Cientos de menas se niegan a hacerse la prueba de edad para quedar en libertad como mayores de edad

La Fiscalía Superior de Andalucía ha alertado del «fenómeno» que se está produciendo entre los menas subsaharianos que llegan a Ceuta y Melilla. Según explica el Ministerio Fiscal en su memoria de 2021, estos menas «se niegan a hacerse la prueba de determinación de edad con el objeto de ser considerados mayores, ser admitidos en el CETI y de ese modo trasladarse a la península, cosa que no lograrían si son acogidos por la Ciudad Autónoma de Ceuta».

Fuentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) consultadas por OKDIARIO Andalucía corroboran lo denunciado por la Fiscalía, y aseguran que son «incontables» los casos en los que estos «evidentemente» menores se niegan a hacerse la citada prueba con el fin de ser trasladados en la península, donde quedan en libertad.

Algunas Fiscalías Provinciales han establecido un Protocolo de Actuación para esta determinación de la edad. Entre los objetivos perseguidos, cabe citar la coordinación de la actuación de todas las Administraciones Públicas implicadas, para conseguir que todos los menas que son detectados queden inscritos en el Registro correspondiente, y establecer así mecanismos de intercambio de información.

En ese caso se ha optado por introducir un fundamento jurídico del siguiente tenor que impide la determinación de la edad: “En el presente caso no podemos considerar como indicio suficiente para decretar la mayoría de edad la mera manifestación del interesado pues, en primer lugar la apariencia externa (según mi personal percepción) es la de un menor de edad, y por otra parte es sabido que los menores subsaharianos que llegan hasta Ceuta suelen afirmar ser mayores de edad con el objeto de conseguir su admisión en el CETI y una vez allí obtener con mayor facilidad el traslado a la Península que es su finalidad primordial. Habida cuenta la negativa prestada, que puede ser fraudulenta, no procede resolver sobre la edad del menor”. Y así se queda.

Trata de seres humanos

Las Fiscalías coinciden en que normalmente los acusados son personas que explotan la prostitución de mujeres, en algunos casos de su misma nacionalidad, a las que obligan a bajo amenazas, aprovechándose de situación y quedándose con sus ganancias. Los dueños de los locales donde trabajan las mujeres son investigados por delitos contra los derechos de los trabajadores extranjeros o en la modalidad de contratación masiva de trabajadores sin permiso de trabajo o sin estar dados de alta en la Seguridad Social. «La repercusión de la pandemia resulta innegable en la situación de las víctimas, haciéndolas si cabe mas vulnerables, ello unido a las diversas actuaciones llevadas a cabo por las fuerzas policiales en los los locales de alterne, ha determinado que la prostitución mayoritariamente se esté desplazando a domicilios particulares», señala la Fiscalía.