por otra, con los que fallecieron durante actuaciones policiales. Así consta en la respuesta del Gobierno a una pregunta presentada por Jon Iñarritu, diputado de Bildu, sobre el «número de muertes que se han producido bajo custodia policial o en calabozos de comisarías o cuarteles de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado (FCSE), así como durante actuaciones policiales por parte de las FCSE durante los últimos cinco años».

De este modo, se deja constancia que la mayoría de los que fallecieron bajo custodia policial fenecieron por «muerte natural». Por otra parte, sobre las que se produjeron durante las actuaciones policiales, se constata que hay una gran mayoría de personas que fallecieron por «muerte accidental», tal y como aparece en el listado entregado a Bildu.

De este modo, se respondía a todas las peticiones que la formación de la izquierda abertzale solicitaba. Es decir, se entregaba toda la información relativa a las muertes que han ocurrido en los últimos cinco años «bajo custodia policial» y «durante actuaciones policiales». Concretamente, Jon Iñarritu instaba al Ejecutivo a detallarle «fecha, lugar y motivo» de los hechos. Y, finalmente, el Ejecutivo ha accedido a la petición de Bildu.

Una serie de cesiones de Sánchez a Bildu

Como ya ha ocurrido en el pasado, el Gobierno no ha tenido problema en hacer llegar datos de los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a la formación de la izquierda abertzale para que, posteriormente, los de Otegi puedan utilizarlos como crítica contra la Policía Nacional o la Guardia Civil.

En el pasado, el Gobierno de Sánchez, sostenido gracias a los seis votos de Bildu, le dio una lista con los datos relativos al número de agentes que habían sido «denunciados, sancionados, imputados y condenados en los últimos diez años». Estas cifras estaban desglosadas por cuerpo y por ejercicio, tal y como había solicitado la formación de Otegi.

El Ejecutivo integrado por el PSOE y Sumar respondía así a la petición que se había producido dos meses antes. El partido heredero de la banda terrorista ETA había exigido al Gobierno un listado con el «número de agentes» de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, además de policías locales y autonómicos, que hayan sido «denunciados, sancionados, imputados y condenados en los últimos 10 años». Los de Otegi habían instado al Ejecutivo «especificar el cuerpo policial y unidad, razón o delito, comunidad autónoma y provincia y año».

Todas estas peticiones se habían canalizado a través de tres preguntas parlamentarias para respuesta por escrito del Gobierno. Éstas estaban firmadas por Iñarritu, el mismo que suscribe la cuestión en la que insta a entregar la lista de muertes que se han producido bajo custodia policial o en calabozos.

El Ministerio del Interior, que encabeza el juez de profesión Fernando Grande-Marlaska, a quien se dirigía esa pregunta, no alegaba protección de datos de los agentes para evitar ceder la poca información que no entregaba a Bildu. La razón por la que no cedía más datos era porque no los tenía, no para proteger a los policías o guardias civiles, tal y como se desprendía de la respuesta parlamentaria.