Pagaron otros 637.000 euros en sobornos con facturas falsas por la mayor obra pública de Cataluña

Las «donaciones» a la Fundación CatDem no han sido el único método utilizado por algunos empresarios para pagar comisiones a CDC, el partido de Artur Mas.

Al menos tres constructoras que participan en la mayor obra pública ejecutada en Cataluña, el Canal Segarra Garrigues, se han servido de una red que elaboraba facturas falsas para dar cobertura legal al trasiego de dinero destinado presuntamente al pago de comisiones.

Este procedimiento habría servido para encubrir el pago de más de 637.000 euros a Convergencia o a altos cargos de este partido, por la adjudicación de contratos vinculados al proyecto faraónico de regadíos que se está ejecutando en la provincia de Lérida.

Las dos primeras empresas implicadas son Benito Arnó e Hijos SA y M y J Grúas, que tienen una participación del 5,5% y del 1,3%, respectivamente, en la UTE que ejecuta las obras, adjudicadas por la Generalitat por 1.102 millones de euros. El director de la UTE era Josep Antoni Rosell, detenido el miércoles por la Guardia Civil por su implicación en el cobro de comisiones ilegales como director general de Infraestructuras de la Generalitat.

La tercera empresa implicada es Engenyeria Inalba, cuyos administradores, los hermanos Gonzalo y Esteban Niubó Mir, actuaban como los auténticos cerebros de la red de elaboración de facturas falsas. Esta firma realizó distintos trabajos de consultoría para el Canal Segarra Garrigues como un estudio de concentración parcelaria de la futura zona de regadío, así como varios censos de regantes de las comarcas leridanas en las que se ubica la obra.

Un testaferro de 81 años

Las facturas falsas destinadas a encubrir el pago de comisiones eran emitidas por una sociedad radicada en Huesca, Interiorismo y Reformas Profesionales SL, cuyo administrador es el empresario de 81 años Diego Garzón Uribe, que actuaba como «testaferro» de los políticos beneficiarios del cobro de las mordidas. Su empresa emitió entre 2010 y 2012 al menos ocho facturas, por un importe que suma 637.153 euros, por supuestos trabajos realizados en la obra del Canal Serra Garrigues.

Unos trabajos que en realidad nunca fueron realizados por Interiorismo y Reformas Profesionales, ya que esta sociedad solo tiene dos empleados y su objeto social es «la compra y venta mayorista de frutas, verduras, aceites y productos alimenticios», así como los «servicios de limpieza, las labores de decoración y la compra venta de maquinaria agrícola».

Habitualmente era uno de los hermanos Niubó, o bien una empleada del departamento de administración de Ingenyeria Inalba, quien se dirigía por correo electrónico a Diego Garzón dándole instrucciones precisas sobre las facturas que debía emitir, así como la fecha, el importe y el concepto que debía figurar en el documento.

En algunos casos, estas facturas eran abonadas en un plazo inferior a las 24 horas, completamente insólito en el sector de la construcción. En realidad servían para dar cobertura contable a las disposiciones de dinero en metálico que las empresas implicadas destinaban presuntamente al pago de comisiones a CDC a cambio de la obtención de contratos públicos.

Facturas emitidas ‘a la carta’

Cuarto de estas facturas, por un importe que suma 322.387 euros, fueron abonadas por Benito Arnó e Hijos, la constructora que tiene una participación del 5% en el consorcio que ejecuta las obras del Segarra Garrigues. En todas ellas se hizo constar  como concepto «trabajos de maquinaria y personal en la red de distribución del sector 3 del canal Segarra Garrigues».

La empresa del testaferro Diego Garzón emitió estas cuatro facturas el 31 de diciembre de 2010 (por importe de 77.648 euros), el 1 de julio de 2011 (81.530 euros), el 15 de julio de 2011 (por 82.729 euros) y el 14 de junio de 2012 (asciende a 80.4076 euros).

En los cuatro casos, era un empleado del departamento de administración de Enginyeria Inalba, quien se dirigía a Diego Garzón por correo electrónico indicándole: «Buenos días, Diego, necesitamos una factura a nombre de Benito Arnó e Hijos SA». A continuación, en estos mensajes, a los que ha tenido acceso OkDiario, esta persona indica los datos fiscales de la constructora que abonaría oficialmente el pago, así que los detalles que debían aparecer en la factura: la fecha, el importe (desglosado con IVA) y el concepto).

Las otras cuatro facturas cargadas a las obras del Segarra Garrigues, por un importe global que suma 314.770 euros, las pagó Enginyeria Inalba, la misma consultora que encargaba la fabricación de estos documentos. Las tres últimas tienen un importe casi idéntico, algo más de 79.000 euros cada una, y fueron emitidas el 29 de febrero, el 16 de abril y el 14 de mayo de 2012, según los documentos a los que ha tenido acceso OkDiario.

Las donaciones a CatDem

También en este caso, fue un miembro del departamento de administración de Ingenieria Inalba quien se dirigió a Diego Garzón para darle instrucciones sobre las facturas que debía remitir a su empresa, y los datos que debían aparecer en ellas.

Otra de las constructoras leridanas que participan en el consorcio del Segarra Garrigues, M y J Grúas, también se sirvió de este procedimiento de emisión de facturas falsas para encubrir el pago de comisiones ilegales a altos cargos de Convergencia, el partido de Artur Mas.

Como ha informado OkDiario, los consejeros de M y J Grúas admiten en un acta notarial haber pagado comisiones al presidente de la Diputación de Lérida, Joan Reñé i Huguet (hoy en las filas de Junts pel Sí) a cambio de la adjudicación de un contrato millonario para gestionar varias depuradoras de la comarca del Pla d’Urgell. La Fiscalía de Lérida mantiene una investigación abierta por estos hechos. Esta misma empresa abonó «donaciones» que suman 55.500 euros a CatDem, la fundación de Convergencia.

También las principales firmas que lideran la UTE del Canal Segarra Garrigues aparecen como donantes de CatDem: Agbar (que tiene una participación del 22% en el consorcio) “donó” a la Fundación de Convergencia 898.000 euros, Copisa (20%) otros 580.000, FCC (24%) 105.000 euros.

Como subdirector de Infraestructuras del departamento de Agricultura de la Generalitat, Josep Antoni Rosell, participó en el diseño del concurso millonario para adjudicar las obras del Segarra Garrigues. Luego pasó a dirigir la UTE integrada por estas constructoras, que se había hecho con el concurso, y finalmente en 2011 regresó a la Generalitat como director general de la empresa pública Infraestructures.cat. Desde este cargo -que ocupaba el miércoles cuando fue detenido, por su implicación en la red de sobornos-, Rosell adjudicaba las grandes obras públicas del Ejecutivo catalán.