Sánchez incumple su promesa de restaurar una presa de 500 años derribándola sin avisar a los vecinos

La presa de Puente Mesa, una infraestructura de casi 500 años en el río Cega, fue demolida de madrugada por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) sin previo aviso a vecinos ni autoridades locales.

El organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) inició los trabajos en plena nocturnidad del 13 de enero, generando indignación entre la población de Veganzones y Cabezuela, los dos municipios segovianos afectados. La actuación rompe una promesa del Gobierno de Pedro Sánchez hecha en 2022.

Según las informaciones recogidas sobre esta infraestructura hidráulica, el azud formaba parte del patrimonio hidráulico español desde el siglo XVI. Durante siglos, esta presa había servido para abastecer antiguos molinos harineros y se había convertido en un símbolo del paisaje del valle del Cega.

Los vecinos utilizaban tradicionalmente el entorno como zona de baño en verano y punto de encuentro. Ahora, la infraestructura histórica ha desaparecido en apenas unas horas bajo las máquinas excavadoras.

Promesa incumplida

En noviembre de 2022, cuando la CHD comunicó por primera vez su intención de eliminar el azud, la reacción de la población local fue de rechazo frontal. La entonces delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, anunció públicamente que el Ministerio para la Transición Ecológica descartaba la demolición de la presa y apostaba por su recuperación y puesta en valor. El compromiso incluía la restauración de la estructura histórica.

Tres años después, ese compromiso se ha desvanecido. En lugar de las obras de restauración prometidas, la CHD ha optado por la demolición completa de esta pequeña presa. Según explica la Confederación, el 4 de noviembre de 2022 mantuvo una reunión con los alcaldes de Veganzones y Cabezuela para instarles a obtener una concesión de aguas que justificara el mantenimiento de la presa.

Como los ayuntamientos no tramitaron esa concesión en tres años, el organismo decidió derribar la infraestructura, anunciando su demolición enuna nota de prensa de MITECO y en la web de la CHD prácticamente el mismo día que se iniciaron los trabajos de eliminación.

Asombro y movilización

Según relatan los vecinos, la demolición comenzó de madrugada, cuando aún era de noche, con maquinaria pesada y operarios trabajando sin que mediara comunicación previa. El inicio de los trabajos sorprendió completamente a los vecinos, que acudieron al lugar para intentar frenar la destrucción de la presa histórica. La concentración ciudadana provocó la presencia de varias dotaciones de la Guardia Civil para controlar la situación mientras continuaban las labores de demolición.

Los alcaldes de ambos municipios han denunciado tanto la falta de información como el incumplimiento del compromiso adquirido por el Gobierno en 2022. Consideran que se les trasladó una carga técnica y económica imposible de asumir para pequeñas corporaciones locales cuando el propio Estado había prometido hacerse cargo de la restauración. La inversión del orden de actuaciones convierte la promesa inicial en papel mojado.

Argumentos técnicos

Desde la CHD justifican la retirada de la presa por motivos de seguridad y medioambientales. El organismo sostiene que el azud estaba abandonado y suponía un riesgo para las personas. Argumenta que la demolición mejora la continuidad fluvial del río Cega según la Directiva Marco del Agua europea. La Confederación ha demolido ya 95 estructuras similares en la cuenca del Duero.

Sin embargo, la propia Junta de Castilla y León emitió el 10 de diciembre de 2025 un informe favorable a la demolición. Según la CHD, eliminar estas barreras permite el libre flujo del agua y mejora la conectividad para las especies piscícolas. El organismo promete consensuar con el ayuntamiento la creación de un área recreativa en la zona «restaurando ambientalmente la zona afectada con plantas autóctonas procedentes de los viveros de la propia Confederación».

Críticas y acciones legales

La asociación Aguaiuris ha llevado el caso a la vía penal por considerar que se contravienen compromisos políticos explícitos. ASAJA Segovia rechaza la decisión y califica de «irracionalidad» la política hidráulica del Gobierno. Critican que se derriben presas «sin criterio técnico» y califican la actuación como «destrucción de riqueza».

El Periódico de la Ingeniería,  en referencia a este episodio, ha publicado un análisis crítico señalando que se antepone «un ecologismo mal entendido al patrimonio de la población». Existen soluciones intermedias como escalas de peces que permiten compatibilizar continuidad fluvial con conservación patrimonial sin demoliciones.

Nocturnidad administrativa

El método elegido para ejecutar los trabajos, en plena madrugada y sin aviso previo, ha sido especialmente criticado. La actual subdelegada del Gobierno en Segovia, Marian Rueda, ha defendido la actuación argumentando que la presa estaba en ruina y que los ayuntamientos no realizaron mantenimiento en tres años.

El caso se enmarca en la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos reforzada por el nuevo Reglamento europeo. El Ministerio ha invertido 2.500 millones de euros para restaurar 3.000 kilómetros de ríos entre 2022 y 2030. Sin embargo, la forma de ejecutar estas políticas genera debate sobre si se destruye patrimonio histórico sin criterios claros.

Justificaciones de la CHD

La Confederación Hidrográfica del Duero justifica la eliminación del azud de Puente Mesa como parte de la protección del dominio público hidráulico. Según el organismo, la estructura constituía un obstáculo que impedía el libre flujo del agua, energía y sedimentos, fragmentando el necesario espacio de movilidad fluvial que precisan las especies piscícolas e interrumpiendo sus flujos y migraciones.

Además, señala que la presa favorecía la eutrofización de las masas de agua por el efecto de trampa de nutrientes y beneficiaba a las especies exóticas que no suelen migrar o cuyos movimientos son más limitados.

Por otro lado, la CHD señala que el azud aumentaba el riesgo de inundación en las márgenes aguas arriba de su ubicación, al constituir un obstáculo a la corriente en régimen de avenidas, y provocaba fenómenos erosivos aguas abajo al incrementarse la velocidad del flujo.

El organismo subraya que la estructura constituía una amenaza para la seguridad de las personas y los bienes, ya que al no tener uso y no existir un titular concesional que se hiciera cargo de su mantenimiento, la obra sufría una degradación progresiva con el consiguiente riesgo de rotura.