El 80% de los más de 1.000 menas acogidos por Andalucía en 2022 eran magrebíes y sólo 156 eran niños

La Junta de Andalucía prestó protección a más de 1.000 menores extranjeros no acompañados (menas) durante el pasado año 2022, de los que casi el 42% fueron, además, objeto de la tutela legal de la Administración autonómica. Un 80% de los menores inmigrantes acogidos eran magrebíes (el 69% procedentes de Marruecos y el 11% de Argelia) y sólo 156 tenían menos de 15 años.

Los citados datos se desprenden de la información ofrecida por la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta, Loles López, en respuesta escrita a una pregunta registrada el pasado mes de octubre en el Parlamento andaluz por la entonces diputada del Grupo Mixto-Adelante Andalucía Teresa Rodríguez.

Concretamente, la formación andalucista quería tener constancia de cuántos menas habían sido puestos a disposición de los servicios de protección de menores del Ejecutivo autonómico durante los años 2021 y 2022, así como cuántos habían sido objeto de tutela legal, guardia o custodia por la Junta de Andalucía, desglosando la información por años, edad, nacionalidad y sexo.

En su respuesta, firmada por la consejera Loles López con fecha del pasado 19 de diciembre y recogida por Europa Press, la titular de Inclusión Social detalla que, en el año 2021, los servicios de protección de menores de la Junta recibieron el ingreso de 1.274 inmigrantes, de los que 1.186 (el 93%) eran niños y adolescentes y sólo 88 eran niñas. El número de menas que recibió la tutela del Ejecutivo autonómico, precisa López, ascendió a 641 ese año.

En el pasado año 2022, el número de ingresos en los servicios de protección de menores de la Junta de Andalucía hasta la fecha de actualización de datos ofrecidos por la consejera se cifró en 1.044 inmigrantes, de los que 953 (el 91,3%) correspondían a niños y adolescentes y sólo 91 a niñas. Asimismo, la Junta detalla que el número de menas que recibió tutela de la Administración autonómica ascendió a 436.

Edad y nacionalidad

Por tramos de edad, más de la mitad de los menores inmigrantes que ingresaron en 2022 en los servicios de protección de la Junta (un total de 555, el 53%) tenía 17 años, mientras que 228 (22%) tenían 16 años, 105 (10%) tenían 15 años, y los restantes 156 eran menores de esa última edad.

Respecto a su origen, la mayoría de los 1.044 menores que ingresaron en los servicios de protección de la Junta en el pasado año (un total de 718, el 69%) era de nacionalidad marroquí, mientras que otros 118 procedían de Argelia (el 11%) y 46 eran originarios de Gambia, el 4% del total.

Así, los países de África concentraron la mayoría de nacionalidades de los menores inmigrantes, mientras que entre otros lugares de procedencia destaca Ucrania, afectada en 2022 por la guerra derivada de la invasión rusa. Del citado país procedían 32 de los referidos 1.044 menas, un 3%.

Permisos de residencia

Por otro lado, Teresa Rodríguez preguntó también por escrito a la Junta por el número de menas -de los que habían pasado por los servicios de protección del Ejecutivo andaluz y habían sido objeto de tutela legal, guardia o custodia por parte de la Administración autonómica- que no habían llegado a tener permiso de residencia y cuáles eran los motivos.

En su respuesta, fechada también el pasado 19 de diciembre, la consejera de Inclusión Social aclara que entre los 1.274 menores inmigrantes que ingresaron en los servicios de protección de la Junta en 2021, 447 carecieron de permiso de residencia, el 35% del total.

En 2022 fueron 445 los menores sin permiso de residencia entre los 1.044 que pasaron por los servicios de protección de la Junta, esto es, el 42,6% del total.

López añade en su respuesta que «los motivos por los cuales esas personas menores de edad migrantes no disponen del permiso de residencia se circunscriben a que no poseen la documentación preceptiva para el inicio de la tramitación de los procedimientos administrativos que otorgan el permiso de residencia legal en España».

La consejera especifica que «estas personas menores tienen muchas dificultades para tener esa documentación preceptiva, y ello por diversas causas tales como retrasos para la determinación de su identidad, para la determinación de su edad, problemas en su familia de origen, dificultades en sus embajadas para proporcionar la documentación que se requiere» o «retrasos en la gestión que tiene lugar en la Administración General del Estado, que es la Administración competente en materia de extranjería».